La última maniobra de las exportadoras con las llamadas “retenciones cero” volvió a poner en evidencia cómo el esquema económico vigente beneficia a los grandes jugadores de la renta financiera y a las compañías exportadoras, mientras que los pequeños y medianos productores quedan atrapados en un engranaje que los empuja a la pérdida. Un sector clave de la economía argentina convertido en víctima de políticas que priorizan la especulación financiera, la minería y la energía por encima de la agroindustria.
Un sector golpeado por el modelo económico
El agro argentino atraviesa una crisis de carácter estructural, donde conviven problemas históricos con nuevas tensiones. Sequías, suba de costos de insumos, presión impositiva, contratos de alquiler dolarizados y un tipo de cambio poco competitivo configuran un panorama adverso para quienes producen.
En ese contexto, el episodio de las retenciones cero dejó al descubierto el sesgo del modelo: los productores no lograron aprovechar el supuesto beneficio, mientras que las grandes agroexportadoras acumularon en apenas tres jornadas más de 1.500 millones de dólares en ganancias extraordinarias, gracias a un mecanismo que habilitó registrar declaraciones de ventas al exterior (DJVE) sin respaldo físico suficiente. El resultado fue contundente: el alivio fiscal terminó en los balances de las exportadoras, no en los bolsillos del productor.
Del productor al rentista
La transformación de la estructura agraria no es nueva, pero se profundizó en las últimas décadas. En especial desde los años 90, se consolidó un proceso de extranjerización y concentración de la tierra. Según estimaciones oficiales, en la campaña 2023/24, alrededor del 70 % de la superficie cultivada estuvo bajo arrendamiento. Es decir, la mayoría de los que trabajan el campo no son propietarios, sino productores que deben afrontar contratos dolarizados cada vez más exigentes.
En provincias como Córdoba, los alquileres rurales para la campaña 2024/25 se ubican entre 4 y 14 quintales de soja por hectárea, con un promedio de 10 qq/ha, valores que presionan fuertemente sobre la rentabilidad. En la zona núcleo, donde la tierra es más fértil, los precios alcanzan los máximos, lo que vuelve insostenible la actividad para pequeños y medianos.
Mientras tanto, los dueños de la tierra que no la trabajan sostienen su renta sin asumir riesgos. La figura del propietario rentista se afianza como actor central, desplazando al chacarero y al productor familiar que históricamente sostuvieron la vida rural.
Presión impositiva y atraso cambiario
A los altos costos productivos se suma una carga fiscal asfixiante. De acuerdo con un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), en junio de 2025 los productores destinaron en promedio 63,6 % de su renta bruta a impuestos, en su mayoría de carácter nacional y no coparticipables.
A esto se agrega la política cambiaria: la apreciación del peso frente al dólar y la volatilidad financiera reducen la competitividad, de modo que cada tonelada exportada rinde menos en términos reales. El resultado es una ecuación cada vez más negativa para el productor.
Un modelo que relega a la agroindustria
La crisis del agro forma parte de un modelo económico que deriva recursos hacia la renta financiera, la minería y la energía, mientras relega a la agroindustria, pese a su rol estratégico en la generación de divisas.
En este escenario, el productor queda atrapado entre dos fuerzas: por un lado, el Estado, que absorbe gran parte de la renta a través de impuestos, y por otro, las grandes exportadoras, que capitalizan beneficios fiscales y ventajas comerciales. En el medio, los pequeños y medianos productores pierden capacidad de inversión y muchos quedan fuera del sistema.
La paradoja es evidente: producir alimentos en Argentina es cada vez más riesgoso y menos rentable, mientras alquilar tierra continúa siendo altamente redituable. El país que alguna vez fue “el granero del mundo” se encamina hacia una estructura agraria dominada por rentistas y especuladores, más que por quienes siembran y cosechan.
Revertir este panorama exige un debate profundo sobre la política agraria y el modelo de desarrollo. Sin medidas que resguarden a los pequeños y medianos productores, regulen los arrendamientos, transparenten las operaciones de las exportadoras y reduzcan la presión fiscal, la Argentina corre el riesgo de consolidar un agro sin productores: un engranaje financiero más dentro de un esquema extractivo que privilegia la ganancia inmediata sobre el desarrollo productivo a largo plazo.
Con información de Data y Política Económica
Publicado en lanuevacomuna.com