El último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) reveló que el 36% de la población infantil sufrió inseguridad alimentaria en 2024. Un deterioro marcado, acelerado por el primer año del plan económico de Javier Milei.
Lo que un niño no come hoy, su cuerpo no lo compensa mañana. El dato es tan crudo como ineludible: durante 2024, más de 4,3 millones de menores en Argentina enfrentaron dificultades para acceder a una alimentación suficiente, lo que equivale al 36% de niñas, niños y adolescentes. El salto fue de cuatro puntos porcentuales en comparación con 2023, y se da en el contexto del primer año del programa económico libertario.
El informe, elaborado por la Universidad Católica Argentina (UCA), expone que este deterioro no es aislado, sino que forma parte de una tendencia creciente iniciada en 2018, con picos durante la pandemia y un agravamiento aún más fuerte en 2024. La inseguridad alimentaria, explican, está vinculada directamente con el nivel de ingresos, el tipo de trabajo y la calidad del empleo.
De la deuda al hambre: tres ciclos de retroceso
El estudio divide la evolución de esta problemática en tres etapas:
Entre 2010 y 2017, el 20% de la infancia estuvo expuesta a inseguridad alimentaria, con la mitad de ese grupo viviendo situaciones severas: episodios concretos de hambre en sus hogares.
Entre 2017 y 2020, el indicador se disparó 15 puntos. Fue el momento del retorno al endeudamiento con el FMI bajo la gestión de Mauricio Macri, lo que derivó en un deterioro sostenido del poder adquisitivo. A esto se sumó la pandemia, que agravó la crisis alimentaria.
De 2020 a 2024, si bien hubo una estabilización relativa post pandemia, el índice no bajó del 30%. El nuevo pico, del 36%, se produjo en el primer año de gobierno de Javier Milei. Dentro de esa cifra, el 16,5% de niños y niñas se vio afectado por formas severas de inseguridad alimentaria, es decir, reducción o privación directa de comida.
“El impacto de programas como la AUH y la Tarjeta Alimentar fue limitado frente al peso de factores estructurales como la precarización laboral”, señalaron desde el ODSA-UCA.
Más informalidad, menos comida
El informe de la UCA se cruza con otro relevamiento del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), conducido por Claudio Lozano, que advierte que la informalidad laboral creció 1,2 puntos durante el primer año de la presidencia de Milei. Esto se traduce en un mayor número de hogares sin ingresos estables, lo que impacta directamente en la capacidad de garantizar la alimentación.
La AUH fue el instrumento elegido por el Gobierno para contener mínimamente la conflictividad social, pero mientras tanto, la Tarjeta Alimentar sufrió recortes importantes. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), entre enero y junio de 2025 el gasto destinado al programa cayó 18,4%.
Además, el valor de la prestación se mantuvo congelado desde junio de 2024, acumulando una pérdida de poder de compra del 23,4% interanual. Sólo en septiembre hubo una ampliación del universo de beneficiarios, pero sin una mejora en los montos.
Precarización estructural: el modelo Milei
El hambre golpea más fuerte en los hogares donde el empleo es informal. En 2024, la inseguridad alimentaria en ese segmento alcanzó el 51%, frente al 43% en 2019.
El retroceso también se nota en los datos de empleo. Según el IPyPP, entre noviembre de 2023 y marzo de 2025 se destruyeron 195.700 puestos de trabajo formales, incluyendo el trabajo registrado en casas particulares. A su vez, la tasa de desocupación pasó del 5,7% a fines de 2023 al 7,9% en marzo de 2025.
“El modelo económico libertario consiste en estrangular la producción local. Desde que asumió Milei, cerraron 15.000 empresas. Mientras crecen los sectores extractivos como el agro, la minería y el petróleo, se desploman la construcción (-19%), la industria (-17%) y el comercio (-7,3%)”, señaló el IPyPP.
Más pobreza, menos acceso al agua y al saneamiento
Al deterioro laboral y alimentario se le suma un empeoramiento de las condiciones de vida estructurales, según el último informe del Indec.
A fines de 2024, 1.244.000 personas vivían en condiciones de hacinamiento crítico, frente a 1.218.000 el año anterior. También aumentaron los hogares sin acceso a saneamiento adecuado (12,8%) y sin conexión a la red de agua potable (855.000 personas), en comparación con 839.000 en 2023.
Cada punto porcentual en estos indicadores representa a cientos de miles de personas en situación de vulnerabilidad extrema. El primer año del Gobierno de Javier Milei profundizó todos los indicadores de pobreza estructural, y puso en riesgo los derechos más básicos de la infancia en Argentina.
La Nueva Comuna