Cuatro años después del ataque explosivo contra el Ateneo Néstor Kirchner, una causa por homicidio expuso la trama encubierta de “Nueva Soberanía”, una agrupación neonazi con base en Bahía Blanca que proyectaba crecer territorialmente, contaba con logística propia, difundía mensajes de odio y desarrollaba una estructura armada.
La madrugada del 25 de mayo de 2021 Bahía Blanca se vio sacudida por una explosión. Durante mucho tiempo fue un atentado sin responsables, silenciado por la inacción judicial y el abandono estatal. Pero un crimen posterior destapó una red ultraderechista con características terroristas, que se desarrollaba silenciosamente en un contexto político cada vez más hostil hacia la democracia. ¿Cuántos otros casos similares permanecen ocultos?
Aquella noche no fue solo una efeméride patria. A las tres de la mañana, una detonación arrasó el local peronista del Ateneo Néstor Kirchner. Solo el azar evitó víctimas: la sede estaba vacía. La explosión fue un mensaje violento, una advertencia contra la participación política y la memoria colectiva.
Durante más de tres años, el caso navegó en la impunidad. La justicia federal lo dejó estancado, las cámaras de vigilancia fallaron misteriosamente, y el expediente se archivó con una sentencia indignante: “Hay poco y nada”. Esa frase no solo revela negligencia, sino una permisividad alarmante que deja crecer el odio en las sombras.
Todo cambió con el asesinato de Emanuel Alarcón. El principal acusado, Pablo Dahua, pasó de ser un personaje secundario en el mapa político local a una pieza clave de una organización armada. En su vivienda, la policía encontró explosivos listos para usar, armas de guerra y material propagandístico de inspiración nazi. Una escena digna de una serie sobre extremismo violento, pero real y cercana.
Lo que parecía un conflicto por tierras derivó en la revelación de “Nueva Soberanía”: no se trataba de individuos sueltos, sino de un colectivo organizado, con estructuras internas, roles jerarquizados, adoctrinamiento y entrenamiento. Una agrupación que utilizaba herramientas políticas mientras preparaba actos de violencia, captaba jóvenes mediante entrevistas ideológicas y distribuía panfletos con simbología nazi.
La justicia federal finalmente actuó. En octubre de 2024, la jueza María Gabriela Marrón procesó a Dahua por su participación directa en el ataque al Ateneo. Lo calificó como “miembro de un colectivo antidemocrático, de ultraderecha y extremista”, y dejó claro lo que muchos ya intuían: no se trató de un hecho aislado, sino de una acción planificada.
El proyecto contemplaba unirse a otro grupo extremista, “Faro Austral”, para dividir funciones entre una estructura política y otra militar. Planeaban mucho más que la difusión de panfletos: pretendían “controlar territorios”, evaluaban “volar puentes”, discutían tácticas paramilitares. Las pruebas son contundentes, los audios escalofriantes. Y lo más inquietante es que todo esto ocurrió dentro de una democracia, mientras se agitaban consignas libertarias y se ridiculizaba la política como “la casta”.
Ese es el caldo de cultivo para estas expresiones de odio. La deslegitimación constante de la política, la negación de los derechos humanos, el discurso de desprecio al otro. Cuando un gobierno como el de Javier Milei reivindica la dictadura, minimiza el terrorismo de Estado y estigmatiza la militancia, el clima de permisividad se instala. Y los sectores antidemocráticos se sienten autorizados a actuar.
Mientras se desmantelan ministerios como el de Mujeres, se recortan fondos a la universidad pública y se criminaliza la protesta social, la ultraderecha avanza en silencio. Así lo hizo “Nueva Soberanía”, que incluso logró penetrar sindicatos y partidos políticos. Dahua trabajaba en el área de comunicación de ATE y participaba en movilizaciones del PJ y de espacios de izquierda. No era un marginal: era un infiltrado, un operador del extremismo.
La impunidad fue su aliada durante años. La fiscalía minimizó los hechos. El fiscal Santiago Ulpiano Martínez llegó a declarar que solo se trataba de “una sede de La Cámpora”, como si eso relativizara el hecho. Como si pertenecer a una organización política volviera aceptable ser blanco de un atentado. Ese tipo de argumentación habilita el terrorismo selectivo, la persecución ideológica y el retorno del “algo habrán hecho”.
Tras el asesinato de Alarcón, surgieron más vínculos: ataques al centro cultural mapuche “Ruka Kimun”, al domicilio de un funcionario de salud, y pintadas antisemitas previas al atentado del Ateneo. Todo con un patrón común, un mismo estilo y una ideología basada en el exterminio del otro.
Y la amenaza persiste. Porque los elementos encontrados no eran reliquias: estaban en condiciones de uso. Había planes, había blancos, había coordinación. Solo un giro fortuito impidió una tragedia mayor.
En un país donde el “Nunca Más” es un pacto fundante, este caso debería ser un llamado urgente. ¿Cuántas señales más hacen falta para que el Estado reaccione? ¿Qué otra explosión se necesita para que la justicia despierte? ¿Cuántas organizaciones como “Nueva Soberanía” siguen operando en las sombras?
No se trata solamente de juzgar a Dahua o Rosales. Se trata de comprender que existe un proyecto autoritario que rechaza las reglas democráticas y pretende gobernar mediante el miedo. Ese proyecto se fortalece cuando las instituciones lo minimizan, lo niegan o lo consienten con su silencio.
Hoy, a cuatro años de aquel atentado, hay que decirlo sin eufemismos: la ultraderecha se expande cuando la democracia se debilita. Y mientras el gobierno de Milei persiga a la política, a la organización social y a la militancia, el odio seguirá creciendo. Porque el odio, para actuar, no necesita mayoría: le basta con la impunidad.
La Nueva Comuna