“Es importante que el Estado realice el seguimiento necesario sobre la evolución de precios de determinados servicios públicos, cuidando al usuario, atacando la inflación y sobre todo, tutelando derechos básicos como el acceso a la educación, a la cultura y a la comunicación fomentando la inclusión y ejerciendo su indelegable rol de organismo de control autorizando aumentos solo cuando estos sean razonables”, destacaron desde la calle Azopardo.
También destacaron la decisión de congelar tarifas hasta el 31 de diciembre la que calificaron de “oportuna” en el marco de la crisis que atraviesa el país.
Por su parte, la CTA Autónoma consideró que la medida adoptada por el Gobierno era “reclamada por la ciudadanía” y que “se volvió impostergable” en medio de la pandemia.
“Es necesario y urgente que el Estado asegure la accesibilidad de todos y todas a los servicios de las telecomunicaciones, de modo que en todo el territorio nacional se pueda tener conexión de calidad y a precios razonables”, explicaron.
Además, indicaron que el DNU “viene a intentar contrarrestar los abusos de las empresas de las telecomunicaciones fuertemente favorecidas por el gobierno de Mauricio Macri, que desde hace décadas maximizan sus ganancias sin obligaciones hacia los usuarios, con tarifas exorbitantes, malos servicios y coberturas, largamente esperadas por la ciudadanía”.
“No obstante, creemos necesario alertar por la situación de las y los trabajadores de estas empresas, para que no sean ellos –con sus salarios- quienes paguen el costo del congelamiento de las tarifas”, agregaron.
AMBITO
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