 Cristina con Cirigliano, antes de la tragedia ¿después también?
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El Gobierno nacional dispuso este viernes (13/04) la segunda prórroga por 15 días de la intervención de las líneas Sarmiento y Mitre que administra la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), a raíz del accidente del 22 de febrero en el que murieron 51 personas.
En tanto, la Cámara Federal permitió al dueño de TBA, Claudio Cirigliano, y a otros directivos de la empresa, acceder a la causa en la que se investiga la tragedia, informaron hoy fuentes judiciales a la agencia DyN.
La intervención fue dispuesta el 28 de febrero por 15 días "o lo que dure el peritaje". Fue lo único que se le ocurrió, para salir del paso, a una Administración muy vinculada con los hermanos Cirigliano, no solamente propietarios de Grupo Plaza, dueño del concesionario TBA sino de otros muchos negocios con el Estado Nacional que van desde la provisión de informática hasta la importación de gas.
La primera prórroga se anunció el 20 de marzo para garantizar la "continuidad y regularidad del servicio público" y "la seguridad de los usuarios". Cabe recordar que un día antes, Cristina Fernández había insistido al juez que los peritajes "no deberían tardar más de 15 días". En base a ellos -dijo-, ella tomaría una decisión y "no le iba a temblar el pulso" para adoptar las medidas necesarias: hasta ahora solamente ocurrió la salida de Juan Pablo Schiavi de la Secretaría de Transporte de la Nación.
En ocasión de la 1er. prórroga, Urgente24 había informado sobre las fuertes versiones que indican que Cristina Fernández autorizaría el regreso de los hermanos Cirigliano a la concesión, luego de 2 o 3 nuevas prórrogas (ver nota relacionada). También había planteado que la intervención tendría que ofrecer un informe acerca de qué ha cambiado o comenzado a modificarse, ¿o solamente es una pausa para el regreso de los hermanos Cirigliano? La inquietud persiste, y con más fuerza.
La segunda prórroga fue establecida hoy en la resolución 737/2012 y se adoptó porque "no han finalizado las pericias judiciales, tendientes a determinar las causas que originaron el siniestro".
La intervención es "administrativa técnica-operativa temporal de TBA, con relación al Contrato de Concesión para la Explotación de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros", ratificó la norma publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
La Sala II de la Cámara Federal, por su parte, dio la autorización a los empresarios para acceder a la causa, lo que había sido rechazado por el juez federal Claudio Bonadío.
Cirigliano, el vicepresidente de Cometrans (empresa que explota TBA), Oscar Gariboglio, y los directivos Alejando Rubén Lopardo, José Doce Portas y Marcelo Alberto Calderón, se presentaron en la causa para estar a disposición de la Justicia y pidieron sacar fotocopia de todo el expediente.
Ante el rechazo de Bonadío, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun explicaron que en la causa sólo están bajo secreto de sumario las pericias técnicas y contables, y no el resto del expediente. Asimismo, dijeron que sin acceder a la causa "mal puede alguien presentarse a aclarar los hechos e indicar aquellas pruebas que a su juicio puedan resultar útiles".
Sergio Cirigliano, sus hermanos Roque y Mario, y el resto de los directivos de TBA y Cometrans tienen prohibido salir del país, al igual que el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, el subsecretario ferroviario, Antonio Luna, y el titular de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), Eduardo Sícaro. Todos son investigados por las 51 muertes y los más de 700 heridos que dejó el choque el 22 de febrero pasado de un formación con el paragolpe de la estación de Once.
En tanto, el lunes vence el plazo que el magistrado le dio a los peritos para que presenten sus conclusiones técnicas sobre el funcionamiento del tren y en especial respecto a los frenos, para conocer si funcionaban, si fueron accionados y si la formación estaba en condiciones de andar.
Además, el juez ordenó una pericia contable sobre los subsidios que recibió TBA del gobierno y los ingresos que obtuvo por venta de pasajes para determinar a qué y cómo fueron destinados esos fondos.
Cabe recordar que Bonadío había aceptado al Gobierno nacional como querellante, pero esta semana la misma Cámara Federal anuló la medida al considerar que los funcionarios podrían estar involucrados en los hechos (ver nota relacionada).
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