El Gobierno y sus aliados judiciales apelan a la figura de “intimidación pública” por un tuit. Pero no muestran el mensaje, ni dicen quién fue arrestado. Las únicas pruebas conocidas: que el hombre lee. Y entre sus lecturas, aparece Ernesto Guevara. Increíble. Si se midiera a Milei con la misma vara por sus posteos en X, ¿cuántos años de cárcel tendría?
Según información breve y poco precisa difundida por medios cercanos al oficialismo, este jueves por la noche fue detenido un hombre de 37 años en Berazategui, acusado de haber “amenazado” al presidente Javier Milei a través de la red social X (antes Twitter).
La narración oficial indica que la División de Conductas Tecnológicas Ilícitas de la Policía de la Ciudad investigó presuntas amenazas en redes y logró localizar al supuesto autor en un domicilio ubicado en la calle Vergara, en el sur del conurbano bonaerense.
La causa recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12 de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo, quien recientemente no logró su intento de ser designado en la Corte Suprema. Para concretar el arresto también intervino el juzgado federal de Quilmes, bajo la órbita del juez Luis Armella. Según la versión oficial, el delito imputado es “intimidación pública” y el hombre permanece detenido, aunque no incomunicado.
¿Qué pasó exactamente? ¿Quién es el acusado? ¿Dónde están las pruebas?
Una regla básica del periodismo —las famosas 5 W en inglés— indica que toda nota debería responder al menos cinco preguntas esenciales: qué, quién, dónde, cuándo y por qué. En este caso, ninguna de esas respuestas aparece con claridad.
Medios como Clarín e Infobae replicaron la versión gubernamental sin siquiera formular las preguntas elementales. ¿Cuál fue la supuesta amenaza? ¿Dónde está el tuit que motivó la detención? ¿Quién es la persona detenida?
Hasta ahora, ni una sola fuente oficial mostró el posteo que habría justificado semejante operativo. Ni una captura de pantalla. Tampoco revelaron la identidad del acusado, que siendo mayor de edad y con un presunto delito menor —una publicación en redes— no parece tener justificación para ese nivel de reserva.
Persecución ideológica
En cambio, lo que sí difundieron con énfasis fueron los elementos que secuestraron en el allanamiento: un teléfono celular, dos CPU, una notebook… y libros del Che Guevara. Según la versión oficial, eso bastaría como indicio de peligrosidad.
El video de la detención, filmado y editado para difusión mediática, muestra a un grupo de agentes ingresando con despliegue cinematográfico al domicilio, mientras el rostro del acusado aparece pixelado.
La escena podría parecer un sketch si no fuera un síntoma grave: la criminalización de las ideas y la represión selectiva contra quienes no comulgan con el discurso oficial.
Esta no es la primera vez que se utiliza la figura de “intimidación pública” como pretexto para judicializar la protesta o la opinión disidente. Lo mismo ocurrió el año pasado, cuando el fiscal Carlos Stornelli procesó a 33 personas detenidas en una manifestación contra la Ley Bases. Todas fueron luego sobreseídas, y la propia jueza María Servini sugirió al fiscal una investigación más seria.
Casos similares ocurrieron también en marzo, cuando la Gendarmería reprimió una protesta de jubilados y detuvo al médico psiquiatra Alejandro Todaro, a quien luego se intentó vincular —sin pruebas— con “barrabravas”, en un claro intento de desacreditar su figura.
Un patrón que se repite
La ministra Patricia Bullrich, al frente del área de Seguridad, tiene un largo historial en el uso del aparato represivo del Estado para fabricar enemigos. En 2017, ya había ordenado detener a un joven por publicar un cántico futbolero contra Mauricio Macri. Mientras tanto, protegía a uniformados implicados en los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
En 2024, con apenas semanas de gestión, volvió a activar un operativo pomposo: detuvo a tres personas acusadas de integrar una “célula terrorista” que planeaba atacar instituciones judías. Días después, todos quedaron en libertad: no se conocían entre sí ni existían pruebas concretas.
El patrón se repite: detenciones sin sustento, causas armadas, shows mediáticos y ausencia total de garantías.
¿Quién intimida a quién?
El gobierno de Milei y su ministra avanzan en la estigmatización de quienes opinan distinto. Y lo hacen sin ruborizarse, mientras el propio presidente utiliza sus redes para lanzar ataques, difamaciones y amenazas simbólicas —y a veces no tan simbólicas— contra cualquiera que cuestione su accionar.
Si se aplicara la misma lógica judicial sobre la que se sostiene esta detención, ¿qué condena le correspondería a Milei y a su ejército de trolls liberales, que inundan las redes con mensajes de odio?
La represión disfrazada de legalidad es una práctica vieja. Pero en tiempos como los actuales, cuando el poder se ejerce sin pudores ni contrapesos, resulta todavía más urgente señalarla. Porque hoy fue un tuitero con libros del Che. Mañana puede ser cualquiera que simplemente disienta.
La Nueva Comuna