Una aeronave privada operada por la empresa Royal Class, vinculada al empresario Leonardo Scatturice —nuevo titular de Flybondi y figura cercana al oficialismo— aterrizó en Argentina con serias anomalías en los procedimientos de control. El vuelo llegó desde Estados Unidos el pasado 26 de febrero y, según una investigación judicial en curso, ingresó diez valijas sin pasar por los escáneres ni ser sometidas a los controles de Aduana.
Pese a que el gobierno había negado cualquier tipo de irregularidad, un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) reveló imágenes y registros que desmienten esa versión. Según el documento, sólo se declararon cinco bultos en el sistema, cuando las cámaras de seguridad captaron el ingreso de diez.
Una escena fuera de protocolo
El jet privado modelo Bombardier Global 5000 aterrizó esa mañana en el Aeroparque Jorge Newbery. A bordo viajaban Laura Belén Arrieta, ejecutiva de OCP TECH, y dos tripulantes: José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto. El avión permaneció en territorio argentino hasta el 5 de marzo, cuando partió rumbo a Europa, supuestamente con destino a Estados Unidos pero en realidad vía París, haciendo escala en Tenerife, según revelaron los investigadores.
Durante su estadía en el país, se sumó al grupo Víctor Germán Du Plooy, otro ejecutivo de la misma compañía, quien había arribado en un vuelo comercial a Ezeiza el 3 de marzo.
La fiscalía detectó múltiples inconsistencias en los registros migratorios y en los movimientos declarados del avión. Por ejemplo, se consignó falsamente que el vuelo llegó desde Fort Lauderdale cuando en realidad despegó desde el aeropuerto de Opa-locka (KOPF).
Aduana en la mira
Uno de los puntos más delicados del expediente refiere al rol de la Aduana. Según las imágenes presentadas por la PIA, la pasajera y la tripulación fueron escoltadas fuera del área de control sin pasar por los escáneres, a pesar de que el lugar se encontraba sin aglomeraciones. “El desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero (…), adoptada a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección”, indica el informe.
Además, el documento judicial destaca que el resto de los pasajeros que transitaban el mismo sector sí fueron sometidos a controles de rutina, lo que pone en evidencia un trato diferencial sin justificación operativa.
Funcionarios presentes y cámaras con “huecos”
La investigación también apunta a determinar quiénes presenciaron la escena. “Este hecho se produjo ante la mirada de funcionarios encargados del control, que no solo presenciaron la situación, sino que también facilitaron activamente el acceso exclusivo del grupo”, sostiene el dictamen.
En contraste con lo declarado por Royal Class —que aseguró que el avión no fue visitado por terceros durante su estadía en el país—, las grabaciones del hangar analizadas por la Policía Federal revelan “huecos temporales” que impidieron monitorear el estado y movimientos de la aeronave de forma continua. Además, la Justicia subrayó que el procedimiento de “sellado” del avión careció de respaldo oficial.
El celular, otro dato clave
Uno de los momentos que más llama la atención de los fiscales es el accionar de Arrieta al descender del avión. En las imágenes recolectadas, se la ve entregando un celular a una agente de Aduana, quien respondió con un gesto de aprobación. La fiscalía pidió identificar a la funcionaria implicada y determinar si existió algún tipo de maniobra para evitar que el dispositivo fuera controlado.
La defensa de la empresa
Desde la empresa COC Global, propietaria del jet involucrado, emitieron un comunicado en el que aseguraron que “el avión recibió todos los controles migratorios y aduaneros correspondientes tanto al salir de Estados Unidos como al arribar a Argentina”. La compañía también afirmó que la aeronave permaneció “cerrada con llave en un hangar videovigilado” durante su estadía, y que no hubo “ninguna falta de controles”.
Sin embargo, la evidencia acumulada por la fiscalía contradice esa versión y sostiene la hipótesis de que el vuelo podría haber sido parte de una maniobra irregular para ingresar bienes al país sin declarar.
La causa judicial sigue en curso y se esperan nuevas declaraciones de los involucrados, tanto del entorno empresarial como de los organismos públicos que debían garantizar los controles.
Con información de TN
La Nueva Comuna