La administración de Javier Milei planea establecer, antes de que finalice el año, un nuevo sistema de subsidios para las tarifas de energía eléctrica y gas natural. El propósito es acelerar la reducción del gasto público y profundizar la desregulación del mercado energético. Según se desprende del reciente entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el esquema actual basado en tres niveles según ingresos sería reemplazado por una asistencia focalizada exclusivamente en hogares en situación de vulnerabilidad.
Esta modificación dejaría fuera del beneficio a unos 3 millones de usuarios de clase media en el caso de la electricidad, además de afectar a parte del segmento considerado vulnerable que, por no poder acreditar su situación, también quedaría excluido. Estas personas comenzarán a abonar la energía a un precio más elevado. Desde el área energética admiten que el Estado carece de información completa y que la tarea de entrecruzar datos resulta muy compleja, especialmente en el caso de quienes no están formalmente registrados.
Pese a esto, la implementación del nuevo régimen será progresiva. Por el momento, no se prevén modificaciones antes de fin de año, salvo que se imponga la necesidad de acelerar el ajuste fiscal, según fuentes oficiales. En las últimas semanas, la Secretaría de Energía aplicó reducciones graduales en los descuentos que se aplican sobre el precio de la energía para los usuarios residenciales. La escalada inflacionaria reciente y la cercanía con el calendario electoral son factores que inciden en la toma de decisiones.
Actualmente, seis de cada diez hogares acceden a tarifas subsidiadas. El esquema vigente clasifica a los usuarios en tres niveles: Nivel 1 (ingresos altos, sin subsidio), Nivel 2 (ingresos bajos) y Nivel 3 (ingresos medios). Según cifras del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), en diciembre había 9,5 millones de usuarios eléctricos con tarifa subsidiada: 6,3 millones en el Nivel 2 y 3,2 millones en el Nivel 3, sobre un total de 16,2 millones. En el caso del gas, 5,3 millones de los 9,5 millones de usuarios residenciales contaban con algún tipo de ayuda estatal, distribuidos en 3,1 millones en el Nivel 2 y 2,2 millones en el Nivel 3.
El criterio oficial es instaurar un esquema semejante al de la tarifa social implementada durante el gobierno de Mauricio Macri, con solo dos categorías posibles: quienes acceden al subsidio y quienes no.
La encargada de ejecutar el nuevo modelo será la secretaria de Energía, María Tettamanti. De acuerdo con las estimaciones del FMI, el gasto en subsidios energéticos pasará del 1,1% del PBI en 2024 al 0,5% en 2025, aunque aún no se definió un ritmo preciso para dicha reducción. En su primer año de gestión, Milei ya aplicó un ajuste equivalente a unos USD 3.000 millones, y aumentó los componentes tarifarios vinculados al transporte y la distribución. Como resultado, las distribuidoras mejoraron su situación financiera y reportan índices de cobrabilidad superiores al 95%.
Desde diciembre de 2023, las tarifas de electricidad se incrementaron un 264% y las de gas un 622%, según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet). Estos aumentos afectan a los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no reciben subsidios.
La eliminación del esquema actual también es necesaria para cumplir otro de los compromisos asumidos con el FMI: reformar el mercado mayorista eléctrico hacia noviembre de 2025, con el fin de fomentar la competencia y reducir las tensiones en la cadena de pagos del sector.
En línea con ese objetivo, la Secretaría de Energía dictó la Resolución 21/2025, que permite a las empresas firmar contratos de forma directa, sin intervención de la estatal CAMMESA. La propuesta busca retornar a un sistema de contratación libre, similar al de los años noventa, aunque genera resistencias dentro del oficialismo y plantea incertidumbres sobre el futuro de los subsidios.
CAMMESA ha sido un actor clave en el sistema energético durante las últimas dos décadas, adquiriendo energía de las generadoras y vendiéndosela a las distribuidoras, que luego cobran a los usuarios. Como muchos hogares no abonan el costo total del servicio, el Estado cubre la diferencia con transferencias a la empresa.
El nuevo modelo propone direccionar los subsidios directamente a los usuarios a través de sus facturas, lo que permitiría establecer acuerdos directos entre compradores y vendedores. Para ello, será necesario que las tarifas reflejen el costo real de producción y distribución.
CAMMESA ya saldó una deuda de USD 1.000 millones con las generadoras mediante la entrega de un bono en dólares (AE38), una operación clave para lograr el superávit fiscal de este año. También se pondrá en marcha un plan de pagos para regularizar una deuda adicional de USD 1.300 millones que mantienen las distribuidoras por energía entregada y no pagada, con incentivos para las compañías que estén al día.
En paralelo, la Secretaría de Energía está concluyendo el proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) con las empresas transportistas y distribuidoras. Este procedimiento establecerá un plan de inversiones, incrementos tarifarios y un mecanismo de actualización mensual. Se prevé una suba en términos reales, dividida en tres etapas.
La Nueva Comuna