Este fin de semana, el periodista Hugo Alconada Mon publicó en La Nación un nuevo documento interno de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que vuelve a poner bajo sospecha al gobierno de Javier Milei por posibles prácticas de inteligencia ilegal. El texto, elaborado bajo la conducción formal de Sergio Neiffert y la influencia estratégica de Santiago Caputo, enumera actividades políticas, gremiales y culturales previstas para el 9 de julio, sin incluir en ningún caso a dirigentes oficialistas.
El documento, fechado el 8 de julio y titulado “Hechos previstos 09JUL25”, coincide con el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires y detalla el accionar de espacios opositores durante el Día de la Independencia. Entre otros ejemplos, se señala: “Los dirigentes opositores Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner volvieron a reunirse en la ciudad de La Plata, con el objetivo de avanzar en una estrategia común y consolidar la unidad de cara a los comicios del 7SEP25”. También menciona una reunión entre Facundo Manes y Néstor Grindetti.
Con nueve páginas, el informe ofrece datos minuciosos: horarios, lugares de encuentro, trayectos de movilizaciones y agendas de distintas organizaciones políticas y sociales. Desde las marchas de jubilados hasta actividades de sectores vinculados a la discapacidad y el ámbito cultural, todo parece estar bajo la lupa de los servicios.
Además, el informe incluye un apartado sobre el tratamiento legislativo de proyectos vetados por Milei, como la moratoria previsional, el aumento a jubilados y la Emergencia en Discapacidad. En palabras del informe, los agentes advertían un posible “escenario de alta conflictividad tanto en el plano parlamentario como en el social”.
Sin embargo, no se menciona ningún seguimiento sobre figuras de La Libertad Avanza, ni aliados del PRO o de la UCR, lo cual alimenta las sospechas de que el documento no se limitó a sistematizar información pública —como argumenta el oficialismo— sino que configura una tarea de inteligencia orientada exclusivamente a opositores. De hecho, según los especialistas consultados por Alconada, esta práctica excede lo permitido por la ley.
El propio periodista remarca que todas las actividades señaladas en el documento eran “lícitas” y que el informe no menciona “si implicaban amenazas a la seguridad de los argentinos o del Estado nacional”, ni acredita ninguna orden judicial que habilite la vigilancia. Según advierte, “el informe reflejó una orientación operativa […] buscó anticipar y mapear el accionar de actores políticos y sociales, y evidenció el seguimiento de estrategias electorales y construcción política de espacios opositores y sindicales”.
Esa conducta, según distintos especialistas en derecho e inteligencia, podría estar violando la legislación vigente. En particular, el artículo 4 de la ley 25.520 de Inteligencia Nacional, que prohíbe expresamente la recolección de datos sobre personas por su opinión política o su participación en actividades sociales, culturales o sindicales de carácter lícito.
Meses atrás, cuando se dio a conocer el polémico Plan de Inteligencia Nacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ya había alertado sobre los riesgos de habilitar el espionaje político. “El sistema de inteligencia quedaba facultado para producir información sobre actores políticos, lo que es ilegal en Argentina”, denunciaron desde el organismo, que presentó una denuncia ante la Justicia Federal. La causa quedó en manos del fiscal Guillermo Marijuán.
La Agencia de Seguridad Nacional (ASN), a cargo del comisario retirado Alejandro Cecati, también figura como fuente de datos en el documento filtrado. Aunque su mandato formal es recolectar información sobre amenazas al orden constitucional o la seguridad pública, el reporte detalla seguimientos sobre una amplia lista de referentes: Eduardo “Wado” de Pedro, Miguel Fernández (UCR), el PJ bonaerense, la intendenta Mayra Mendoza, La Cámpora, la CGT, la CTA Autónoma, La Bancaria, y los jubilados que marchan todos los miércoles al Congreso, entre otros.
Lo revelado por Alconada Mon vuelve a encender alarmas sobre el uso político de los servicios de inteligencia en la era Milei, y refuerza los reclamos de una reforma urgente del sistema, que distintos sectores piden que sea debatida en el Congreso.
Con información de Canal Abierto
Publicado en lanuevacomuna.com