El Gobierno, urgido por recortar derechos laborales
El Ejecutivo presentó las conclusiones finales del Consejo de Mayo y acelera para cerrar el año con dos objetivos clave: la aprobación del primer presupuesto libertario y la reforma laboral, iniciativas reclamadas por Washington. Patricia Bullrich busca concentrar la conducción del debate y presiona para que Victoria Villarruel —recientemente llegada de España— active las comisiones y habilite el tratamiento. Su cronograma es ajustado: dictamen hacia el final de la semana y sesión en el recinto el 19 de diciembre. La velocidad desconcierta incluso a espacios dialoguistas que no ven justificada la necesidad de un “trámite exprés”. El peronismo afina su estrategia, con el foco puesto en la recomposición salarial y la reducción de la jornada laboral, en sentido inverso al texto oficial. “Buscan consolidar un modelo de precarización donde los trabajadores seguirán retrocediendo: menos derechos, más horas de trabajo, salarios más bajos”, sostuvieron referentes del espacio. La CGT no asistió a la presentación en Casa Rosada y convocó a una reunión urgente del Consejo Directivo.
El escenario parlamentario está en plena ebullición: los legisladores electos asumirán este miércoles, pero la disputa por las comisiones ya está en marcha. La Casa Rosada instruyó a Martín Menem y a Bullrich para obtener antes de Navidad la media sanción del presupuesto y de la reforma laboral: el “regalo” de Milei que, según el Gobierno, impulsaría contrataciones a costa de una poda de derechos. Con las fiestas encima, el oficialismo dispone de poco más de diez días y enfrenta cámaras que no comparten la urgencia, aun reconociendo la necesidad de actualizar normas laborales.
El presupuesto aparece mejor encaminado y podría aprobarse en Diputados entre el 17 y el 18 de diciembre. La reforma laboral, en cambio, enfrenta un panorama más complejo. Bullrich pretende que este miércoles estén operativas las comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto. Como el reglamento exige una semana entre dictamen y votación, el tiempo apremia. No se descarta que la propia ministra —que se reunió esta tarde en el despacho de Ivana Arrascaeta— asuma la presidencia de una de las comisiones para acelerar el trámite. Su apuesta es clara: dictaminar esta semana y llegar al recinto el 19 de diciembre, fecha cargada de simbolismo por lo ocurrido en 2001.
Al cierre de esta edición, el proyecto seguía sin ingreso formal. Desde un despacho oficialista señalaron que recién “el jueves entrará formalmente la reforma laboral. Porque la tiene que firmar Milei que está de viaje”. Mientras tanto, Federico Sturzenegger visitó el Congreso para instruir a los legisladores libertarios. Tanto oficialistas como aliados admiten que será difícil culminar el año con la reforma aprobada. Incluso si el Senado diera media sanción, Diputados recién podría abordarla en las extraordinarias de enero o febrero.
Reacciones en contra
El martes estuvo marcado por el movimiento interno de Unión por la Patria, con reuniones y conversaciones con el sindicalismo. “Es un claro retroceso en el mundo del trabajo”, sostuvo Teresa García, secretaria del PJ y futura diputada nacional. Axel Kicillof también cuestionó el proyecto: “Pura naftalina cómo huele esto. Vinieron a modernizar y adecuar a las nuevas tecnologías y la verdad es que es la reforma de los 90, más o menos igual”. Agregó: “Que hay que adecuar la normativa laboral a las nuevas tecnologías, quién lo va a dudar. Ahora, desfinanciar el sistema de seguridad social y consagrar un régimen de desprotección es otra cosa”.
El bloque retomó la línea del último documento del PJ, que advierte que “la reforma laboral que impulsa el Gobierno no nace en Argentina, nace en Washington: es parte del pliego de condiciones del FMI. Buscan consolidar un modelo de precarización donde los trabajadores seguirán retrocediendo: menos derechos, más horas de trabajo, salarios más bajos”. Señalan que “los peronistas no nos oponemos a una reforma, nos oponemos a la precarización laboral disfrazada de reforma”.
Desde ese espacio plantean prioridades:
– Recuperación salarial para reactivar el consumo.
– Reducción de la jornada laboral y mayor autonomía del tiempo.
– Actualización de derechos: integración tecnológica con protección, desconexión digital, ampliación de licencias, cobertura para monotributistas, prevención en salud laboral y participación en ganancias.
Impactos: quién gana y quién pierde
Milei llegó al poder con apoyo de sectores informales que no se sienten representados por el sistema laboral tradicional. Sin embargo, el proyecto profundiza su desprotección. El capítulo sobre plataformas no los incorpora al mundo laboral formal: continúan catalogados como cuentapropistas o “repartidores independientes”, sin convenio, sin jornada regulada, sin indemnización y fuera de la Ley de Contrato de Trabajo.
El abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano advierte que la iniciativa supone un retroceso estructural. Señala a Página/12 que el proyecto “intenta invertir la presunción de laboralidad”, lo que dificultaría que trabajadores registrados como monotributistas o bajo contratos de locación puedan reclamar. “Es la legalización del fraude laboral”, resume. También alerta sobre el impacto inmediato de dos medidas: la baja en las contribuciones a las obras sociales y el uso de fondos previsionales para pagar despidos, lo que podría afectar la salud de los trabajadores y el equilibrio del sistema jubilatorio.
En un contexto de caída del empleo, subraya que financiar indemnizaciones con recursos públicos “podría aumentar la rotación laboral y llevar los despidos al máximo histórico”. Además, el banco de horas otorga al empleador mayor discrecionalidad en los horarios y el régimen de vacaciones limita su uso en verano. “No es modernización —plantea—, es desprotección”.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com