La justicia de La Plata ordenó nuevas medidas de prueba. El caso se originó en la denuncia del gobernador Axel Kicillof. Los peritajes sobre el material informático incautado comenzarán el 20 de octubre, a solo una semana de las elecciones nacionales.
La investigación por una supuesta conspiración dentro de la Policía Bonaerense sumó un nuevo capítulo. La justicia penal platense dispuso allanamientos en dependencias oficiales y domicilios vinculados a los efectivos señalados, entre ellos el excomisario Maximiliano Bondarenko —candidato en la última elección en la boleta de La Libertad Avanza en la Tercera Sección— y otros altos mandos de la fuerza.
El expediente está en manos de la UFIyJ 16, conducida por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. La denuncia original del Ejecutivo provincial advertía sobre un chat de WhatsApp en el que los implicados habrían coordinado con Bondarenko. En ese mismo circuito se habrían redactado documentos destinados a legisladores opositores desde computadoras oficiales de la Bonaerense.
De allí la hipótesis central: una conspiración policial contra el gobernador Axel Kicillof. En las últimas horas, Condomí Alcorta encabezó procedimientos en los que se incautaron teléfonos, computadoras, documentación y otros elementos que serán peritados. En la causa figuran 24 policías ya apartados de la fuerza por uso irregular de recursos públicos y actividad política incompatible con su función.
En el inicio, la causa estuvo a cargo del fiscal Álvaro Garganta, quien avanzó sobre la presunta red armada por Bondarenko para montar una estructura paralela de campaña en favor de La Libertad Avanza. Ahora, los allanamientos, avalados por el juez de Garantías Eduardo Silva Pelossi, derivaron en el secuestro de dispositivos que serán peritados por la Asesoría Pericial a partir del 20 de octubre.
El dato político es evidente: el análisis de ese material se hará apenas siete días antes de las elecciones nacionales.
El propio gobernador Kicillof calificó la maniobra como una “conspiración interna” en la Policía Bonaerense. Desde el otro lado, la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, reaccionó rápido en redes sociales, tildando la denuncia de “trucha” y asegurando incluso que la justicia la había “desestimado”. Los últimos avances judiciales desmintieron esa versión.
Entre los apuntados figura también Ignacio Ortiz Valenzuela, jefe de la Policía Ecológica y cercano a Bondarenko. Una de las pruebas clave es el llamado “Grupo Rocket”, un chat de WhatsApp registrado a nombre del excomisario pero administrado por agentes de la Policía Ecológica. Según la investigación, allí se concentraban números de legisladores libertarios, se elaboraban borradores de proyectos de ley y se agendaban reuniones con referentes cercanos al presidente Javier Milei.
La fiscalía sostiene que ese espacio operaba como un verdadero call center político. Las funciones de coordinación incluían convocatorias directas a encuentros y la definición de al menos diez proyectos “prioritarios” en clave electoral.
El encuadre penal de la causa podría derivar en los delitos de malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. En síntesis: el presunto uso de la fuerza de seguridad como plataforma electoral, una práctica prohibida por ley y que configura un hecho delictivo.
Con información de Capital 24
Publicado en lanuevacomuna.com