El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, empieza a mover sus fichas en la investigación judicial por las presuntas coimas en la compra de medicamentos. Un escrito presentado por sus abogados refleja que analiza distintos caminos procesales. A diferencia de los dueños de la droguería Suizo Argentina, que reclamaron la nulidad del expediente alegando “cosa juzgada”, Spagnuolo no se sumó a ese planteo. En su entorno, sin embargo, admiten que no descarta en algún momento acogerse a la figura del “arrepentido”. Para dar ese paso, debería primero conocer con precisión qué pruebas hay en su contra, algo que no sabe todavía ya que el caso permanece bajo secreto de sumario, al menos hasta mediados de la próxima semana.
El exfuncionario aparece rodeado de rumores: se dice que tendría documentación comprometedora y que en los audios atribuidos a su voz —donde habla de sobornos que involucrarían a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem— menciona conversaciones con el propio presidente Javier Milei, de quien era amigo y aún apoderado judicial. Incluso se lo escucha referirse a supuestos mensajes de WhatsApp de su hermana. Por ahora, nada de eso fue probado. El mandatario, a pesar de haber asegurado en un acto en Lomas de Zamora que “todo lo que dice Spagnuolo es mentira y lo vamos a llevar a la justicia”, todavía no lo denunció. La única ofensiva del Gobierno fue en otra dirección: acusar de “espionaje ilegal” en Comodoro Py y, a través de Karina Milei, promover la censura previa de audios y de cualquier referencia que la vincule.
La apuesta de los Kovalivker
Los dueños de Suizo Argentina, Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, se movieron la semana pasada para invalidar toda la causa. Con el patrocinio de Martín Magram, plantearon que los audios no tienen validez legal y que hubo violación a la intimidad. Además, alegaron que el asunto ya había sido investigado en 2024 tras un informe periodístico de Tomás Méndez. Sin embargo, aquel expediente estaba archivado, no con sobreseimiento, y se limitaba a compras directas, sin alusión a sobornos.
La estrategia de máxima de los señalados sería que se declare la nulidad, lo que dejaría sin efecto los audios y el proceso. Pero la jurisprudencia juega en contra: todo indica que el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi los toman solo como punto de partida de la pesquisa.
Frente a ese pedido, Casanello notificó tanto a Spagnuolo como a Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de Andis. Ambos respondieron que no era el momento para expedirse. Los abogados de Spagnuolo, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, remarcaron que “pretender que se responda adecuada y suficientemente” mientras rige el secreto “implica una afectación al debido proceso y un menoscabo del derecho de defensa”. Garbellini, por su parte, sostuvo que desconoce si los audios son “verdaderos, editados, construidos por Inteligencia artificial u obtenidos de manera ilícita”.
El magistrado podría decidir si pide la opinión del fiscal Picardi y de la querella de Poder Ciudadano, o esperar a que se levante el secreto de sumario para que todos accedan al material y definan los próximos pasos. No se descarta que pronto haya llamados a indagatoria.
¿Un posible “arrepentido”?
La figura del “imputado colaborador” exige que los acusados estén formalmente imputados —aún no lo están en esta causa— y que ofrezcan datos verificables con respaldo documental. El beneficio: una reducción de pena en caso de condena. En el círculo de Spagnuolo admiten que la posibilidad está sobre la mesa, pero todo dependerá de la evidencia que surja y de cómo se resuelvan los planteos procesales.
Mientras tanto, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) abrió el celular de Spagnuolo, pero “no encontró prácticamente nada”. Queda la duda de si era un aparato nuevo o un “muleto”. En su casa de Pilar se halló una máquina de contar billetes y otro celular inutilizado. Sus defensores no designaron perito en el peritaje.
El teléfono de Garbellini ya fue peritado y contenía abundante información. Su defensa asegura que no borró nada y que entregó la clave al momento de la incautación. En paralelo, se aguarda la apertura de los celulares de los Kovalivker: uno de ellos aún no pudo ser desbloqueado y los otros fueron entregados días después de los allanamientos.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas revisa facturas, contratos y expedientes. La resistencia de Suizo Argentina a entregar correos electrónicos y acceso a servidores prolonga el análisis.
La ofensiva del Gobierno
En simultáneo, el Ejecutivo desplegó una contraofensiva judicial: denunció supuesto espionaje ilegal atribuyendo responsabilidades a Rusia, Venezuela, Bolivia, la AFA y el “kirchnerismo”. El fiscal Carlos Stornelli aceptó investigar a los medios Carnaval Stream y Data Clave por difundir los audios, aunque sin mencionar directamente a Spagnuolo. Entre los involucrados apareció el abogado Franco Bindi, quien recusó al fiscal por considerar que busca revancha tras la caída de la causa conocida como “operación puf”.
Por otro carril avanza la medida cautelar de Karina Milei, quien obtuvo una insólita prohibición para difundir grabaciones cuyo contenido aún se desconoce. El juez Alejandro Maraniello dispuso censura previa para cualquier medio o plataforma. Contra esa resolución ya apelaron periodistas, abogados y organizaciones de derechos humanos, que cuestionaron la restricción a la libertad de expresión. Las apelaciones fueron concedidas, pero recién después del 22 se sabrá qué sala de la Cámara Civil y Comercial se hará cargo.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com