En los últimos tiempos, hemos sido testigos de numerosas detenciones de ciudadanos en el contexto de manifestaciones públicas. Lamentablemente, algunos de estos arrestos parecen haber sido realizados de manera arbitraria y cuestionable, vulnerando los derechos fundamentales de las personas. Es importante examinar con detenimiento algunos de estos casos, a fin de comprender la gravedad de la situación y exigir que se respeten plenamente las libertades individuales.
Un caso emblemático es el de María de la Paz Cerruti, una profesora de historia que, según los informes, fue detenida simplemente por cruzar la calle. De acuerdo con los relatos, la mujer fue abordada con el grito de “¡presa, presa!” y permanece actualmente detenida, acusada de intento de golpe de Estado. Esta acusación, sin duda, resulta desproporcionada y carente de fundamento sólido.
Otro ejemplo preocupante es el de Luis Alberto De la Vega, una persona en situación de calle y con discapacidad. Según se ha reportado, De la Vega se encontraba pidiendo dinero cuando fue detenido y sometido a una inmovilización por parte de cinco efectivos. Afortunadamente, tras su detención ilegal, fue posteriormente liberado.
Santiago Adano también fue víctima de una detención cuestionable. Él simplemente se encontraba parado a la salida del subte, cuando fue arrestado, mientras que a tan solo 100 metros de distancia, un vehículo era incendiado en una zona considerada “liberada”, sin que nadie resultara detenido por este hecho.
El caso de Remigio Ocampo es particularmente desgarrador. Ocampo, quien se dedicaba a la venta de empanadas, se vio obligado a abandonar su puesto de trabajo cuando se desató la represión. Posteriormente, al regresar para recoger lo que le faltaba llevarse, fue detenido junto a su hija y su nieta. Esta familia tuvo que pasar la noche en los Tribunales, esperando su liberación.
Además de estos casos, se han reportado la detención de otros ciudadanos, algunos de ellos estudiantes universitarios, como Nicolás Mayorga y Saya Lyardet de la UNSAM, Lucía Puglia de la Universidad de Hurlingham, y Gabriel Famulari, estudiante de kinesiología en la Universidad Arturo Jauretche. Incluso se ha informado sobre la detención de un docente de secundaria, Juan Spinetto.
Estos ejemplos ilustran de manera clara y contundente el abuso de poder y la vulneración de derechos que parecen estar ocurriendo durante las recientes manifestaciones. Resulta alarmante que personas que simplemente se encontraban en el lugar, sin participar en actos violentos o ilegales, hayan sido detenidas de manera arbitraria y acusadas de cargos tan graves como “intento de golpe de Estado”.
Es imperativo que las autoridades correspondientes investiguen exhaustivamente estos casos y tomen las medidas necesarias para garantizar el respeto a las libertades individuales y los derechos humanos. No podemos permitir que se criminalice y se prive de libertad a ciudadanos que simplemente ejercen su derecho a la protesta y a la libre circulación.
Asimismo, es crucial que la sociedad en su conjunto se mantenga vigilante y exija rendición de cuentas a las instituciones responsables. Debemos denunciar enérgicamente estos abusos y buscar soluciones que permitan restablecer la confianza entre la ciudadanía y las fuerzas del orden.
Los casos aquí expuestos son solo una muestra de la grave situación que enfrentan algunas personas detenidas, cuyas detenciones parecen carecer de fundamento y obedecer a un patrón de represión y criminalización. Es nuestro deber como sociedad velar por el respeto de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, independientemente de sus ideas o su condición social. Solo de esta manera podremos avanzar hacia una democracia más sólida y justa.
Gus Reimon / INFONEWSOK