El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su rechazo a la medida cautelar dictada por el juez civil Alejandro Patricio Maraniello, que prohíbe la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por considerar que se trata de un caso de “censura previa”. Al mismo tiempo, el organismo alertó por la gravedad institucional del pedido de allanamientos a medios de comunicación realizado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La resolución judicial, emanada del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, hizo lugar parcialmente a un planteo de la hermana del presidente para que “cese de la difusión de cualquier chat, foto, audio y video anunciados el día 29/08/2025 como correspondientes a su persona, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”.
Según Milei, la difusión de esos materiales tendría “el objetivo de dañarla, así como también a su familia y con posibilidad de afectar la función que cumple y las actividades del gobierno nacional”. Además, sostuvo que de tratarse de registros auténticos, habrían sido obtenidos ilegalmente dentro de la Casa Rosada, “generando un hecho sin precedentes en la historia nacional”.
El juez Maraniello resolvió prohibir únicamente la divulgación de “los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación”, sin que mediara una investigación previa que determine su origen ilícito.
FOPEA advirtió que esa decisión judicial constituye un acto de censura previa, lo cual “resulta incompatible con las normas constitucionales vigentes” y recordó que, de acuerdo al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, este tipo de restricciones solo puede aplicarse en casos excepcionales, como los vinculados a la seguridad nacional.
“Los periodistas están sujetos a responsabilidades civiles y penales posteriores, derivadas del ejercicio pleno de la libertad de expresión. Cualquier medida preventiva o restrictiva que impida ese derecho constituye censura previa”, remarcó la entidad.
En paralelo, FOPEA también manifestó preocupación por el pedido de allanamiento del Ministerio de Seguridad contra la sede del canal de streaming Carnaval, desde donde se difundieron fragmentos de los audios. En la presentación judicial, el Gobierno afirmó que “no se trata de una filtración casual, sino de un ataque planificado que apunta directamente al núcleo de la democracia argentina que es el proceso electoral”, y señaló a los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial.
Para FOPEA, este tipo de medidas “pueden transformarse en un acto intimidatorio contra la libertad de expresión, tal como lo establecen distintos parámetros internacionales”.
El organismo recordó además la vigencia de la Declaración de Chapultepec de 1994, que establece que “la censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa”.
En ese marco, el foro instó a la Justicia a revisar de forma urgente la medida cautelar y reclamó al Gobierno nacional que “cese el acoso contra periodistas y medios”, garantizando que trabajen con libertad y sujetos solo a responsabilidades ulteriores, en función del derecho de la sociedad a estar informada sobre asuntos de interés público.
Con información de Fopea
Publicado en lanuevacomuna.com