La gestión de Javier Milei continúa avanzando con su plan denominado «motosierra», y en esta ocasión las modificaciones afectan las políticas relacionadas con la salud mental y los derechos humanos. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, se eliminó la obligatoriedad de una consulta vinculante con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para la habilitación y supervisión de centros especializados en salud mental y tratamientos de adicciones.
La medida fue implementada por la administración libertaria mediante la resolución 6155/2024 del Ministerio de Salud. En ella se introdujeron cambios en los requisitos necesarios para abrir instituciones vinculadas a la salud mental y el abordaje de consumos problemáticos. Uno de los ajustes centrales es la exclusión de la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos en el proceso de habilitación y la supervisión regular de los servicios.
De este modo, la nueva disposición reemplaza la resolución 4107/2023 y establece que a partir de ahora se «promueve una respuesta adecuada por parte del Estado a la demanda de atención en materia de salud mental». Se destaca la intención de «avanzar en la habilitación de dispositivos y servicios acordes al modelo de abordaje basado en la comunidad, con el objetivo de alcanzar la inclusión socio-comunitaria de las personas y garantizar una atención de calidad, integral, interdisciplinaria, intersectorial y con enfoque de derechos».
Según un comunicado del Ministerio de Salud, la resolución anterior «generaba demoras o imposibilitaba habilitaciones», debido a que requería una consulta vinculante con la Secretaría de Derechos Humanos para la apertura y fiscalización de los establecimientos.
«Esta situación no se corresponde con lo establecido por la norma superior vigente, la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) 26.657. Por lo tanto, la modificación busca alinear la resolución con el artículo 34 de la LNSM y optimizar el procedimiento para hacerlo más eficiente y expeditivo», justificaron desde el ministerio.
Riesgos asociados a las nuevas medidas
La consulta vinculante con la Secretaría de Derechos Humanos tenía como propósito asegurar el respeto de los derechos humanos de los internados y prevenir situaciones de maltrato o condiciones inhumanas de alojamiento. Un caso emblemático fue el de «La Razón de Vivir» en Florencio Varela, que fue allanado por denuncias de abusos y condiciones «deplorables», lo que permitió la intervención estatal en esa ocasión.
Sin embargo, desde el Ministerio de Salud argumentaron que «la normativa se adopta en consonancia con los nuevos principios fundamentales del procedimiento administrativo contemplados en la Ley N° 27.742 de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos, como la simplificación administrativa y la buena gestión». En este marco, aseguraron que el ajuste de los procedimientos permitirá habilitaciones «más ágiles, dinámicas y diligentes».
Además, se afirmó que «se fortalece la red de servicios mediante la creación de dispositivos comunitarios necesarios para transformar la Red Asistencial, optimizar el abordaje de consumos problemáticos y garantizar equipos interdisciplinarios para la continuidad de los cuidados y la reintegración sostenible».
El Ejecutivo subrayó que «se fomenta la accesibilidad, seguridad y calidad en los establecimientos, lo que implica una disminución de los riesgos asociados a los tratamientos institucionales y una mejora en su calidad». Asimismo, aseguraron que la nueva normativa «recepta, amplía y garantiza los derechos de los pacientes establecidos en las leyes vigentes, como el derecho a recibir un trato digno, respetuoso y a contar con asistencia interdisciplinaria en un entorno seguro y de calidad».
La Nueva Comuna