La Asociación de Suboficiales Argentinos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (ASUBA) emitió este lunes una severa misiva pública dirigida al ministro de Defensa, Luis Petri, en la que cuestionan con dureza su exposición reciente en el Congreso. Allí, el funcionario minimizó la crítica situación que atraviesan las Fuerzas, lo que generó un fuerte malestar entre el personal subalterno.
Tal como se había adelantado, las declaraciones de Petri provocaron una fractura interna entre los militares, quienes lo acusan de haber «vendido humo» y de no haber concretado ninguna de las promesas que formuló desde que asumió el cargo.
En el texto difundido, los suboficiales expresan su «profunda indignación y alarma» ante el deterioro salarial —los ingresos se encuentran por debajo de la línea de pobreza— y el vaciamiento del IOSFA, la obra social que los asiste. Criticaron que durante su intervención legislativa, Petri «reconoció la grave situación económica del IOSFA y confirmó lo que muchos temíamos: que la equiparación salarial para el personal militar recién se concretaría hacia finales de 2027».
«Esta afirmación no es una cuestión técnica: es cruel. Es negar el derecho esencial a una vida digna para miles de hombres y mujeres que siguen cumpliendo con su deber, aun cuando no pueden afrontar gastos básicos como el alquiler, la comida o los medicamentos», enfatizaron.
En la carta, también remarcaron: «El contexto está a la vista y las justificaciones ya no alcanzan. Usted mismo admitió que el IOSFA arrastra una deuda superior a los $120.000 millones, que se suspendieron dos tramos del plan de equiparación aprobado en 2023 y que el gobierno nacional sólo planea completarlo al término del mandato actual».
Además, los suboficiales denunciaron desigualdades internas: «Hoy existen brechas salariales inadmisibles entre miembros que realizan tareas equivalentes, simplemente por estar bajo diferentes ministerios. Las Fuerzas Armadas dependen del Ministerio de Defensa, mientras que las Fuerzas de Seguridad Federales, como la Policía Federal Argentina, están bajo el Ministerio de Seguridad. ¿Eso justifica que un suboficial del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea o la Gendarmería perciba entre un 25% y un 40% menos que su par en la Policía Federal, teniendo la misma jerarquía, antigüedad y nivel de responsabilidad?».
«¿Por qué dos servidores públicos, con la misma vocación, la misma disponibilidad y los mismos riesgos, deben cobrar sueldos diferentes sólo por portar otro uniforme o pertenecer a otro ministerio?», se preguntaron.
En otro pasaje del comunicado, señalaron que la brecha no es únicamente económica: «También es moral. Hay suboficiales que se endeudan cada mes para sobrevivir, retirados que deben vender sus bienes para cubrir una operación, madres militares que no pueden costear los medicamentos de sus hijos, clínicas y laboratorios que cortaron convenios en varias provincias por la deuda del IOSFA, y veteranos que mueren esperando un reintegro que nunca llega».
El texto cuestiona directamente el balance que hizo Petri ante la Comisión de Defensa, donde se autocomplació por las compras de equipamiento militar y los préstamos otorgados a través del Instituto de Ayuda Financiera (IAF).
«Lo que no dijo es que los créditos del IAF están fuera del alcance del personal subalterno, cuyos sueldos por debajo de los $900.000 hacen inviable asumir esos compromisos sin comprometer la mayor parte de sus ingresos», denunciaron.
También advirtieron que «no explicó qué acciones se han tomado contra los responsables del colapso financiero del IOSFA en menos de un año, ni detalló ningún plan concreto para revertir el vaciamiento. Tampoco mencionó que el Estado nacional no aporta al IOSFA, a pesar de tratarse de una obra social que atiende a más de 550.000 personas».
Por eso, desde ASUBA reclamaron a Petri que si realmente busca reivindicar a las Fuerzas Armadas, debe comenzar por lo esencial: «garantizar su bienestar integral, más allá de las compras de armamento. La revalorización no puede limitarse al plano militar. Debe ser también humana, sanitaria, salarial y concreta».
En esa línea, exigieron «retomar de inmediato el proceso de equiparación salarial, aplicando retroactividad a los tramos suspendidos; unificar las escalas entre todas las fuerzas sin importar su dependencia ministerial; otorgar un aumento de emergencia para los rangos más bajos; realizar una auditoría externa urgente del IOSFA; e incorporar con voz y voto a representantes de suboficiales activos y retirados en su directorio».
«Reconocer el problema ya no alcanza. Es hora de actuar. Usted puede pasar a la historia como quien reparó una injusticia histórica, o como otro más que dio la espalda mientras miles caían en la pobreza, la frustración y el abandono. Nosotros ya tomamos una decisión: vamos a seguir hablando, no vamos a callarnos, no vamos a rendirnos», concluyeron.
Este escenario alimenta las versiones que circulan en ámbitos militares sobre una posible salida de Petri del ministerio después de las elecciones, con la intención de relanzar su carrera política en Mendoza. Algunos incluso recuerdan las históricas protestas de 2012, protagonizadas por suboficiales junto a la Gendarmería y la Prefectura.
La Nueva Comuna