La defensa de la ex vicepresidenta calificó como “precipitada” la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti y sostuvo que aún hay medidas de prueba pendientes de producción.
A pocas horas de conocerse el fallo sobre la autoría material del atentado del 1 de septiembre de 2022, Cristina Fernández de Kirchner impugnó el archivo parcial del expediente en el que se intentaba determinar si el diputado del PRO, Gerardo Milman, tuvo conocimiento previo del ataque.
Los abogados de la querella, Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira, cuestionaron duramente a la magistrada al señalar que “o bien interpreta incorrectamente las resoluciones que ella misma cita o bien hace exactamente lo que le achaca a esta querella y selecciona antojadizamente fragmentos de la prueba incorporada, o bien miente directamente”.
Los letrados basaron su apelación en tres puntos centrales: las resoluciones en las que Capuchetti autorizó el secuestro del teléfono de Milman, el peritaje sobre el celular de Jorge Abello —quien declaró haber escuchado al legislador decirle a sus colaboradoras “cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”— y la declaración de Ivana Bohdziewicz, ex asistente del diputado.
Los cuestionamientos a la jueza Capuchetti
Ubeira y Aldazábal también criticaron el primer análisis pericial realizado por Gendarmería Nacional sobre el celular de Milman, al considerar que “no era el aparato que el diputado utilizaba al momento de los hechos” y que el examen fue “desastroso”.
En la presentación judicial, los abogados advirtieron que “no se explica por qué la jueza se refiere al trámite en que se rechazó investigar el borrado de celulares y no a otros incidentes de la causa, por qué expuso largamente la declaración testimonial de Gerardo Milman si luego ni siquiera la valoró, ni por qué prioriza lo dicho por Milman sobre lo declarado por Abello cuando hay medidas de prueba en trámite respecto de los dichos de ambos”.
También pusieron en duda el segundo peritaje forense, del cual no fueron convocados a participar: “no sabemos cuál fue el criterio con el que midieron la relevancia, ni la metodología del análisis. Para la jueza, esto no es un problema”, remarcaron. Y agregaron: “para llegar a una decisión, la jueza debería secuestrar los teléfonos que el diputado tenía al momento del atentado y analizarlos de modo transparente”.
Por último, los querellantes consideraron que el cierre de esa parte de la investigación fue “apurado” y objetaron la imputación a Jorge Abello por falso testimonio, señalando que todavía hay medidas probatorias en curso.
Ahora, la jueza Capuchetti deberá resolver si concede la apelación para que sea la Cámara Federal porteña la que determine si mantiene su decisión o hace lugar al planteo de la querella.
Con información de MDZOL
Publicado en lanuevacomuna.com