Una relectura de la historia económica argentina. El papel de Máximo Kirchner en la salida del ministro durante la presidencia de Alberto Fernández.
Alberto Fernández no contemplaba una ruptura definitiva con el kirchnerismo. Era una decisión tomada. Sin embargo, existió un punto de inflexión en el que Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner sí evaluaron cortar de manera irreversible con él. De haber ocurrido, el tramo final del gobierno de Unión por la Patria podría haber seguido otro rumbo. Tal vez más favorable. Tal vez más crítico. Pero, sin dudas, distinto.
Los hechos se concentran entre el viernes 1 y el lunes 4 de julio de 2022. En ese lapso, el entonces ministro de Economía —que aún conservaba el respaldo del Presidente y de buena parte del gabinete— planteó una exigencia directa al jefe de Estado: avanzar en un giro profundo de la política de subsidios energéticos, reduciendo el gasto público destinado a amortiguar las tarifas de luz, gas y agua para hogares, comercios y empresas, o bien presentar su renuncia.
Ese viernes, Alberto Fernández respaldó la postura de su ministro y le garantizó que el lunes 4 de julio ratificaría públicamente esa decisión, anunciando el inicio de una etapa concreta de quita de subsidios, independientemente de la voluntad de la ex vicepresidenta. Así lo relató el propio expresidente en el podcast No Hay Plata, al repasar uno de los momentos más críticos de su mandato, en especial la convivencia política con su compañera de fórmula.
Había, sin embargo, un elemento que no terminaba de cerrar en la conducta de Alberto Fernández. El ministro ya no confiaba en su palabra. Y tenía motivos. Meses antes, el 7 de mayo del año previo, Guzmán había intentado avanzar con la reducción de subsidios y quien se opuso de manera explícita fue el entonces subsecretario de Energía, Federico Basualdo.
Guzmán le había indicado con anterioridad que pusiera en marcha la llamada “segmentación”, un esquema que dividía a la sociedad en tres grupos: usuarios sin subsidios, usuarios con subsidios parciales y usuarios que continuarían recibiendo el beneficio completo. Esa política había sido negociada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y quedó plasmada en el acuerdo firmado el 25 de marzo de 2022. El kirchnerismo, sin embargo, se negaba a convalidarla.
El conflicto se agravaba porque Basualdo ni siquiera daba señales de intentar ejecutar la orden. Simplemente desoía al ministro, respondiendo a lo que se entendía como su conducción real: la vicepresidenta. Desde esa mirada, no era el momento de modificar la política de subsidios, menos aún si se trataba de una exigencia del FMI, y mucho menos si el diseño provenía de Guzmán.
Para entonces, el vínculo con el ministro ya estaba quebrado. El quiebre se había consumado cuando Guzmán negoció, cerró y logró la aprobación parlamentaria del acuerdo con el Fondo Monetario bajo sus propias condiciones, y no bajo las premisas del kirchnerismo, encarnadas en la posición de Máximo Kirchner. El diputado sostenía que debía proponerse un acuerdo a más de 20 años y que los responsables del Stand By por U$S 54.000 millones firmado durante el gobierno de Mauricio Macri debían rendir cuentas ante la Justicia, puntualmente en Comodoro Py.
Planteos sin sustento real, defendidos como dogma, que jamás hubieran tenido lugar en una mesa de negociación con los técnicos del Fondo. El programa de Facilidades Extendidas terminó siendo aprobado con votos negativos y abstenciones del kirchnerismo duro, y con el acompañamiento del PRO y de sectores del radicalismo. Una postal legislativa que desató la furia del núcleo kirchnerista y selló el quiebre definitivo entre Guzmán, la vicepresidenta y su hijo.
Con el acuerdo aprobado en marzo, la revisión de los subsidios se volvía impostergable entre mayo y diciembre de 2022. No obstante, al comenzar julio, no existía ningún plan consistente para modificar un esquema tarifario extremadamente costoso, y el kirchnerismo evitaba cualquier comunicación proveniente del quinto piso del Palacio de Hacienda. Frente a ese escenario, aquel viernes 1 de julio Guzmán volvió a poner su ultimátum sobre la mesa.
El Presidente volvió a darle la razón. Admitió la demora y propuso una salida política: a partir del lunes 4 de julio asumiría un nuevo ministro de Energía. El nombre elegido era el del entonces ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.
Figura de peso dentro del gabinete, dispuesto a avanzar con la segmentación tripartita aun contra la voluntad de Cristina Fernández de Kirchner y de Máximo Kirchner. Además, asumiría la tarea de acelerar la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, pese a las objeciones de la vicepresidenta por el origen brasileño de parte de los insumos.
Aníbal Fernández le aseguró a Guzmán que estaba dispuesto a enfrentar el conflicto interno y que contaba con el respaldo político necesario para sostener el plan. El único punto de fricción entre ambos fue jerárquico: Guzmán pretendía que asumiera como secretario y no como ministro. Fernández objetó la degradación de su cargo, aunque finalmente aceptaba lo que definiera el Presidente.
Ese viernes todo parecía encaminado. Cada uno se retiró a su vida privada para preparar lo que se avecinaba: una crisis política que estallaría cuando se hiciera público que habría un frente decidido a reducir unos subsidios que representaban más de U$S 9.000 millones anuales y que estaban bajo la lupa del FMI.
Guzmán, sin embargo, dudaba de que lo prometido se concretara. Esa noche redactó un documento de unas siete carillas y al día siguiente escuchó en directo el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en Ensenada, durante el acto por el 48° aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón.
Allí cuestionó a sectores del gabinete al afirmar que “el poder debe usarse para defender los intereses del pueblo, no para quedar bien con los grupos económicos”. Apuntó contra el acuerdo con el FMI, la política tarifaria, la falta de articulación política y la administración de importaciones. Guzmán estalló.
No aguardó al lunes. Publicó el documento en redes y presentó su renuncia. Intentó comunicarse previamente con el Presidente, pero este no respondió. Alberto Fernández se enteró de la salida de su ministro al mismo tiempo que el resto del país.
Finalmente, Aníbal Fernández tampoco asumió en Energía. No hubo cambios inmediatos en la política tarifaria. Ese esquema sería retomado más adelante por Sergio Massa, sin resistencias del kirchnerismo y bajo los mismos lineamientos que había planteado Guzmán. Sin cuestionamientos al nuevo ministro ni al futuro candidato del oficialismo.
Con información de MDZ
Publicado en lanuevacomuna.com