De forma unánime, la Bicameral advirtió que opositores, sindicatos, organizaciones sociales y periodistas podrían transformarse en blanco de espionaje. La advertencia coincide con lo que había planteado el CELS ante la justicia.
Sin demasiado estrépito, el Congreso le dio otro revés a Javier Milei, esta vez en un terreno particularmente sensible: la inteligencia. La comisión bicameral que encabeza Martín Lousteau instó a la Casa Rosada a reformular el Plan de Inteligencia Nacional (PIN), que había sido presentado hacia fines del año pasado. El documento ya había sido cuestionado por organismos de derechos humanos, que denunciaron que el PIN funcionaría como una herramienta para habilitar a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) a espiar a opositores, periodistas, “grupos vulnerables”, activistas e incluso economistas críticos del Presidente. Con un fallo unánime, la Bicameral sostuvo que lo presentado por la SIDE contraviene la Ley de Inteligencia (25.520), según reconstruyó Página/12.
La controversia en torno al PIN se arrastra hace al menos diez meses. Sergio Neiffert, titular de la SIDE, lo llevó a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) el año pasado, en un encuentro áspero. Allí explicó que la demora del Gobierno en presentarlo obedecía a los cambios que habían introducido: la resurrección por decreto de la SIDE —con el mismo nombre que tuvo entre 1976 y 2001— y la salida de Silvestre Sívori, primer jefe de la AFI bajo Milei, señalado por presuntamente responder a Nicolás Posse.
En noviembre, la Unión Cívica Radical vinculó dos ataques a sus oficinas con las críticas de Lousteau al PIN. Y en mayo de este año, Hugo Alconada Mon publicó en La Nación que el plan habilitaría el espionaje sobre periodistas y opositores. La revista Crisis fue más allá: mostró que hasta ambientalistas o activistas sociales podían entrar en la mira.
El Gobierno negó esas versiones en un comunicado el 25 de mayo: “Este es el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos”, aseguró la Oficina del Presidente.
Pero esta semana la CBI —donde también se sientan referentes de LLA y aliados como Cristian Ritondo— aprobó un dictamen muy crítico: sostuvo que los lineamientos estratégicos diferían de lo que establece la ley y que la SIDE se adjudicaba funciones que no le corresponden.
Uno de los puntos más delicados fue la afirmación de que el PIN había sido “consensuado” con el Presidente, algo que la ley prohíbe: el artículo 12 de la 25.520 establece que es el propio jefe de Estado quien fija lineamientos y objetivos, no que los acuerda con la SIDE. Para algunos legisladores, eso reflejaba que Milei es, en parte, un “convidado de piedra” en su propio gobierno, con la SIDE bajo la influencia directa de su asesor Santiago Caputo.
La actitud prescindente del Presidente ya se había visto en otros episodios, como el escándalo por los audios de Diego Spagnuolo en la Agencia Nacional de Discapacidad, que salpicaban a Karina Milei. Allí solo defendió a su hermana, mientras otros funcionarios —como Patricia Bullrich— salieron a cubrirlo, incluso con denuncias estridentes sobre “espionaje no institucional”.
Las objeciones de la Bicameral
La CBI cuestionó la ausencia de una doctrina clara de inteligencia. Sin ese marco, advirtieron, se abre la puerta a que quienes ejecutan las órdenes interpreten discrecionalmente. Por lo que leyeron, los posibles objetivos de espionaje podrían ser actores políticos, sindicatos, jubilados, organizaciones sociales o periodistas.
El documento también alertó que el Gobierno entiende la protesta social como un ataque institucional. No es algo nuevo: el año pasado, la Oficina del Presidente tildó la movilización contra la Ley Bases de “intento de golpe”. Y en marzo, tras la represión que dejó a Pablo Grillo en estado crítico, Bullrich llegó a denunciar un caso de sedición, sin pruebas concretas.
Otro punto que despertó alarma fue que, al hablar de quienes buscan “erosionar la confianza en las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas”, se podía inferir que los organismos de derechos humanos estaban bajo sospecha. También inquietó que la SIDE incluyera la recopilación de datos demográficos, lo que abriría la puerta a espiar la pobreza o el desempleo como “factores de conflictividad”.
En el Congreso evaluaron que el PIN era más un compendio de prejuicios ideológicos que un plan serio con objetivos, líneas de acción e indicadores de gestión. Señalaron además que la SIDE se había expandido como resultado de internas y disputas políticas.
El DNU 614 de Milei reconfiguró el sistema de inteligencia, dividiéndolo en cuatro órganos: el Sistema de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División Asuntos Internos (DAI). Para la CBI, algunos de esos entes asumieron roles de carácter policial, lo que está expresamente prohibido en el artículo 4 de la Ley 25.520. Un ejemplo: la SIDE se atribuyó la búsqueda de prófugos, como ya había ocurrido con la AFI macrista y el tristemente célebre grupo de los “Súper Mario Bros”, involucrados en seguimientos ilegales a opositores y hasta aliados de Mauricio Macri.
Otra de las funciones cuestionadas fue la custodia especial en giras presidenciales, una tarea que la Casa Militar debería monopolizar. La AFI del Frente de Todos había prohibido ese tipo de intervención, pero la SIDE de Milei lo volvió a incluir. Durante el macrismo, ese mismo argumento sirvió para justificar la vigilancia sobre los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.
Lo señalado por la CBI coincide con lo que habían advertido Paula Litvachky y Diego Morales del CELS. La denuncia cayó en el juzgado subrogado por Sebastián Casanello, con investigación a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, aunque sin avances concretos. “El PIN pondría a la estructura de inteligencia a vigilar, analizar y caracterizar distintos aspectos de la conversación pública, es decir, medios de comunicación, plataformas, redes sociales”, había alertado el CELS.
En paralelo, en Comodoro Py se acumulan otras denuncias. La Nación publicó que la ASN de la SIDE monitoreó la actividad de opositores, sindicatos y movimientos sociales el 9 de julio. En La Plata, la fiscal Ana Russo pidió investigar la denuncia de Axel Kicillof, pero el juez Alejo Ramos Padilla entendió que debía quedar en manos de los tribunales federales de Retiro.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com