El gobierno nacional prorrogó de forma directa la concesión ferroviaria de la empresa Nuevo Central Argentino (NCA), extendiendo su control sobre el transporte de cargas de la línea Mitre hasta diciembre de 2032. La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución 39/2025 de la Secretaría de Transporte, firmada por el funcionario Luis Pierrini.
La decisión otorga a NCA, firma ligada a Aceitera General Deheza (AGD), una extensión de diez años desde la caducidad de su contrato original, vencido a fines de 2022. Con esta resolución, el Ejecutivo también dejó sin efecto la normativa anterior de 2021 que bloqueaba nuevas prórrogas de este tipo, allanando el camino para su continuidad.
Además, el gobierno invitó a las otras dos compañías privadas que operan con contratos vencidos —Ferroexpreso Pampeano (FEPSA) y Ferrosur Roca— a presentar sus propias propuestas de “adecuación contractual” para acceder a beneficios similares. Las tres prórrogas parciales otorgadas desde 2022 hasta la fecha se integran ahora dentro del nuevo marco legal que habilita la continuidad del esquema privatizado.
La ampliación de esta concesión se acompaña de un acta acuerdo que prevé eventuales “inversiones” por parte de NCA, aunque sin compromisos concretos respecto a servicios de pasajeros ni renovación de material rodante. El gobierno justifica la decisión argumentando que “las concesiones ferroviarias de cargas arrojan, al cabo de casi 30 años, un balance negativo en términos de estado de la infraestructura”, y asegura que esa situación no puede revertirse dentro del modelo actual de fragmentación de la red.
Paradójicamente, pese a este diagnóstico crítico, se optó por prolongar por una década el mismo régimen concesionado que, según el propio Estado, fracasó en mejorar la red.
La decisión también consolida el control privado sobre las vías utilizadas por el tren Rosario–Cañada de Gómez, un servicio de pasajeros suspendido desde fines de 2024. El recorrido incluía paradas en Funes, Roldán, Correa, Carcarañá y San Gerónimo. Según información oficial, la interrupción del servicio se debió a la falta de material rodante, aunque la resolución actual no exige a NCA ningún tipo de restitución o compensación en ese sentido.
Mientras el Gobierno avanza con la privatización de AySA y otras áreas estratégicas, la entrega directa de estas concesiones ferroviarias refuerza el modelo de gestión concentrada, sin licitaciones abiertas ni control público efectivo.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com