El operativo “perfecto” de Cambiemos
El gobierno de Macri es el gobierno de los revanchismos, de la criminalización de la protesta, el gobierno que encarcela y que en menos de un mes tuvo a su primera presa política, Milagro Sala. Es el gobierno de la persecución con sus aparatos mediáticos y judiciales contra todos aquellos que expresen una amenaza a sus intereses. Es el gobierno del ajuste para los trabajadores y de los beneficios para los sectores más concentrados y necesita de un Estado policial para avanzar en sus planes de exclusión.
El gobierno de Mauricio Macri es el gobierno de los despidos, de la suba indiscriminada de precios. El gobierno donde antes que políticos hay mercenarios de la política; donde la militancia sobra, donde los periodistas críticos son censurados. Es el gobierno del orden y el silenciamiento de quienes denuncian injusticias.
Este gobierno es un descarnado gobierno de clase, transnacional y anti popular, que nos ha condenado al endeudamiento y a las relaciones carnales. Y a esta condena la llaman “lo inevitable”, la “pesada herencia”, como si no fueran responsables de sus actos, de sus decisiones. Como si lo inexorable fuese la desigualdad y a la injusticia.
Para que sea “perfecto” asistimos al despliegue del Estado policial que permite avanzar en sus planes de ajuste y exclusión. Es el Estado policial el que avasalla derechos individuales y colectivos, y vulnera nuestra libertad antes que protegerla aunque pregone lo contrario.
Es la voracidad del Estado policial la que mató a cuarenta y tres gendarmes que iban a prevenir posibles conflictos de índole provincial: todo el poder policial puesto en contra de su pueblo. Es el Estado policial el que persigue y ataca niños, jóvenes, militantes, villeros.
Un Estado que elabora un “protocolo anti piquete” y no reconoce ninguno de los tratados internacionales sobre uso racional de la fuerza, sobre uso de armas de fuego; privilegia la libre circulación de bienes y personas antes que la vida, la protección y el respeto de los derechos de todos.
Es el Estado policial que pone a las fuerzas de seguridad al servicio de los intereses corporativos y no del pueblo; ya no a gestionar el conflicto sino reprimirlo. El Estado policial que pone en jaque el funcionamiento de la Democracia y es el estado de excepción al Estado de Derecho.
Por eso, no se trata sólo un problema ideológico, “de más de derecha, de más o menos progresismo”. Se trata de una preocupación real por la construcción de nuestra democracia. Una democracia que a fuerza de lucha de los organismos de Derechos Humanos, de las organizaciones sociales y políticas, a fuerza incluso de sentido común, logró que el horror no se guarde debajo de la alfombra, que los delitos cometidos en ese Estado de miedo y terror se pongan sobre la mesa, y puedan ser juzgados y sancionados. Porque sabemos que la impunidad sólo trae más impunidad es que también es importante juzgar y sancionar los delitos de violencia institucional ocurridos en democracia.
Este gobierno expresa una realidad que nos lastima y que nos desafía a presentar batalla, organizada y solidariamente. Por eso también ocurren las plazas del pueblo, “la Plaza”, las marchas y manifestaciones, la carpa de la unidad de los movimientos sociales, las huelgas de hambre, las redes que estallan de información como si hubiera una necesidad imperiosa de salir a gritar. Las unidades básicas abarrotadas de autocríticas, las afiliaciones masivas, las agrupaciones políticas y culturales, los músicos, los artistas, la calle, la discusión en la calle, la militancia, la juventud, los empoderados. La incansable expresión popular. La efervescencia de una Argentina justa, inclusiva y solidaria que supimos construir y que durante estos últimos 12 años volvió con fuerza, se nos hizo posible y real, y hoy se resiste a ser silenciada por un gobierno que quiere imponer su proyecto para pocos.
Por eso, una y otra vez el acompañamiento y la presencia de miles de militantes en cada uno de los actos, de las presentaciones públicas y judiciales que hace nuestra Presidenta. Como ocurrió el lunes 31 de octubre, día del “operativo perfecto” para el plan de persecución judicial contra nuestra Presidenta y en definitiva, contra todos los derechos adquiridos.
Las primeras imágenes de esa mañana nos mostraban un despliegue desproporcionado de fuerzas federales de seguridad. Se utilizó un destacamento móvil de la Gendarmería Nacional con al menos 400 hombres y medios logísticos, muchos innecesarios, como un camión con duchas y baños diseñados para lugares inhóspitos y no para el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Además, estaba el Cuerpo de Infantería de la Policía Federal Argentina y la Prefectura que cubría otros ingresos.
La tarea más importante del vallado humano de gendarmes tenía sólo como razón de ser impedir el ingreso de ex funcionarios, dirigentes sociales y legisladores al lugar donde se había acordado esperar a la Presidenta. Sin embargo, cualquiera con una cámara fotográfica y un carnet vencido de prensa, parecía tener trato privilegiado. Parecía, porque después en ese mismo lugar ocurrió lo peor.
Finalizada la rueda de prensa, –acordado cómo sería el movimiento del vallado humano para permitir la salida de los autos y desde allí el saludo de Cristina Fernández de Kirchner–, inexplicablemente la policía y la gendarmería realizaron maniobras violentas para correr a los militantes motivos que justificara semejante despropósito. El grupo al frente mezcló policías y gendarmes sin contar con un tipo de despliegue operativo de contención ni de trabajo coordinado, lo que rápidamente devino en violencia innecesaria e injustificada.
Lo que para nosotros fue una verdadera provocación, una puesta en escena caprichosa y descoordinada, para este gobierno fue el operativo “perfecto”. El operativo que mostró que el Estado asume su responsabilidad, y lo hizo desplegando agentes de seguridad, armados por cierto, en medio de espacio de encuentro de militantes, dirigentes sociales, ex funcionarios, legisladores. Rodearon torpemente la camioneta de las Madres de Plaza de Mayo con uniformados y con maniobras violentas, empujones y golpes, y encerraron a los mismos militantes que habían estado durante horas frente a ellos aguardando pacíficamente la salida de Cristina. La templanza, la fortaleza, el coraje de la Presidenta lograron calmar la situación. En definitiva, se hizo presente la conducción.
Lamentablemente, o por decisión política, este accionar estuvo lejos de mostrar profesionalismo y capacidad que sabemos tienen los integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad. Los conocemos. Sabemos que son hombres y mujeres trabajadores que ponen el cuerpo y que en muchos casos arriesgan su propia vida. Trabajamos con ellos, nunca desde una valoración negativa, sino con el orgullo de contar con esas fuerzas de seguridad en aquél proyecto de país.
No queremos un uso abusivo o delincuencial de su poder. Queremos fuerzas de seguridad que respeten los derechos humanos, que sepan cómo usar la fuerza y cómo no usarla. Cómo aprehender a un delincuente y entregarlo a la Justicia respetando todo lo prescripto por la ley. Fuerzas de seguridad que sepan que actúan en una sociedad compleja, en un entramado social que necesita de personal capaz de entenderlo y de gestionar el conflicto.
Por CECILIA RODRÍGUEZ
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