Desde siempre, el capital industrial y financiero —y su correlato político en los sectores conservadores— ha buscado impedir la emergencia del sindicalismo, bloquear su acción colectiva o directamente eliminarlo. La fuerza que representa el sindicalismo como contrapoder pone en jaque la lógica de ganancias ilimitadas y desafía la inexistencia de un actor que dispute activamente la distribución de la riqueza entre capital y trabajo.
En términos sociales, el sindicato es una prueba concreta del límite del individualismo liberal y una evidencia material de que la riqueza puede y debe ser discutida colectivamente.
El nivel de hostilidad hacia esta herramienta de organización obrera se intensifica en contextos de crisis del capital —actualmente dominado por la especulación financiera— y cuando peligra la rentabilidad obscena que solo puede sostenerse suprimiendo derechos laborales.
Sindicatos: ¡fuera de escena!
Aclaración: las críticas a los déficits de representación gremial o a las burocracias sindicales no justifican la desaparición de los sindicatos.
En definitiva, lo que propone la derecha es una economía sin sindicatos y una sociedad sin trabajadores, solo con “emprendedores”.
Desde la creación del derecho social y las primeras normas laborales, la reacción corporativa empresaria fue clara y contundente.
En la Argentina del modelo agroexportador, la amenaza al orden establecido vino de la mano de los inmigrantes europeos con ideas socialistas o anarquistas, ya marcados por los efectos de la Revolución Industrial. El gobierno conservador respondió con la Ley de Residencia de 1902, que habilitaba la expulsión de quienes “alteraran el orden”. Entre esas conductas subversivas se encontraba, por supuesto, la huelga.
El ideal de orden era un trabajador disciplinado, resignado, pobre, sin derechos, sometido a condiciones infrahumanas y forzado a negociar de forma individual —o mejor dicho, a aceptar lo impuesto por el patrón—. Ese era el escenario perfecto para un modelo económico primario y concentrado: crecimiento sin redistribución.
Con el tiempo, el mundo cambió. El Estado también, y el derecho laboral avanzó.
Más allá de las discusiones sobre si esos derechos fueron una concesión ante el avance comunista —un argumento reiterado— o una conquista arrancada con sangre en la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde o miles de luchas anónimas, lo cierto es que el derecho colectivo del trabajo atravesó tres fases:
Represión y castigo: toda acción sindical era delito penal.
Tolerancia condicionada: el ejercicio sindical, como la huelga, era considerado un incumplimiento contractual del trabajador.
Legalización y reconocimiento constitucional: los antiguos delitos se convirtieron en derechos protegidos por el Estado social.
Hoy estamos viendo un preocupante retroceso, una nueva etapa de criminalización de la actividad gremial.
Ya en el siglo XIX, la Iglesia advertía sobre los peligros de la explotación y la mercantilización del ser humano sin organización colectiva. La encíclica Rerum Novarum, publicada por León XIII en 1891, fue un hito. Luego vino el fin de la Primera Guerra Mundial, la fundación de la OIT, y el reconocimiento de que no se podía seguir produciendo con trabajadores desechables.
En nuestro país, la reacción empresarial ha sido históricamente feroz y cargada de desprecio de clase. Desde Patrón Costas, que repudiaba que un obrero pudiera exigirle algo mirándolo a los ojos, hasta la UIA en 1913, que advertía quiebras inminentes si se reducía la jornada a 8 horas. Incluso se discutía si los obreros merecían el descanso dominical, porque “carecían de vida espiritual”.
Hoy, el discurso se volvió más pulido, pero el fondo es el mismo.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, se instaló el culto al sacrificio como valor moral y se desató un proceso de persecución, estigmatización y espionaje ilegal contra sindicatos. Los grandes medios hablaban de “vacaciones mentales”, “salario emocional”, “jubilación a los 80” y el supuesto estilo de vida sustentable en 18 m² o alimentándose con tierra.
Para que el ajuste sea viable, había —y hay— que destruir a los sindicatos, actores colectivos que resisten la pérdida de conquistas laborales. De ahí también surge la famosa frase del entonces ministro de trabajo de María Eugenia Vidal, reclamando una “Gestapo sindical”.
Ese discurso hoy no solo persiste: se ha blanqueado. Forma parte de la narrativa del actual gobierno de La Libertad Avanza, que impulsa una sistemática demonización del sindicalismo. El macrismo le allanó el camino.
¿Cómo se traduce esto en la práctica legislativa?
En la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, legisladores del oficialismo, el PRO y la UCR promueven proyectos que buscan asfixiar financieramente a los sindicatos, con excusas como la “lucha contra la corrupción”, imponiendo requisitos excesivos para elegir delegados o eliminando cláusulas de solidaridad en los convenios.
Se intenta debilitar por todos los medios a las organizaciones gremiales: devaluando el salario, evitando homologar paritarias por encima del 1% mensual, promoviendo la precarización, y mediante modificaciones normativas vía DNU o resoluciones.
Ejemplos sobran: el DNU 70/23, que criminaliza la protesta; la reforma del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo en la Ley Bases, que habilita el despido de quienes participen en bloqueos o tomas; o el DNU 340/25, que extiende absurdamente la definición de “servicios esenciales”, obligando a garantizar el 75% de funcionamiento y vaciando así el derecho constitucional a la huelga.
Si logran desmontar los tres pilares del derecho colectivo —libertad sindical, negociación colectiva y derecho a huelga—, consolidarán esa utopía reaccionaria: un mundo sin sindicatos.
La responsabilidad de evitarlo recae en la organización gremial, social y política. La historia muestra que resistir no solo es posible, sino necesario.
La Nueva Comuna