La Secretaría de Energía del Partido Justicialista salió a fijar posición con un comunicado cargado de críticas. “El programa energético del gobierno de Javier Milei, dice, no es modernización ni reforma sino ajuste, incertidumbre y freno al crecimiento. Un salto al vacío, con el manual del Fondo Monetario en la mano”.
El documento cuestiona que la Casa Rosada renunció al rol histórico del Estado en la planificación y financiamiento de obras estratégicas. Lo que antes era política pública queda ahora librado al arbitrio del “inversor privado”. Consecuencia: sin rentabilidad rápida, no hay obras. Y si no existe garantía de exportación, tampoco.
El texto no se queda en la teoría y enumera proyectos de envergadura que quedaron en “la banquina” pese a contar con financiamiento asegurado. Entre ellos, el transporte eléctrico AMBA I con crédito chino de 1.100 millones de dólares; el Plan Federal de Transporte Eléctrico III con respaldo del BID y el Banco Europeo por otros 1.000 millones, además de más de 3.300 megavatios térmicos con inversión privada. Todo eso, descartado bajo la bandera de la “desregulación”.
La motosierra también alcanzó al gas. El plan TRANSPORT.AR, que contemplaba el segundo tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, fue directamente dado de baja. En su reemplazo, el Ejecutivo avanzó con un esquema privatizado (Decreto 1060/2023) que, según el PJ, implica entregar los excedentes de gas a manos privadas.
La advertencia es contundente: “la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista NO traerá competencia ni eficiencia, sino tarifas más altas y un nuevo frente de incertidumbre para toda la economía”. El déjà vu histórico es inevitable: cuando las empresas redactan las reglas, los costos se disparan y la industria nacional queda sometida al apetito del mercado.
Por si faltaba más, el comunicado recuerda que “el plan de privatizaciones incluye activos estratégicos como la centrales hidroeléctricas del Comahue; las de San Martín y Belgrano, Transener —columna vertebral del transporte en alta tensión— y hasta Nucleoeléctrica Argentina, que administra (nada más ni nada menos que…) Las Centrales NUCLEARES con un riesgo y una responsabilidad mayúscula. En palabras del PJ: ‘No es reestructuración: es un enorme negociado disfrazado de reforma’”.
La conclusión no deja margen de duda: “sin resultados concretos y con desequilibrios macroeconómicos cada vez más graves, el esquema oficial es inviable”. Para el PJ, “se impone un cambio de rumbo urgente, con planificación estatal coherente, acceso asequible y seguridad energética para toda la población”.
El mensaje final resume la postura: “la energía no puede ser un casino de corto plazo. O se gobierna pensando en el desarrollo nacional, o se condena al país a pagar tarifas imposibles y a hipotecar su futuro”.
La Nueva Comuna