El 20 de octubre pasado, el entonces secretario de Finanzas y actual canciller Pablo Quirno anunció una reestructuración de la deuda soberana y afirmó que “se ha designado a JP Morgan como el banco que nos asistirá en este proceso”. Sin embargo, ante un pedido de acceso a la información pública presentado por El Destape, el Ministerio de Economía respondió que no existe ningún contrato firmado con la entidad financiera.
La contradicción es evidente: mientras Quirno habló de una designación ya concretada, el Gobierno sostiene que solo hubo “instancias de diálogo y evaluación preliminar”. La respuesta oficial señala textualmente que “no se cuenta a la fecha con instrumentos contractuales formalizados ni documentación que configure un acuerdo vigente o concluido”. En otras palabras, el contrato con JP Morgan no existe —o no quieren mostrarlo—.
Silencio y opacidad oficial
El episodio se suma a una cadena de maniobras financieras envueltas en secretismo. Caputo y Bausili retiraron el oro del Banco Central sin informar su destino ni resultado; el propio Bausili se negó a brindar datos a la Auditoría General de la Nación sobre el préstamo repo con bancos internacionales; y Caputo admitió no poder dar precisiones sobre el uso del swap con Estados Unidos por “acuerdos de confidencialidad”. Ahora, el vínculo con JP Morgan sigue la misma lógica: un anuncio público seguido por una negativa oficial.
La sospecha de conflicto de intereses no es menor. JP Morgan es el antiguo empleador de buena parte del equipo económico actual: Caputo, Bausili, Quirno, el nuevo secretario de Finanzas José Luis Daza y el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning. Que el banco elegido para “asistir” al Gobierno en una reestructuración de deuda sea, además, la casa de origen de sus principales funcionarios, refuerza la percepción de un esquema cerrado y corporativo.
El anuncio y la marcha atrás
En su publicación del 20 de octubre, Quirno había escrito:
“La Secretaría de Finanzas anuncia que ha comenzado las tratativas para llevar adelante una operación de recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación (…) Para su estructuración, se ha designado a JP Morgan como el banco que nos asistirá en este proceso”.
La redacción no deja margen para la ambigüedad. Sin embargo, el Gobierno ahora sostiene que esa mención se hizo “en el contexto de un anuncio relativo al inicio de tratativas” y que no existen “antecedentes disponibles” del supuesto contrato. Si la respuesta es verídica, significaría que no hay acuerdo ni operación en marcha, y que el anuncio de Quirno fue, al menos, prematuro.
Negocios entre viejos socios
El trasfondo del anuncio sigue siendo oscuro. JP Morgan no fue elegido por licitación pública ni se informó si existió una compulsa de precios. En el mercado financiero abundan las instituciones con capacidad para estructurar canjes de deuda, pero el Gobierno se inclinó por la entidad que reúne a la mayoría de sus exejecutivos. El resultado probable: comisiones millonarias sin control público y una nueva operación opaca en nombre de la “eficiencia”.
Caputo, sin explicaciones
El escándalo sumó un nuevo capítulo cuando la economista Delfina Rossi publicó un tuit señalando el evidente conflicto de intereses entre Caputo y JP Morgan:
“1° acto: Caputo trabaja en JP Morgan. 2° acto: Caputo, ya ministro, toma una deuda impagable. 3° acto: Caputo, ministro nuevamente, anuncia que recompra esa deuda con ‘asistencia’ del JP Morgan. ¿Qué nombre le ponemos a esta obra?”
La respuesta del ministro fue un ataque personal que, lejos de aclarar la situación, reveló otro dato inquietante: reconoció que dos de sus hijos trabajan con él “gratis” en el Estado, sin detallar funciones ni responsabilidades, en una situación que compromete la transparencia institucional.
La sombra de un nuevo negociado
El Gobierno justificó la supuesta operación de canje bajo la promesa de destinar los “ahorros” a la educación, aunque no precisó montos, tasas ni organismos multilaterales involucrados. En los hechos, el presupuesto 2026 prevé apenas un 0,75 % del PBI para educación, el nivel más bajo de la última década.
El contraste es elocuente: mientras se habla de “deuda por educación”, la inversión educativa cae, los contratos con bancos privados se manejan en la penumbra y los principales funcionarios del área acumulan vínculos con las mismas entidades que deberían regular.
En ese contexto, la pregunta inicial vuelve a cobrar fuerza: ¿mintió Quirno o el Gobierno decidió ocultar un contrato con JP Morgan que nunca debió existir?
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com