Con argumentos consistentes, Dredging International NV Sucursal Argentina (DEME) presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, señalando los “graves defectos y arbitrariedades” en el proceso licitatorio.
Tras la presentación en el ámbito administrativo, el polémico proceso de licitación de la hidrovía llegó a la Fiscalía encargada de investigar posibles irregularidades en la gestión gubernamental.
DEME denunció ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (PIA) que el “pliego adolece de graves fallas y arbitrariedades que comprometen los principios básicos de transparencia e igualdad en los procesos de contratación pública”.
En su presentación, DEME alertó sobre el riesgo de que la licitación se transforme en una «mera formalidad», sin asegurar una competencia auténtica entre los oferentes bajo condiciones justas, razonables y no discriminatorias.
La empresa afirmó que el pliego está claramente diseñado para favorecer a Jan De Nul y su filial local, Compañía Sud Americana de Dragados, actual prestataria del servicio mediante una contratación directa otorgada por la Administración General de Puertos (AGP).
Esto ocurre en un contexto donde el Gobierno nacional planea disolver la AGP y fusionarla con la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, creando un nuevo organismo centralizado.
Observaciones técnicas y económicas
DEME subrayó que las actividades de dragado y balizamiento son prácticas estándar en la infraestructura fluvial, realizadas por numerosas empresas internacionales con experiencia técnica en proyectos de similar o mayor complejidad, que deberían poder participar en la licitación en condiciones de igualdad.
En su denuncia, la empresa destacó una serie de requisitos económicos y técnicos que considera «irrazonables» y diseñados para beneficiar al proveedor actual.
Principales observaciones del escrito:
Exigencias técnicas restrictivas: Se solicitan volúmenes mínimos realizados en un único proyecto con equipos propios, limitando injustificadamente la competencia.
Requerimientos de equipos innecesarios: Se exige acreditar una cantidad mínima de equipos propios para computar antecedentes, un criterio que distorsiona la experiencia técnica.
Experiencia específica desproporcionada: Incluye demandas sobre volúmenes totales de dragado, vías navegables similares, volúmenes máximos mensuales, y experiencia técnica en Argentina en los últimos 10 años.
Criterios financieros sesgados: Se sobrevaloran ratios financieros que favorecen a empresas con perfiles financieros específicos, coincidiendo con el actual contratista (Jan De Nul).
Evaluación arbitraria: No existen parámetros claros para evaluar la propuesta metodológica y el plan de trabajo, y las ofertas económicas son subvaloradas.
Plazo insuficiente: El plazo para presentar ofertas, definido en la Disposición 34, es incompatible con los tiempos propios de una licitación internacional.
Garantía de impugnación: Se impone un requisito contrario al principio de gratuidad previsto por la Ley de Procedimientos Administrativos, con montos irracionales.
Restricción a uniones transitorias de empresas: Se prohíben sin justificación válida.
Falta de participación ciudadana: No se contempla una etapa de observación ni mecanismos de consulta pública sobre el proyecto de pliego.
El rol de la PIA
La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas forma parte de la Procuración General de la Nación y se especializa en investigar actos de corrupción e irregularidades administrativas cometidas en el ámbito de la Administración Pública Nacional.
Este organismo tiene competencia sobre los entes centralizados, descentralizados o aquellos en los que el Estado tiene participación, pero no sobre los Poderes Legislativo o Judicial, ni sobre gobiernos provinciales o municipales.
La Nueva Comuna