Del ataque fallido a la condena judicial: una herida que atraviesa la democracia
El juicio oral por el intento de magnicidio está cerca de concluir, pero sin que se indague a posibles autores intelectuales. En paralelo, la Corte Suprema terminó de ejecutar en el terreno jurídico y político lo que Fernando Sabag Montiel no consiguió con el gatillo.
Tres años después de que intentaran asesinarla, la advertencia de Cristina Fernández de Kirchner —“me quieren presa o muerta”— parece cumplida. La expresidenta había pronunciado esa frase tras recibir la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 en la causa Vialidad: seis años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esa condena llegó apenas tres meses después del ataque frente a su casa. Lo que no logró la pistola de Sabag Montiel fue lo que buscó consolidar la Corte al ratificar aquel fallo, bajo la lógica de que Cristina “no podía no saber”. Se trató de desplazarla del tablero político, de arrebatarle sus derechos ciudadanos. Es la consumación de lo que se denomina lawfare o, como otros lo prefieren, la manipulación del sistema judicial al servicio de intereses políticos, económicos y también geopolíticos. En cualquiera de sus formas, el hilo común con el atentado es el mismo: herir el curso democrático.
La piedra que abrió el camino
El ataque contra Cristina reveló la cara más extrema de una derecha radicalizada que desde la pandemia pedía “pasar a la acción”. Expuso la violencia latente que fermentaba en el malestar social y que luego allanó el ascenso de Javier Milei, basado en insultos, gritos y el vaciamiento del debate democrático. No fue casual que la entonces vicepresidenta recibiera una pedrada en su despacho del Senado en marzo de 2022, cuando se discutía el acuerdo con el FMI: un anticipo de lo que vendría. La agresión verbal y callejera se volvió performativa y culminó con el atentado fallido de septiembre.
El proceso judicial que hoy transcurre en el TOF 6 solo alcanzó a Sabag Montiel y a su expareja, Brenda Uliarte, ambos acusados de planear y ejecutar el ataque. Quedaron fuera de la pesquisa eventuales financistas o instigadores. Las audiencias, sin embargo, mostraron que se trató de un hecho de violencia política, aunque el Poder Judicial se resistiera a calificarlo así.
Un juicio con anomalías
Los abogados de Cristina denunciaron irregularidades en la instrucción de la jueza María Eugenia Capuchetti: desde pericias fallidas hasta la pérdida de pruebas claves, como el celular reseteado de Sabag Montiel. También quedó desdibujada la llamada “pista Milman”, que involucraba al diputado del PRO, Gerardo Milman, señalado por anticipar el ataque. El teléfono que entregó recién en 2023 fue analizado con un criterio de búsqueda limitado, lo que redujo los hallazgos a unos pocos mensajes sin relevancia clara.
La fiscal Gabriela Baigún subrayó que el arma estaba en condiciones de disparar y que el fallido intento se debió a que la bala no ingresó en la recámara. Aportó pruebas de que Sabag Montiel había intentado atacar a CFK seis días antes. También se ventiló la hipótesis de femicidio político, planteada por la fiscal Mariela Labozzetta, al señalar que el acusado actuó con un sesgo de género: castigar a una mujer que había alcanzado el poder.
Cristina lo explicó en su testimonio: “Cuando una mujer ejerce el poder y no lo hace en la orientación que quieren los sectores de poder en Argentina, le dan mucha más resistencia y mucha más violencia… para mascota del poder no sirvo, no serví ni serviré nunca”.
El trasfondo político
Sabag Montiel reconoció su voluntad de “matarla” y que Uliarte lo alentaba. En su declaración utilizó los mismos estigmas repetidos durante años por sectores opositores y mediáticos: “corrupta”, “asesina”. Los peritajes confirmaron que no actuaba en estado de locura, sino con plena conciencia.
Los alegatos también recordaron la deshumanización sistemática de CFK, la demonización constante que instaló la idea de que era legítimo borrarla de la vida pública. Para la querella, detrás de esa operación no solo actuaron aparatos judiciales y mediáticos locales, sino también condicionamientos externos.
En la sala pasaron militantes, custodios, especialistas y referentes de grupos libertarios y de ultraderecha que habían participado de transmisiones y actos cargados de amenazas contra la exmandataria. Todos negaron vínculo con el atentado, aunque las pruebas muestran un clima de odio donde los límites entre la palabra y el acto se difuminaron.
Como resumió uno de los abogados de Cristina: “La violencia retórica en el marco de la violencia política conlleva naturalmente a la violencia material”. La expresidenta afronta este fallo judicial contra quienes intentaron asesinarla desde un presente marcado por la prisión y la proscripción.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com