Mario Dahul, cofundador de la Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén, sostuvo en declaraciones a la 750 que, desde su perspectiva, la concesión debería quedar en manos de una sociedad del Estado.
En las últimas semanas, el Puerto Quequén —situado en Necochea y responsable de cerca del 7 por ciento de las agroexportaciones del país— fue escenario de movimientos clave en su conducción. Luego de la salida de la dirigente del Frente Renovador, Jimena López, de la presidencia del Consorcio de Gestión, fue designado de manera interina Mariano Carrillo, un abogado vinculado a la UATRE. La decisión se produjo tras una reunión autoconvocada por cuatro de los ocho integrantes del directorio, que para distintos sectores tuvo como trasfondo la intención de prorrogar una concesión vencida del manejo del puerto en beneficio de los grupos concentrados de la exportación.
Un funcionario alineado con Kicillof quedó al frente del Puerto Quequén
Así lo relató por la 750 Mario Dahul, cofundador de la Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén, quien explicó que “un grupo de directores con vinculación hacia la terminal concesionada —con la concesión vencida desde hace tres años— avanzó con una autoconvocatoria, y la respuesta del Gobernador fue indicarles que se reunieran, que designaran un presidente provisorio y un gerente para garantizar el funcionamiento normal del puerto”.
“Esa reunión finalmente se realizó y uno de sus objetivos era otorgar una prórroga a la concesión. Hay que aclarar que el puerto es propiedad de la Provincia y las concesiones se otorgan por plazos determinados”, afirmó al referirse a un esquema de gestión que, según planteó, “en los hechos está privatizado”.
“Hay tres terminales de carga y la más importante, la Terminal Quequén Sociedad Anónima, concentra el 40 por ciento de las exportaciones totales del puerto. Sus dueños no son personas comunes, sino grandes monopolios agroexportadores”, señaló Dahul.
Luego profundizó sus críticas: “Son empresas que deberían cumplir con la obligación de prestar un servicio público, pero ese servicio no se brinda. Si querés exportar, siempre aparece un obstáculo: que no hay muelles, que están saturados, y terminan derivándote a otros puertos”.
En ese marco, el referente de la asamblea fue contundente respecto del reclamo que sostienen: “No podemos seguir regalando esta enorme cantidad de dinero que se llevan los monopolios. El Gobernador tiene que asumir una posición firme y avanzar con una política anti-menemista. El puerto debe volver a ser gestionado por el Estado provincial y crearse una sociedad del Estado para exportar. Este año, las ganancias de esas empresas van a rondar los 270 millones de dólares”.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com