La jueza María Servini convocó a declarar al cabo Héctor Jesús Guerrero, señalado como el gendarme que disparó a la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo durante la represión frente al Congreso el pasado 12 de marzo. La citación llega luego de meses de acumulación de pruebas y representa un primer paso en la búsqueda de responsabilidades dentro de la estructura de mando de Gendarmería.
La audiencia fue fijada para el 2 de septiembre a las 10 de la mañana. Además, la magistrada le prohibió al gendarme salir del país y ordenó una pericia balística para profundizar la reconstrucción técnica del hecho.
Un pedido insistente de la querella
La citación fue dispuesta tras el tercer pedido de la querella, que desde el inicio sostuvo que existían elementos suficientes para imputar a Guerrero. Entre las pruebas incorporadas figuran registros audiovisuales, documentación interna de la GNA y análisis periciales clave elaborados por el colectivo Mapa de la Policía, en conjunto con los expertos Guillermo Pregliasco y Martín Onetto.
“La citación es un paso muy importante para el avance de la causa y para la determinación de responsabilidades por el hecho, pero aún resta avanzar hacia la cadena de mandos”, señaló Bárbara Juárez, abogada del CELS, que representa a la familia Grillo junto a Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
Según precisó Juárez, la querella viene solicitando medidas de prueba orientadas a dilucidar quiénes impartieron las órdenes, cómo se organizó el operativo y cuál fue el rol del Ministerio de Seguridad en la planificación de la represión.
Qué se le imputa a Guerrero
De acuerdo con el expediente judicial, está probado que el disparo que hirió gravemente a Pablo Grillo fue realizado por Guerrero con una pistola lanzagases, en contravención directa a los protocolos nacionales e internacionales. Está prohibido efectuar disparos en línea recta hacia personas, especialmente a zonas vitales como la cabeza.
Solo dos efectivos portaban ese tipo de armamento durante el operativo: Daniela Guerrero y Héctor Jesús Guerrero. Las imágenes y videos reconstruyen con claridad que el autor fue un hombre, despejando cualquier duda sobre la autoría. “Quedó zanjada la discusión de la autoría”, aseguró la abogada Agustina Lloret, también del CELS.
Un informe presentado el 15 de julio por el Mapa de la Policía detalla con precisión la mecánica del hecho: la trayectoria del proyectil, su velocidad, el punto de origen del disparo, la distancia al objetivo y el ángulo de tiro. El estudio determina que el disparo fue efectuado prácticamente en línea recta y a una velocidad de 280 km/h, impactando en la cabeza de Grillo, que estaba a 65 cm del suelo.
El informe también descarta categóricamente la versión de un supuesto rebote del proyectil en el piso, hipótesis impulsada por la fuerza y sostenida incluso por la ministra de Seguridad en el plano público.
Además, en otros registros audiovisuales se observa que Guerrero efectuó más de un disparo en condiciones irregulares, apuntando directamente a los manifestantes. En uno de esos registros, incluso se lo ve ser felicitado por otro gendarme tras abrir fuego.
Este contexto de represión violenta, que incluyó heridos y detenciones arbitrarias, fue caracterizado por los organismos de derechos humanos como un escenario de “enfrentamiento bélico” desatado contra manifestantes desarmados.
Por todos estos elementos, Guerrero enfrenta cargos por tentativa de homicidio agravado por su condición de funcionario público, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario.
Se ordena una pericia balística
Junto con la citación, Servini también ordenó una pericia balística a realizarse en el lugar donde Grillo fue herido (Hipólito Yrigoyen, entre Solís y Virrey Cevallos), a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad.
El objetivo es profundizar la reconstrucción técnica: trayectoria, velocidad, ángulo del disparo, impacto directo o previo rebote, y posiciones tanto del tirador como de la víctima en el momento exacto del ataque.
La mirada sobre la cadena de mandos
Para el CELS, la indagatoria de Guerrero representa una ruptura con la inercia de impunidad que suele rodear este tipo de causas. “La demora en imputarlo no fue por falta de pruebas, sino por la lógica de mayor resguardo que suele tener la justicia cuando se trata de miembros de fuerzas de seguridad”, planteó Juárez.
La abogada insistió en que ahora debe abrirse una etapa que apunte hacia las responsabilidades superiores: “Necesitamos saber quién dio las órdenes, cómo se armó el operativo y cuál fue el rol del Ministerio de Seguridad. Lo de Guerrero no fue un hecho aislado”.
En la misma jornada del ataque a Grillo también resultaron heridos otros manifestantes, como Jonathan Navarro y Beatriz Blanco, y más de un centenar de personas fueron reprimidas o detenidas arbitrariamente.
La expectativa de la querella es que, tras la declaración de Guerrero, la causa avance hacia el procesamiento del gendarme y se amplíe hacia los cuadros de mando que autorizaron o toleraron el uso desmedido de la fuerza en el contexto de una protesta social.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com