La presencia de funcionarios y personal militar de Estados Unidos en Tierra del Fuego, así como su creciente implicancia en el diseño y el futuro de una Base Naval en Ushuaia, no puede entenderse únicamente como parte de una estrategia militar global de una potencia extranjera. Sobre todo, representa una grave pérdida de soberanía y de control sobre una zona clave en el mapa geopolítico argentino.
Conviene subrayarlo: se trata del principal aliado de Gran Bretaña en la ocupación de las Islas Malvinas, que lleva ya 192 años. Es Estados Unidos quien, desde la OTAN, interviene en la determinación del poder bélico de la base militar de Mount Pleasant, en la Isla Soledad. Y fue también EE.UU. quien participó, junto a fuerzas británicas, de ejercicios militares en 2021 en el Atlántico Sur, utilizando los mismos submarinos nucleares que ahora busca desplegar en las aguas fueguinas.
Este movimiento posiciona a Washington muy cerca de bloquear el ingreso de China y Rusia al extremo austral del continente, reduciendo así la influencia comercial y diplomática de esas potencias en la región. Además, es evidente el interés estadounidense por los recursos estratégicos que ofrece esta zona: reservas de agua dulce, petróleo, minerales críticos y pesca, tanto en el Atlántico Sudoccidental como en el entorno antártico.
En las últimas 72 horas trascendieron detalles —no desmentidos ni por el gobierno argentino ni por la administración estadounidense— sobre los planos ya diseñados para la construcción de una Base Naval Integrada, con participación directa de EE.UU., que incluiría un Polo Logístico.
La ejecución del proyecto enfrenta por ahora obstáculos financieros, producto de la crítica situación económica, social y política que atraviesa el país bajo el gobierno de Javier Milei. En ese contexto, Estados Unidos ofrecería el financiamiento necesario para avanzar con las obras del enclave antártico, lo cual implicaría una nueva forma de endeudamiento a cambio de control estratégico.
El mero avance de estos acuerdos técnicos y planes de cooperación ya configura una cesión de soberanía, que vulnera tanto la integridad territorial argentina como el histórico reclamo nacional por los territorios ocupados por el colonialismo británico.
A comienzos de 2024, la excomandante del Comando Sur, General Laura Richardson, declaró públicamente el interés de EE.UU. en establecer presencia en la región por su proximidad a la Antártida y su valor geoestratégico. Sus afirmaciones fueron reveladoras.
La instalación de estructuras militares estadounidenses —en especial, a través de bases y operaciones navales en el sur argentino— representa un paso más hacia la consolidación de un dominio tecnológico y energético, cuyo objetivo final no se limita a lo económico, sino que incluye también el sometimiento político a los intereses de Washington.
Estados Unidos ha recurrido históricamente a su poder para establecer bases militares y firmar “acuerdos” logísticos que terminan condicionando la soberanía de los países anfitriones.
Argentina no puede seguir cediendo territorio ni poder de decisión a intereses externos, en un contexto donde las amenazas ya no son solamente militares, sino que comprometen directamente la integridad nacional y el reclamo sobre las Malvinas y la Antártida.
La Nueva Comuna