El conflicto estalló en los puertos argentinos tras la publicación del Decreto 37/2025, una norma impulsada por el gobierno nacional que elimina la figura del sereno de buques, afectando directamente a unos 800 trabajadores en todo el país. En el plano local, el impacto se sintió por la presencia de los serenos de buques de Necochea y Quequén, quienes se concentraron frente a la sede del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, buscando alguna respuesta, denunciando la pérdida inmediata de fuentes laborales y el debilitamiento de los controles de seguridad portuaria.
Un servicio privado ahora «opcional»
El decreto, rubricado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, pretende “modernizar y eficientizar” el sistema portuario, aunque en la práctica deja sin sustento legal al servicio que prestan los serenos, quienes trabajan para empresas privadas y no dependen directamente del Estado. El decreto los declara como «opcionales», sentenciando la continuidad laboral del sector.
Según denunciaron los propios gremialistas, la norma se traduce en una «intromisión injustificada del Estado nacional en una actividad privada», con efectos devastadores para las familias trabajadoras.
“Esto no le cuesta un peso al Estado. Lo paga el armador extranjero y representa apenas el 0,01% del costo operativo de un buque. El único que gana con esta medida es el empresario chino o tailandés que ahorra mil dólares por barco”, explicó un representante del sindicato S.U.S.B. (Serenos Unidos de Servicios de Buques), que agrupa a trabajadores de todo el litoral marítimo argentino.
Seguridad y medio ambiente, también en juego
Desde el sindicato alertaron que, además del daño laboral, la eliminación del rol compromete la seguridad de las embarcaciones, el resguardo de las instalaciones portuarias y la protección ambiental. “No estamos defendiendo solo un trabajo: defendemos un sistema que garantiza vigilancia, control, prevención de derrames y accidentes”, indicaron.
Rechazo judicial y vacío legal
La medida es de orden nacional y hasta involucra a la Prefectura Naval Argentina, por lo que el tema es complejo de por si. Sin embargo, la presidenta del Consorcio de Puerto Quequén, Jimena López, reconoció la preocupación por la situación, mencionando que se presentó una medida cautelar en el ámbito federal local pero que fue rechazada: “Estamos hablando de 16 familias en nuestra región y unas 800 en todo el país. Pero la medida cautelar que presentamos fue rechazada, lo cual nos deja sin herramientas judiciales inmediatas”, lamentó.
Al mismo tiempo, instó al gremio a canalizar sus reclamos a nivel nacional: “Es una definición que vino desde el Ministerio de Seguridad. La solución también debe venir desde allí”.
El reclamo se replica en otros puertos como Mar del Plata y Bahía Blanca, donde la resistencia gremial crece, aunque con distintos grados de organización territorial. A pesar del impacto, hasta ahora el gobierno nacional no ha ofrecido alternativas ni ha abierto canales de diálogo con los afectados.
Las preguntas que sobrevuela en los muelles es simple pero profunda:
🔹 ¿Por qué el Estado interviene para desregular una actividad privada que no le genera costos, pero sí consecuencias sociales?
🔹 ¿Quiénes ganan con esta medida y quiénes pierden?
🔹 ¿Esta es la lucha contra la casta? ¿Así es más eficiente el Estado, dejando a cientos de familias sin sustento?
¿Es esta la «libertad» prometida?
Alfredo Barros / LANUEVACOMUNA.COM