Doble golpe del gobierno libertario
Matías Aufieri es abogado y una de las víctimas de la represión del gobierno de La Libertad Avanza. Una bala de goma disparada a corta distancia por las fuerzas de seguridad bajo la órbita de Patricia Bullrich le destrozó un ojo y lo dejó sin visión. Pero el daño no terminó ahí: en medio del escándalo por las coimas en la Andis, el organismo le negó el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Y, como si fuera poco, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo postergó la resolución de su incapacidad. Aufieri, que en aquel momento trabajaba como asesor del bloque del Frente de Izquierda, deberá esperar meses para que el trámite avance. “Es un ataque del Estado, primero con la represión y después con la negativa a los derechos o a cualquier tipo de reparación”, denunció.
La doctrina libertaria repite que el Estado no debe hacerse cargo de las personas con discapacidad. Diego Spagnuolo, el ahora exdirector de la Andis, se lo dijo sin tapujos a Ian Moche y a su madre: “Su discapacidad no es un problema del Estado. ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?”. Lo que ese discurso no contempla es qué ocurre cuando es el propio Estado el que genera la discapacidad. El criterio, sin embargo, parece ser el mismo: también los abandona. “El gobierno de Milei me inutilizó un ojo reprimiendo una protesta. La ‘normativa’ dice que si tengo visión en el otro ojo no corresponde el CUD. Como estoy en actividad laboral, ni siquiera implicaba pensión ni costo para el Estado, salvo el de las balas de goma con que me cegaron. Igual me lo negaron. Ahora se confirma que no es por equilibrio fiscal, sino para robársela ellos”, escribió Aufieri en redes.
La reglamentación para la certificación de discapacidad visual exige tener menos del 30% de visión total. Aufieri perdió la visión completa de un ojo cuando un agente del Grupo de Operaciones Motorizadas de la Policía Federal le disparó a la cara. Como aún conserva un 70% en el otro, la junta médica rechazó su pedido. “Yo entendía que correspondía, más allá de esta normativa confusa que ya fue modificada varias veces por distintos gobiernos. En mi caso, el ojo sano se desgasta más ante la ausencia del otro”, explicó. “No estaba reclamando pensión ni cobertura social porque ya tengo. Era solo el CUD”, agregó. Tras agotar las instancias administrativas, analiza llevar el caso a la Justicia.
El ataque ocurrió el 1 de febrero de 2024, en uno de los primeros operativos represivos de Bullrich y Milei, mientras en el Congreso se debatía la Ley Bases. Aufieri, además de ser abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, estaba en la plaza cuando recibió el disparo. En 15 meses atravesó tres cirugías —una de urgencia y dos reconstructivas—, pero el daño en el nervio óptico es irreversible.
“Fui a tramitar el certificado con esas heridas que me infligió el Estado”, recuerda. La Andis, sin embargo, acumula casos similares: largas filas de personas que perdieron pensiones porque nunca recibieron las notificaciones para revalidarlas. El Ejecutivo, tras la auditoría de Spagnuolo, podría dar de baja medio millón de beneficios. “En mi caso, fue el propio Estado el que me incapacitó. Y como tengo empleo, no se trataba de una carga fiscal. Este gobierno recorta prestaciones no para equilibrar cuentas, sino para enriquecerse junto a empresarios del sector”, cuestionó Aufieri.
“En medio de las denuncias y la corrupción obscena que salió a la luz en los últimos días, decidí hacer público mi caso. Es apenas uno entre miles, pero expone la contradicción más brutal del discurso de Spagnuolo”, sostuvo el abogado, que además litiga como querellante en otras causas de represión.
La situación se agrava porque al momento del ataque Aufieri estaba trabajando: se movía entre el Congreso y la plaza, en su rol de asesor de diputados de izquierda. Pese a eso, también recibió un revés en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que depende del Ministerio de Trabajo. “El Poder Ejecutivo, a través del ministerio, me difirió el trámite y no define todavía mi incapacidad. Es una maniobra evidente para favorecer a las aseguradoras de riesgos de trabajo”, afirmó.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com