MEMORIA & DDHH

Casación confirmó las condenas a cinco prefectos del Grupo Albatros por el crimen de Rafael Nahuel

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó las sentencias contra los cinco efectivos de la Prefectura Naval Argentina involucrados en el asesinato del joven mapuche en Bariloche.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este martes la condena contra cinco miembros del Grupo Albatros, responsables del operativo represivo en el que fue asesinado Rafael Nahuel, un joven mapuche de 22 años que recibió un disparo por la espalda en Lago Mascardi, el 25 de noviembre de 2017.

La decisión judicial refrenda el fallo dictado por el Tribunal Oral Federal de General Roca en diciembre de 2023, que halló culpables a los agentes por el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa.

Según confirmó el periodista Ariel Zak en el programa Minuto Uno de Gustavo Sylvestre, Casación avaló la sentencia que deja en evidencia la brutalidad del accionar estatal durante aquel operativo, que terminó no solo con la muerte de Nahuel, sino también con lesiones de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña.

En ese entonces, el Ministerio de Seguridad de la Nación estaba a cargo de Patricia Bullrich, quien defendió públicamente el accionar de las fuerzas.

Además de confirmar la responsabilidad penal de los uniformados, el tribunal ordenó al TOF de Roca establecer las penas concretas para los cinco condenados: Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, todos ellos inhabilitados para ocupar cargos públicos.

Durante el juicio oral y público —conformado por los jueces Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava— se determinó que cuatro de los prefectos actuaron como partícipes necesarios, mientras que uno fue señalado como autor material del disparo mortal.

Las condenas, si bien corresponden al tipo penal más severo previsto para este caso, no superan los cinco años y ocho meses de prisión, ya que esa es la pena máxima contemplada para el delito de homicidio agravado por exceso en la legítima defensa, según la legislación vigente.

Este fallo se suma a una serie de causas en las que la Justicia avanza en el esclarecimiento de crímenes cometidos por fuerzas de seguridad en contextos de represión estatal, especialmente contra comunidades originarias. El caso Nahuel —como el de Santiago Maldonado— ha sido uno de los más emblemáticos de los últimos años en materia de derechos humanos y violencia institucional.

La Nueva Comuna

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