En octubre de 2021, Pablo Dahua ejecutó a Emanuel Alarcón con un disparo a quemarropa en un aparente conflicto vinculado a la disputa de tierras. Un hecho que, en principio, podría haber sido encuadrado dentro de los crímenes comunes de violencia interpersonal. Sin embargo, aquel asesinato se convirtió inesperadamente en la llave que destrabó una pesquisa mucho más profunda: la que conecta con el atentado contra el Ateneo Néstor Kirchner, ocurrido hace exactamente cuatro años.
Luego de su detención, un allanamiento de rutina en la casa de Dahua reveló un arsenal de armas, explosivos y folletería con simbología nazi. Según detalló el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, algunos de los explosivos hallados eran «similares a los usados en los atentados del 2021» y se encontraban incluso «listos para detonar».
Así, lo que parecía un crimen individual terminó siendo la puerta de entrada a una investigación mayor, que apuntó directamente a la autoría del atentado con explosivos del 25 de mayo de 2021 contra el Ateneo Néstor Kirchner, espacio central del peronismo bahiense y una de las unidades básicas más representativas de La Cámpora en el sudoeste bonaerense.
Un atentado que había quedado impune
A las 3 de la madrugada del 25 de mayo de 2021, una potente explosión sacudió Bahía Blanca. El estallido, que tuvo lugar en el Ateneo Néstor Kirchner, se oyó a más de cincuenta cuadras. La onda expansiva destrozó ventanas de departamentos cercanos, incluso en pisos elevados, y provocó daños estructurales severos en la histórica casona.
El objetivo no era menor. El Ateneo funcionaba como el principal centro de actividad del Frente de Todos en la ciudad, entonces segunda fuerza política local y parte del gobierno a nivel provincial y nacional.
La Unidad Antiterrorista de la Policía Federal clasificó el artefacto como de «alta letalidad», con componentes electrónicos sofisticados, posiblemente activado por control remoto o temporizador.
En la escena también se hallaron panfletos intimidatorios con mensajes amenazantes que hablaban de “comenzar una purga”.
Durante más de tres años, la causa no avanzó. Entre otras dificultades, se comprobó que al menos 38 cámaras de seguridad municipales estaban fuera de servicio al momento del ataque.
En ese contexto, el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez minimizó el hecho al referirse al Ateneo como una simple «sede de La Cámpora», restando importancia al atentado político, como si la adscripción partidaria del espacio disminuyera la gravedad del ataque con explosivos.
El fiscal reconoció públicamente que el expediente tenía «poco y nada», y declaró que había solicitado colaboración al FBI. Sin embargo, no hubo avances significativos hasta que el crimen de Alarcón iluminó la trama de fondo.
La conexión entre ambos casos
El fallo judicial contra Dahua subrayó elementos probatorios contundentes que lo vinculan con el atentado de 2021. Antes del ataque, Dahua había realizado búsquedas en la «dark/deep web» sobre «atentados perpetrados en otras partes del mundo» y sobre la «fabricación de explosivos y/o sistemas de iniciación».
La investigación también reveló que Dahua se había infiltrado en espacios políticos y sindicales. Su trabajo en el área de prensa de ATE le daba acceso a información sensible sobre actividades de distintas organizaciones. El expediente judicial incluye fotografías de su participación activa en movilizaciones del Partido Justicialista y grupos de izquierda.
El 24 de octubre de 2024, la jueza federal María Gabriela Marrón lo procesó con prisión preventiva, señalando que integraba un “colectivo antidemocrático, de ultraderecha y extremista”.
Nueva Soberanía: el armado detrás del atentado
Lo que quedó al descubierto fue que el atentado al Ateneo no fue obra de un «lobo solitario». Dahua era el líder local de Nueva Soberanía, una organización con estructura jerárquica y operativa, propia de una célula extremista organizada.
Lejos de tratarse de un grupo informal de fanáticos, Nueva Soberanía tenía roles definidos y una planificación meticulosa. Mantenían archivos sobre sus miembros y seguían protocolos internos para incorporar nuevos integrantes.
Dahua tenía un rol de conducción, con capacidad de acceso a explosivos y de coordinar acciones. Francisco Rosales, apodado «Pancho», actuaba como reclutador. Según audios incorporados a la causa, realizaba entrevistas estructuradas a potenciales miembros siguiendo criterios ideológicos y operativos.
Rosales fue procesado por «tomar parte en una asociación ilícita destinada a combatir ideologías por la fuerza o el temor» y por «actos discriminatorios». En el allanamiento a su casa, el 16 de septiembre de 2024, se encontraron volantes y panfletos de Nueva Soberanía, ejemplares de Mein Kampf, simbología nazi y evidencias digitales. Su celular tenía como patrón de desbloqueo una esvástica.
Ataques que se estaban gestando
El allanamiento en la vivienda de Dahua reveló una preparación en curso para nuevos ataques. La presencia de explosivos “listos para detonar” confirmó una fase operativa avanzada. Según interceptaciones, Nueva Soberanía planeaba una fusión con otra agrupación extremista, Faro Austral, con la intención de establecer una estructura dual: «una rama que se lance a la política y otra rama que sea el brazo armado».
Los objetivos iban desde el «control territorial» hasta acciones directas como “voladura de puentes” o “corte de rutas”. En los audios también se mencionaba a un “camarada” con entrenamiento militar, lo que refuerza la sospecha de posibles vínculos con personal de fuerzas armadas.
La investigación del homicidio permitió, además, establecer vínculos entre el atentado al Ateneo y otros ataques posteriores: al Centro Cultural Mapuche «Ruka Kimun» y al domicilio de un funcionario de Región Sanitaria. La coincidencia en el estilo y la redacción de los panfletos dejó en claro una misma matriz ideológica.
Los actos violentos seguían una lógica ascendente: desde pintadas antisemitas filmadas por la pareja de Rosales días antes del atentado, hasta el uso de explosivos de “alta letalidad”.
La aparición de panfletos idénticos en una marcha anticuarentena en Tandil, al día siguiente del atentado, sugiere que la red operativa superaba los límites de Bahía Blanca.
Una amenaza que sigue en investigación
La calificación de «asociación ilícita» que realizó la Justicia, junto a la mención de “otros todavía no identificados de forma fehaciente”, plantea preguntas inquietantes sobre el alcance de esta red. La organización contaba con logística, recursos técnicos y capacidad de acción sostenida en el tiempo.
La presencia de armas y explosivos durante años sin detección previa levanta dudas sobre las fuentes de financiamiento, los vínculos ocultos y el nivel de preparación alcanzado.
El crimen de Alarcón no solo desató una línea de investigación que permitió esclarecer el atentado de 2021. También interrumpió una escalada violenta en curso. La evidencia sugiere que Nueva Soberanía se preparaba para avanzar hacia una fase más ambiciosa de confrontación violenta.
La pregunta ya no es si Dahua y Rosales actuaron solos, sino cuántas células similares podrían estar operando en Bahía Blanca y otros puntos del país con metodologías análogas, recursos comparables y objetivos convergentes. El asesinato que permitió avanzar en la investigación reveló que el atentado al Ateneo Néstor Kirchner no fue un hecho aislado de violencia extremista, sino apenas la fisura por donde asomó una estructura de odio organizada, con capacidad operativa, vocación política y un proyecto de largo alcance.
Lo que aún no se sabe con certeza es hasta dónde puede escalar este tipo de violencia. ¿Cuál es el punto de quiebre? ¿Qué sucede si las amenazas, las intimidaciones, los atentados, los símbolos de muerte y exterminio, las armas, los explosivos, siguen siendo exhibidos como signos de poder e impunidad por parte de sectores de ultraderecha? ¿Qué sucede si el sistema institucional no logra contener, sancionar ni desactivar a tiempo estas ofensivas?
La ultraderecha continúa amedrentando sin consecuencias reales. Pero ya lo dijo Newton en su tercera Ley: «Cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud pero en dirección opuesta sobre el primero»
Frente a ese horizonte posible, acaso la verdadera urgencia consista en restaurar el principio de justicia y frenar, a tiempo, la naturalización del odio político como forma de intervención pública.
Nahuel Barros/
La Nueva Comuna