El proyecto de Presupuesto 2026 que el Ejecutivo envió al Congreso deja a la vista una ofensiva directa sobre las políticas destinadas a niños, niñas y adolescentes. Entre las medidas más graves aparece la eliminación de la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones familiares, hoy atadas a la fórmula de movilidad jubilatoria que ajusta por inflación.
La AUH alcanza a casi 4,1 millones de chicos en el país y había sido, hasta ahora, la única prestación social que logró crecer en términos reales desde diciembre de 2023. Sin embargo, el artículo 73 del proyecto oficial —alertado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)— suprime esa garantía de actualización. En la práctica, esto implica una caída del 2,6% en el valor de la asignación para 2026, siempre que se cumpla la proyección oficial de una inflación del 10%. Si la suba de precios supera ese cálculo, la pérdida será aún mayor.
Recortes a programas clave
El ajuste no se limita a la AUH. El presupuesto confirma una tendencia que se arrastra desde el inicio del gobierno de Milei: el desfinanciamiento sistemático de programas destinados a la infancia. Según la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre enero y junio de 2024 se aplicó un recorte del 17% respecto del mismo período de 2023, y del 36% si se compara con 2022.
La poda impacta en áreas sensibles como el Plan ENIA —que logró reducir un 50% la tasa de embarazo adolescente en cinco años—, la Educación Sexual Integral (ESI), las Becas Progresar y el Programa de Acompañamiento del Egreso para jóvenes sin cuidados parentales.
ACIJ advirtió que el Plan ENIA sufrirá una reducción del 85% en 2026 frente a 2025, lo que equivale a menos del 3% de lo invertido en 2023. La ESI también quedará prácticamente desfinanciada: su partida será de apenas $239 millones, un 2% de lo que se ejecutó en 2023.
Becas en caída libre
El caso de las Becas Progresar ilustra con claridad la magnitud del recorte. Durante la primera mitad de 2024 el presupuesto ejecutado cayó un 31,9% respecto del año anterior, y desde 2023 acumula una pérdida del 75% en su poder adquisitivo. Aunque el proyecto de Presupuesto 2026 prevé un aumento del 13,7% respecto de 2025 en programas de educación para la niñez y adolescencia, el monto representa un 264% menos que lo destinado en 2023.
En paralelo, el Programa de Acompañamiento del Egreso (PAE) para jóvenes que salen de hogares institucionales perdió un 32,5% de su valor desde diciembre pasado, reduciendo la ya débil red de protección para adolescentes sin familia.
FMI y “eficiencia”
El trasfondo de estas medidas se encuentra en los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. En el staff report se consigna que el Gobierno se comprometió a avanzar hacia “mejoras de eficiencia en los programas sociales” mediante controles más estrictos en la AUH y en las pensiones por discapacidad. La eliminación de la movilidad automática de las asignaciones familiares figura como parte de ese acuerdo.
En definitiva, el Presupuesto 2026 consolida un ajuste que ya está en marcha y que afecta directamente a los sectores más vulnerables: los niños y adolescentes. Bajo la consigna de “ordenar las cuentas” y cumplir con el FMI, el gobierno libertario proyecta un vaciamiento que compromete la continuidad de programas fundamentales para garantizar derechos básicos.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com