Mientras el oficialismo acelera las reformas en el Congreso, el eje económico pasa por cerrar la letra chica de una ley que redefine la relación entre el Estado y la evasión. En la Casa Rosada sostienen que es el único motor posible para reactivar el consumo en 2026.
Con la agenda política concentrada en la negociación de la reforma laboral, el equipo económico y jurídico del Gobierno libertario trabaja contrarreloj en la reglamentación de la ley de Inocencia Fiscal, el instrumento con el que busca atraer los llamados “dólares del colchón”. En los niveles más altos del Ejecutivo repiten que no hay otro camino viable para recomponer el consumo en un año marcado por el ajuste.
El borrador del decreto reglamentario se elabora de manera conjunta entre el Ministerio de Economía, la ARCA (ex AFIP) y la Casa Rosada, bajo la supervisión directa de Javier Milei. El Presidente está convencido de que permitir el ingreso de dólares no declarados —ya sea para la compra de bienes o su incorporación al sistema bancario— generará un repunte del crédito privado que, en última instancia, derramará sobre el consumo. En un contexto de recorte permanente del gasto, vencimientos de deuda en moneda extranjera y la obsesión oficial por perforar el piso del 2% mensual de inflación, la Inocencia Fiscal aparece como la llave para mostrar una mejora tangible en la actividad.
La apuesta no está exenta de tensiones. Milei sostiene que es posible alcanzar una inflación del 0,9% en agosto, aunque dentro del propio oficialismo advierten que profundizar la desinflación puede tener costos sobre la actividad. Hasta ahora, el crecimiento que refleja el INDEC se apoya en sectores como la intermediación financiera, con bajo impacto en el empleo y escasa traducción en la vida cotidiana de la mayoría de la población.
En ese escenario, la reglamentación del régimen se vuelve decisiva. Para el Gobierno, cualquier ambigüedad normativa puede desalentar a quienes mantienen sus dólares fuera del sistema. La ley fue aprobada el 26 de diciembre y promulgada el 2 de enero, pero aún restan definiciones centrales: cómo funcionará la declaración jurada simplificada, qué controles se aplicarán y de qué manera se instrumentarán las sanciones. En redes sociales, el ministro de Economía, Luis Caputo, intentó llevar tranquilidad al asegurar que, vencido el plazo para presentar la declaración, ARCA enviará primero un recordatorio antes de intimar y aplicar multas.
La ausencia de reglas claras ya provocó un fuerte cruce entre el ministro y los principales bancos privados. Apenas sancionada la ley, Caputo cuestionó públicamente a las entidades que exigían información adicional a sus clientes.
“Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley; esto es, que la persona solo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de Ganancias simplificado. Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente”, escribió el ministro en X el 28 de diciembre.
Más allá de la ingeniería económica, la Inocencia Fiscal plantea un debate de fondo. Al consagrar un régimen que presume la buena fe de capitales no declarados, el Estado redefine su vínculo con la evasión y envía una señal ética controvertida: quienes ocultaron activos durante años pasan a ser tratados como “inocentes”, mientras el ajuste recae sobre quienes siempre estuvieron dentro del sistema. Según datos del INDEC, existen USD 253.919 millones sin declarar, una cifra que el Gobierno espera movilizar tras dos años consecutivos de deterioro del ingreso familiar.
La discusión ya no es solo económica. La Inocencia Fiscal tensiona principios básicos de equidad y justicia tributaria, al convertir una falta grave en una oportunidad de política económica. En ese giro, el Ejecutivo no solo busca dólares: también redefine qué conductas merecen sanción y cuáles, absolución.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com