La Corte Suprema de Justicia reconoció en un fallo que el Gobierno de Corrientes pretendía entregar parte de los Esteros del Iberá al Grupo Clarín, renunciando a espacios públicos y con el riesgo de causar un daño ambiental que afectaría tanto a países limítrofes como a provincias vecinas.
La sentencia del máximo Tribunal de Justicia del país llegó a esta conclusión en un fallo en el que rechazó una presentación del Estado correntino contra la prohibición del Gobierno Nacional de edificar una represa hídrica en el área del Acuífero Guaraní.
El proyecto tenía como fin proveer de agua dulce exclusivamente los plantíos pertenecientes a un grupo de empresas vinculadas al Grupo Clarín. «Considerando que la presente causa es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; que la cuestión que se debate en el sub lite, vinculada con la validez de las resoluciones 1238/11 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y 1149/11 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, ha sido adecuadamente tratada por la señora Procuradora Fiscal en el capítulo IV de su dictamen, cuyos fundamentos y conclusiones esta Corte comparte y a los cuales se remite en razón de brevedad (…) Se resuelve rechazar la demanda promovida por la Provincia de Corrientes, con costas en el orden causado», dice el fallo.
El texto, breve pero contundente, pone en evidencia la connivencia de los funcionarios de Cambiemos con el Grupo Clarín y grupos económicos afines para la privatizar patrimonio natural y las reservas ecológicas.
Los Esteros del Iberá desde adentro.
La sentencia reconoce, a la vez, la validez de la normativa nacional que protege los recursos naturales no renovables, al tiempo que anula toda normativa de la provincia de Corrientes por la que se habilitó la construcción de una represa arrocera en un arroyo ubicado entre las localidades de Perugorría y Mercedes, en el corazón de la reserva ecológica del sistema de humedales y esteros.
La obra hídrica fue autorizada por el entonces gobernador Ricardo Colombi -presidente de la UCR correntina y uno de los principales socios de Cambiemos-, un hombre cercano a José Antonio Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín y uno de los hombres clave en la estrategia que pretendía la privatización de los Esteros del Iberá, una de las mayores reservas de agua dulce del mundo.
El objetivo de estos empresarios, en connivencia con los funcionarios provinciales, era construir una represa sobre el arroyo Ayuí, uno de los cursos de agua que integra el Acuífero Guaraní en la zona de la reserva de los Esteros del Iberá. La obra estaba proyectada para inundar unas 8000 hectáreas de tierras fiscales, una superficie igual a la que ocupa la mitad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dejaría bajo agua bosques y reservas en un área de 137 kilómetros.
El agua sería utilizada para regar unas 20.000 hectáreas de arroz ubicados en campos pertenecientes a multinacionales y grupos económicos concentrados. Para lograr el objetivo de la construcción de esta represa, se fundó la Unión Transitoria de Empresas «Represa Ayuí Grande», conformada por Copra S.A., del Grupo Clarín; Pilagá S.A., vinculada a George Soros; junto a las firmas Tupantuva S.A., Santa Clara y Yuquerí S.A.
Excursión por un canal que desemboca en la laguna Valle, en la zona de Esteros del Iberá (Puerto Valle).
Las firmas que serían más beneficiadas serían las de Aranda y Soros, ya que se las propiedades de ambos se hallan separadas por el curso de agua en el que se instalaría la represa. Es por ello que, en la presentación del proyecto, hicieron la promesa era la inversión de 60 millones de dólares para producir 120.000 toneladas anuales prioritariamente de arroz, como maíz, soja, sorgo y trigo; productos que en su mayor parte tendrían fines de exportación y la generación de 1400 puestos de trabajo.
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En 2001 el proyecto de la Represa de Ayuí Grane fue anunciado por Ricardo Colombi, durante su primer mandato como Gobernador. Entonces puso a disposición de esas corporaciones todo el sistema jurídico, legal y logístico del Estado. El sucesor de Ricardo Colombi fue su primo Arturo quien durante su gestión emitió un decreto que «ordenaría» la reglamentación del manejo de bosques nativos, pero con salvedades para que los recursos naturales puedan ser usados libremente por los grupos económicos ubicados a la vera de los cursos de agua. Desde el Gobierno provincial se impulsó normativas tendientes a la reducción de la competencia de los espacios públicos, como decreto 2353/09, el firmado el 9 de diciembre de 2009 en el que aprobó el proyecto Represa del Ayuí Grande.
Pero no fue a partir de 2010, cuando Ricardo Colombi asume su segundo período de Gobierno, que se puso en marcha un complejo sistema de normativas provinciales para ceder espacios públicos a favor de las grandes corporaciones. Así, una de sus primeras acciones fue la de nombrar al entonces Presidente de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, Jorge Vara, como ministro del Agro y la Producción. Durante los 10 años que Vara estuvo al frente de esa repartición se utilizaron todos los mecanismos legales posibles para hacer factible la represa en el curso de agua ubicado en los terrenos pertenecientes al Grupo Clarín.
José Aranda y Héctor Magnetto, dos de las grandes accionistas del Grupo Clarín. (Diario El Ciudadano).
En este contexto, el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente, organismo que depende del Ministerio del Agro y la Producción emitió las resoluciones 518/10, 519/10, 520/10, 521/10, 522/10 y 523/10 por medio de las cuales aprobaron los estudios de impacto ambiental realizados por las empresas y otorgó las respectivas concesiones de uso de agua pública para riego a las firmas solicitantes, al tiempo que autorizó el inicio de las obras del dique.
Un yacaré, uno de los habitante típicos de los Esteros del Iberá (Puerto Valle)
En 2010 los grupos ecologistas como Defensores del Iberá, Greenpeace, Amigos de la Tierra, denunciaron que la obra tendría un fuerte impacto ambiental tanto en la zona del área protegida como en el Norte de la provincia de Entre Ríos.
En este contexto, el 19 de agosto, el presidente de la Fundación Iberá, Enrique Lacour, presentó ante el Juzgado Civil de Mercedes, una demanda en la que denunció que «el Plan de Ordenamiento de los Bosques Nativos de Corrientes es inconstitucional, plagado de errores y vicios que terminan desprotegiendo los bosques nativos, en particular los de la región del Espinal, que abarca los departamentos del centro y sur de la provincia, incluyendo a Mercedes». La acción no tuvo curso en la Justicia provincial. «Realmente la acción iniciada no tuvo repercusión en la Justicia y quedó dormida en un cajón. Obviamente no hubo acompañamiento de la Provincia. Luego, el Gobierno Nacional intervino en el tema y así se llegó a la Corte», sostuvo a este medio Enrique Lacour.
El riesgo ambiental primero, fue comunicado al Congreso de la Nación y luego, al Poder Ejecutivo. De esta manera, el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable inició una Acción de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia, al advertir que las disposiciones del Gobierno de Corrientes afectarían el patrimonio ambiental y perjudicarían los cursos de agua de los cursos de agua del arroyo Auyí, el río Miriñay y el río Uruguay.
El yaguareté, otro animal exótico que se puede encontrar por los Esteros. (Municipalidad de Corrientes)
En este escrito se advirtió que el uso del agua generaría una contaminación por químicos usados en los plantíos de arroz, lo que potencialmente causaría perjuicios no sólo en la provincia de Corrientes, sino que también en Entre Ríos y Uruguay, aguas abajo del dique.
Esto es porque, según los estudios realizados por un equipo especializado en la Secretaría de Ambiente, «por cada hectárea cultivada y fertilizada queda en el ambiente una cantidad de fósforo superior a los 5 Kilogramos por hectárea, provenientes tanto del rastrojo como del fertilizante remanente no absorbido por la planta, quedando en total en el predio de la Unión Transitoria de Empresas un remanente de 100 toneladas de fósforo por cosecha, que se exportarían por infiltración y escurrimiento», aguas abajo.
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El 12 de noviembre de 2010 la Corte accedió a intervenir en la situación y luego mandó a suspender el proyecto. Ante esto, George Soros desistió de seguir en el proyecto y renunció a la Unión Transitoria de Empresas. En este contexto, el Gobierno Nacional emitió, la resolución 1149/11 dictada por la Jefatura de Gabinete de Ministros, en la que prohíbe el avance de las obras en los terrenos cercanos a los emprendimientos privados.
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El fundamento fue que los actos avasallan el dominio originario de los recursos naturales provinciales y violan el debido proceso y las competencias establecidas en diversas normas federales. En otra resolución, pero de la Secretaría de Ambiente, – la 1238/11- se estableció que las obras proyectadas «resultan incompatibles con las obligaciones asumidas por la República Argentina en aquel Estatuto y otras normas y acuerdos internacionales, pudiendo su ejecución comprometer la responsabilidad internacional del Estado», por la posible afección a los intereses de la República Oriental del Uruguay.
Estas normativas son las que dieron origen a una demanda del Gobierno de Corrientes contra el Estado Nacional. En ella argumentó la inconstitucionalidad de las disposiciones nacionales que bloquean la construcción de la represa en el arroyo Ayuí, por el supuesto avasallamiento de la autonomía de la provincia para el manejo de sus recursos naturales y cursos de agua.
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Lo que consideró la Corte Suprema de Justicia, con la firma de Helena Higton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, es que las disposiciones nacionales en materia de derecho ambiental se basan en que el artículo 124 de la Constitución no priva al Estado Nacional de ejercer el control y «no constituye una concesión irrestricta para que una provincia explote dentro de su territorio sus recursos naturales sin tener en cuenta los presupuestos mínimos ambientales que determine la Nación, los efectos sobre el ecosistema -tanto interprovinciales como internacionales- y los principios de política ambiental fijados en la Ley General del Ambiente».
Es por ello que rechazó el reclamo de la Provincia de Corrientes y ratificó todo lo actuado por el Gobierno Nacional, es decir, el bloqueo a los proyectos que perjudicarían al medioambiente y confirmó el mecanismo de los resortes legales e institucionales del Gobierno de Corrientes para favorecer a los grupos económicos concentrados.
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Publicado en lanuevacomuna.com