El gobierno de Javier Milei retomó el proyecto de reforma laboral impulsado por Federico Sturzenegger, con la promesa de “modernizar” las relaciones de trabajo y generar empleo. Sin embargo, los datos oficiales y privados muestran la tendencia opuesta: la desregulación y la pérdida de derechos laborales están profundizando la precarización, especialmente entre los jóvenes, donde la desocupación duplica la media nacional.
El Ejecutivo busca reflotar el capítulo laboral del fallido DNU 70/2023, anulado por la Justicia, e incluirlo en una nueva ley ómnibus. El texto prevé la ampliación del período de prueba, la reducción de las indemnizaciones, la eliminación de multas por empleo no registrado y la legalización de contratos temporales y monotributos para tareas permanentes. Según Sturzenegger, estas medidas apuntan a “liberar el potencial productivo” y “bajar el costo de contratar”.
Pero los indicadores del mercado laboral contradicen ese diagnóstico. De acuerdo con el último informe del INDEC, la tasa de empleo formal cayó por tercer trimestre consecutivo y los salarios reales acumulan una pérdida superior al 20 % desde diciembre. En el sector privado registrado, se destruyeron más de 140 000 puestos desde el inicio del gobierno libertario. En paralelo, crece el empleo precario: los monotributistas sociales y los trabajadores no registrados ya representan el 40 % del total de ocupados.
El discurso oficial de “flexibilización para crear empleo” replica las recetas aplicadas durante los 90, cuando la desregulación laboral derivó en más desempleo y desigualdad. Los especialistas advierten que la pérdida de derechos individuales y colectivos —como la negociación paritaria o la estabilidad en el puesto— no incentiva la inversión ni el crecimiento, sino que consolida un modelo de bajos salarios y alta rotación.
El impacto sobre los jóvenes es especialmente severo. La tasa de desocupación entre menores de 29 años duplica la media general y alcanza niveles récord en el conurbano bonaerense. Las nuevas modalidades de contratación “por tarea” o “a demanda” que promueve el gobierno profundizan esa fragilidad, trasladando todo el riesgo económico al trabajador.
Mientras tanto, el Ministerio de Economía insiste en que la reforma es “indispensable para atraer capitales”. Pero en los hechos, las inversiones productivas siguen paralizadas y el empleo industrial registra la mayor caída desde la pandemia. La estrategia de Milei y Sturzenegger parece orientarse menos a generar puestos de trabajo que a redefinir la relación de fuerzas entre empleadores y sindicatos, debilitando la capacidad de negociación colectiva.
El gobierno intenta presentar la desregulación como un signo de eficiencia y modernidad. Sin embargo, detrás del discurso de “libertad laboral” se perfila un escenario de concentración económica, pérdida de derechos y empobrecimiento social. La promesa de más empleo vuelve a chocar con la evidencia empírica: la precarización no genera crecimiento, sólo normaliza la inestabilidad como forma de vida.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com