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LA ERA MILEI

El Gobierno anticipa que no aplicará las leyes para el Garrahan y las universidades

Si no hay financiamiento, las dejarán en suspenso

Tras oficializar en el Boletín la promulgación de la ley de emergencia en discapacidad, el Ejecutivo resolvió frenar su aplicación por “falta de presupuesto”, encendiendo todas las alarmas. La maniobra abrió la duda sobre lo que sucederá con las normas de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica si el Senado insiste en rechazar los vetos presidenciales.

La Casa Rosada dispuso que la norma quedara “suspendida en su ejecución” hasta que el Congreso “defina las fuentes de financiamiento” e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional. Voceros cercanos al oficialismo confirmaron que, de repetirse en la cámara alta lo ocurrido con discapacidad, aplicarán la misma fórmula: no implementar las leyes aunque sean votadas. Diputados ya rechazó el veto, y el Senado tiene previsto tratarlo el 2 de octubre. La oposición asegura tener los números necesarios.

En paralelo, el ministro de Salud, Mario Lugones, anunció mejoras salariales en el Garrahan: el personal asistencial percibirá un adicional mensual de $450.000 y el resto de la planta $350.000. Según aclaró, los fondos surgen de recursos propios del hospital gracias al Plan de Eficiencia. “Gracias a una gestión eficiente, el Garrahan hoy está en condiciones de mejorar los ingresos de sus trabajadores. (…) Nos propusimos terminar con el despilfarro y los privilegios para algunos, para que los recursos vuelvan a donde siempre debieron estar: las instituciones, los profesionales y los pacientes. Ese siempre fue el camino”, escribió en X.

Desde el propio hospital, sin embargo, hubo cautela. “Todavía no sabemos si harán lo mismo que con discapacidad. Nos enteramos recién de los bonos que nos darán con los recursos genuinos que estuvieron guardados. Mañana de todas maneras se inicia un paro por 48 horas”, señaló la instrumentadora quirúrgica Marina Elizabeth Núñez.

Universidades en la mira

El secretario de Organización de Conadu-CTA, Federico Montero, consideró: “El quiebre del veto en diputados y su probable ratificación en senadores es un triunfo político del movimiento universitario. (…) Sin embargo, también es cierto que los costos para el Gobierno van a ser crecientes y mayores si mantenemos la movilización”.

La titular de CONADU Histórica, Francisca Staiti, advirtió: “La preocupación después de ver lo que están haciendo es más que válida. Nos tenemos que preparar para ese escenario. (…) Las leyes de discapacidad, de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario van contra el equilibrio fiscal que Milei pretende sostener. Es un tema de dirección política del gobierno, claramente”. Y recordó que el presupuesto 2026 replica el de 2025, lo que significa un ajuste en toda la línea.

La ley de Financiamiento Universitario busca actualizar desde el 1° de enero de 2025 las partidas para universidades, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión, en función de la inflación acumulada de 2023 y 2024, además de prever aumentos bimestrales de acuerdo al IPC.

Desde la Rosada ya adelantaron que, de prosperar en el Senado, aplicarán la misma estrategia que con discapacidad. El argumento vuelve a ser el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que obliga a identificar fuentes de recursos para cualquier gasto no previsto en el Presupuesto. Aunque se barajó la idea de judicializar, finalmente se desechó esa vía y se optó por la no aplicación.

La tensión aumenta: la Marcha Federal mostró masividad y la situación de los docentes universitarios es crítica. “No puede ser que el 70% cobre entre 200 y 600 mil pesos y no se haya convocado una paritaria en un año y medio”, denunciaron gremios. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, también respondió a las palabras del vocero presidencial Manuel Adorni: “Es falso que la economía del país se desequilibre porque financiamos a las universidades. (…) Quizás se podría cubrir parte de lo que establece la ley tomando recursos que destinaron para incrementar en un 1000% los fondos de los servicios de inteligencia de la nación”.

Con información de Página 12

Publicado en lanuevacomuna.com

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