Apenas fue nombrada presidenta por el Congreso, Boluarte llamó a la unidad nacional. Mientras la Fiscalía de la Nación empezó una investigación preliminar por «rebelión y conspiración» contra el sindicalista docente destituido, quien fue trasladado a la cárcel de Barbadillo donde cumple sus 25 años de pena el ex presidente Fujimori, condenado por los mismos delitos.
El Congreso de Perú votó la destitución de Pedro Castillo y designó como presidenta a su vice, Dina Boluarte, quien se convirtió en la primera mandataria mujer del país.La votación se dio poco después que el ahora exmandatario intentara disolver el Parlamento y anunciara una instauración de un gobierno de emergencia. La Policía de Perú detuvo a Castillo y la Fiscalía de la Nación inició acciones preliminares para investigarlo por «rebelión y conspiración», los mismos delitos por los que fue condenado a 25 años de cárcel el dictador Alberto Fujimori.
Todos los gobiernos regionales reclamaron el respeto al estado de derecho y las instituciones democráticas. Tanto el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador como el boliviano Luis Arce destacaron el papel jugado por «las élites económicas y políticas que desde el comienzo de la presidencia de Castillo mantuvieron un ambiente de confrontación y hostilidad hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución».
El destituido presidente peruano Pedro Castilllo fue conducido al penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, en el que también está recluido el expresidente Alberto Fuijimori, quien cumple su condena de 25 años de cárcel, mientras es procesado por rebelión y conspiración.
Después de permanecer varias horas detenido en la Prefectura de Lima, Castillo fue conducido en medio de un fuerte resguardo a un cuartel policial en el distrito del Rímac para abordar un helicóptero que lo llevó al penal de Barbadillo, como se conoce a la prisión policial ubicada en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes).
Mientras era conducido a este establecimiento, un equipo del Ministerio Público, encabezado por la fiscal general, Patricia Benavides, y de la Policía Nacional hacía su ingreso al Palacio de Gobierno, como parte de las diligencias preliminares contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
De igual forma, la Fiscalía llegó a los locales de algunos ministerios para recabar documentación que contribuya a la investigación abierta contra el ex jefe de Estado.
El Ministerio Público anunció el inicio de estas pesquisas preliminares mientras Castillo permanecía detenido en la Prefectura por presuntamente «quebrantar el orden constitucional», después de dictar esta mañana el cierre temporal del Parlamento y la instauración de un Gobierno de emergencia nacional.
La Fiscalía de la Nación (general) de Perú dispuso iniciar diligencias preliminares contra el expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración, tras el anuncio del cierre del Congreso y la instauración de un «gobierno de emergencia» en su país.
«La Fiscalía de la Nación dispone iniciar diligencias preliminares contra Pedro Castillo, en su condición de presidente, por la presunta comisión del delito contra los poderes de Estado y orden constitucional, modalidad de rebelión, en agravio del Estado», escribió el Ministerio Público en Twitter.
Inmediatamente después, agregó que la investigación también se extiende a «la presunta comisión de los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración, en agravio del Estado».
El Ministerio Público anunció el inicio de estas pesquisas preliminares mientras Castillo permanece detenido en la Prefectura de Lima por presuntamente «quebrantar el orden constitucional», después de dictar esta mañana el cierre temporal del Parlamento y la instauración de un Gobierno de emergencia nacional.
La flamante jefa de Estado, Dina Boluarte, dejó sin efecto el toque de queda que había «decretado ilegalmente» el exmandatario Pedro Castillo pocas horas antes, cuando anunció la disolución del Parlamento que finalmente lo destituyó.
«Habiéndose restituido el orden constitucional, el toque de queda decretado ilegalmente no surte efecto. ¡El Perú no puede parar!», escribió la Presidencia en su cuenta oficial de Twitter.
De esta manera, quedó suspendida la medida que había anunciado esta mañana Castillo y que inicialmente tenía que regir desde las 22.00 hora local (3.00 GMT) en todo el territorio nacional.
Castillo ordenó este toque de queda durante un breve y sorpresivo mensaje a la nación, en el que informó sobre su decisión de cerrar temporalmente el Parlamento e instaurar un gobierno de «emergencia excepcional».
El ahora exmandatario también dijo que convocaría «en el más breve plazo elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses».
La nueva presidenta dijo que gobernará hasta 2026, cuando estaba previsto el fin del mandato de Castillo, quien asumió en julio de 2021.
La inestabilidad política e institucional de Perú tuvo un nuevo capítulo este miércoles. El ahora expresidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y establecer un gobierno de emergencia. En ese contexto, el cuerpo legislativo votó mayoritariamente la remoción del mandatario peruano y convocó a su vicepresidenta, Dina Boluarte, a tomar su lugar.
En AM750, el embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, analizó la situación en el país andino y evaluó su impacto en América Latina: «En este momento se juntan dos cosas, la debilidad interna de un sistema y una ola internacional de derecha», explicó.
«Esta situación no es nueva. Hay un sistema constitucional, creado en la etapa de Alberto Fujimori (expresidente peruano) en la década de los ’90, extremadamente dependiente del Congreso. Es un modelo político muy inestable, no solo durante la presidencia de Castillo sino en la política en general», agregó Raimundi en Branca de Vuelta.
Sobre este punto, el también vicepresidente del Frente Grande bonaerense sostuvo que la particularidad del sistema político peruano radica en que la Constitución otorga al presidente ciertas facultades y, al mismo tiempo, le concede al Congreso la capacidad de revocarlas.
En ese sentido, consideró que la inestabilidad política y la imposibilidad de construir liderazgos fuertes favorece a que «el poder económico no se sienta obligado a distribuir socialmente el crecimiento económico» del Perú, un país que «no tiene inflación ni los problemas de reservas que tiene Argentina, pero que al mismo tiempo tiene una pobreza extraordinaria».
Asimismo, el diplomático argumentó que, en el caso de Castillo, «no contó con el apoyo de su propio partido», en primera vuelta «ganó con apenas el 19 por ciento de los votos» y en segunda superó a su rival por solo 44 mil votos: «No fueron mayoritariamente votos de gente que genuinamente lo apoyara con fervor, sino en contra del fujimorismo», añadió Raimundi.
«Es un concepto muy amplio», indicó el también abogado y docente universitario sobre la razón que esgrimió el Parlamento para remover al ahora expresidente. «El concepto no está definido en la Constitución, entonces cualquier cosa que a la mayoría circunstancial no le gusta implica ineptitud moral», agregó.
En ese contexto, Raimundi manifestó que, en su opinión, «Castillo no era un presidente corrupto, pero no logró crear un apoyo político que le permitiera generar un cambio profundo», y diferenció la situación del país andino del resto de la región: «En Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia hay sectores políticos nacionales y populares amplios y socialmente representativos».
Además, el representante argentino ante la OEA consideró que los bloques de poder económicos en Latinoamérica «vienen desde hace muchos años ideando un entramado» a partir del «escarnio público» de las figuras que representan a los sectores populares, luego del agotamiento del ciclo histórico de los golpes directos.
Sin embargo, planteó que «no logran hacer desaparecer el apoyo de los líderes»: «Lula (da Silva) fue inhabilitado, no pudo participar, estuvo preso y hoy volvió a ser presidente. Tampoco lograron hacer desaparecer el respaldo que tiene Cristina (Kirchner)», enfatizó.
Y agregó: «Cuando las instituciones no expresan la voluntad popular, la manera de redemocratizar el sistema está en la calle, es decir, volver al origen y volver a la fuentes».
Por último, Raimundi concluyó: «Argentina no es la del 17 de octubre, y el mundo tampoco. En aquel momento estaban los zócalos de la patria que se sublevaban, pero eran homogéneos. Es decir, había más homogeneidad social. Hoy, con las actividades industriales tercerizadas, con las redes, con la virtualidad, aún dentro de los sectores obreros, aún dentro de los movimientos sociales, no hay tal homogeneidad como había en aquel momento. Entonces la pueblada se hace más difícil».
Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com