El Gobierno nacional oficializó este martes la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos que formaban parte de áreas clave del Estado, en el marco del llamado «plan motosierra» que impulsa la administración de Javier Milei desde su llegada al poder.
La medida, publicada en el Boletín Oficial N.º 35.702, impacta sobre sectores estratégicos como la salud, el transporte, la agroindustria, la industria y la seguridad vial. Según la normativa, las funciones esenciales de los entes suprimidos serán reasignadas a los ministerios y secretarías correspondientes, mientras que los trabajadores conservarán sus cargos hasta que se definan las nuevas estructuras administrativas.
Entre los organismos que fueron disueltos se encuentran la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, cuya estructura será absorbida por la Subsecretaría de Transporte Automotor, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), cuyas funciones se dividirán entre la Secretaría de Transporte y la Gendarmería Nacional. También fue eliminada la Dirección Nacional de Vialidad, cuyas competencias pasarán al Ministerio de Economía y a la nueva Agencia de Control de Concesiones.
El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) también dejarán de existir como estructuras autónomas y quedarán bajo control del Ministerio de Economía. En el área de salud, se eliminaron las Delegaciones Sanitarias Federales, el Instituto Nacional de Medicina Tropical —cuya eliminación se justificó por superposición de funciones y falta de resultados concretos—, el Instituto Nacional de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares y los hospitales del sistema SAMIC, todos ellos transferidos al Ministerio de Salud.
También fue disuelta la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), cuyas funciones pasarán a la ANMAT y al Ministerio de Economía. El Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Comisión Nacional de Semillas fueron eliminados y sus responsabilidades serán absorbidas por la Secretaría de Agricultura.
En cuanto a las transformaciones institucionales, varios organismos fueron reestructurados para funcionar como unidades internas dentro de otras dependencias. El Instituto Nacional del Cáncer, por ejemplo, se convertirá en una unidad organizativa del Ministerio de Salud. Lo mismo ocurrirá con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que pasará a depender de la Secretaría de Industria, y con el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que será reubicado bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) fue transformada en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Por su parte, la Junta de Seguridad en el Transporte fue reemplazada por la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, que ahora limitará sus funciones exclusivamente a la investigación aeronáutica.
Además, se anunció la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), un nuevo ente que tendrá bajo su control la gestión de los hospitales nacionales Posadas, Sommer, Carrillo, el INAREPS y el hospital de salud mental Bonaparte. Según el Ejecutivo, esta centralización busca “optimizar el uso de recursos y fortalecer las capacidades asistenciales”.
De acuerdo a los considerandos de la norma, las decisiones se basaron en un diagnóstico que identificó un crecimiento “desproporcionado” en la cantidad de organismos descentralizados y personal estatal, que pasó de 35.481 agentes en 2010 a 88.095 en 2024. También se señalan irregularidades administrativas, duplicidad de funciones y carencia de control interno en varias de las estructuras desactivadas.
Las competencias remanentes serán redistribuidas entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, la ANMAT y las secretarías de Agricultura, Industria y Transporte, según corresponda en cada caso. Los bienes inmuebles, vehículos y otros activos sin uso serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su venta o reasignación, mientras que los fondos líquidos disponibles pasarán directamente al Tesoro Nacional.
El Poder Ejecutivo instruyó además a los ministerios involucrados a presentar en las próximas semanas propuestas para adecuar sus estructuras organizativas, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios públicos y absorber las funciones de los organismos eliminados.
La medida profundiza el desguace del Estado impulsado por el oficialismo, y ha encendido alertas sobre el posible despido de miles de trabajadores públicos, pese a que en los documentos oficiales aún no se explicita el alcance final de la reestructuración en términos laborales.
La Nueva Comuna