Buscan impulsar un proyecto para quitarle funciones a la Corte Suprema 22/05/2012 La iniciativa fue presentada por el diputado oficialista Jorge Yoma. Hoy se reúne la comisión de Justicia de la Cámara baja para avanzar con la propuesta para crear un tribunal que analice las sentencias cuestionadas por arbitrariedad
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Un proyecto de ley que presentó el diputado oficialista Jorge Yoma propone quitarle a la Corte Suprema la competencia para entender en sentencias arbitrarias, es decir, en aquellos fallos que provienen de instancias inferiores y que fueron apelados ante la Corte por vicios en su formulación.
En su iniciativa, Yoma -presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados- propone asignarle esa competencia a un Tribunal Nacional de Casación por Arbitrariedad, que deberá crearse, indicó el diario La Nación.
El mencionado diputado fundamentó su iniciativa en la necesidad de aliviarle el trabajo a la Corte. Pero el jefe del bloque radical de Diputados, el jurista Ricardo Gil Lavedra, rechazó la iniciativa al considerar que la definición sobre esas sentencias debe seguir en manos del máximo tribunal, remarcó el matutino.
El proyecto dispone que la nueva instancia judicial -con sede en Córdoba- se abocaría a las sentencias arbitrarias emanadas no sólo de los tribunales inferiores federales, sino también nacionales, provinciales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires.
El matutino agregó que en el máximo tribunal la iniciativa fue recibida con cierto recelo; si bien no se la objeta desde el punto de vista técnico, temen que este proyecto sea el puntapié inicial de una avanzada oficialista para socavarle poder a la Corte.
Ricardo Gil Lavedra se mostró crítico del proyecto al señalar que "las sentencias arbitrarias son aquellas que no aparecen fundadas en la ley o carecen de requisitos constitucionales en su formulación. En el último tiempo, la Corte fue restringiendo progresivamente las causales para que este tipo de sentencias sean apeladas ante esa instancia máxima. Por eso creo que las sentencias arbitrarias que quedaron fuera de esas restricciones deberían seguir libradas al buen juicio y la prudencia de la Corte".
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se reunirá este martes y Yoma propondrá iniciar una ronda de consultas con funcionarios del Poder Ejecutivo, juristas y magistradospara abordar la cuestión, señaló La Nación.
"No persigo un interés político con este proyecto. Al contrario, creo que sería importante que la Corte Suprema se aboque exclusivamente a sus competencias originales: el control de constitucionalidad como máximo intérprete de la Constitución Nacional y la resolución de conflictos entre la Nación y las provincias" enfatizó el legislador.
"En la actualidad, el máximo tribunal debe atender más de 20.000 causas al año de derecho común que provienen de las instancias inferiores, y la Corte no tiene el tiempo material para abocarse debidamente a ellas", indicó Yoma. En síntesis, el proyecto se propone crear un Tribunal Nacional de Casación por Arbitrariedad para entender en los recursos por arbitrariedad que se interpongan contra las sentencias definitivas.
Dicho tribunal estará integrado por siete miembros, quienes deberán reunir las condiciones exigidas para ser miembro de la Corte Suprema. Los plazos el recurso por arbitrariedad de sentencia debe presentarse ante el nuevo tribunal dentro de los diez días hábiles judiciales de notificada la sentencia recurrida.
El tribunal deberá resolver los fallos en su estudio dentro del término máximo de cien días hábiles del almanaque de los judiciales.
En su iniciativa, Yoma -presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados- propone asignarle esa competencia a un Tribunal Nacional de Casación por Arbitrariedad, que deberá crearse, indicó el diario La Nación.
El mencionado diputado fundamentó su iniciativa en la necesidad de aliviarle el trabajo a la Corte. Pero el jefe del bloque radical de Diputados, el jurista Ricardo Gil Lavedra, rechazó la iniciativa al considerar que la definición sobre esas sentencias debe seguir en manos del máximo tribunal, remarcó el matutino.
El proyecto dispone que la nueva instancia judicial -con sede en Córdoba- se abocaría a las sentencias arbitrarias emanadas no sólo de los tribunales inferiores federales, sino también nacionales, provinciales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires.
El matutino agregó que en el máximo tribunal la iniciativa fue recibida con cierto recelo; si bien no se la objeta desde el punto de vista técnico, temen que este proyecto sea el puntapié inicial de una avanzada oficialista para socavarle poder a la Corte.
Ricardo Gil Lavedra se mostró crítico del proyecto al señalar que "las sentencias arbitrarias son aquellas que no aparecen fundadas en la ley o carecen de requisitos constitucionales en su formulación. En el último tiempo, la Corte fue restringiendo progresivamente las causales para que este tipo de sentencias sean apeladas ante esa instancia máxima. Por eso creo que las sentencias arbitrarias que quedaron fuera de esas restricciones deberían seguir libradas al buen juicio y la prudencia de la Corte".
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se reunirá este martes y Yoma propondrá iniciar una ronda de consultas con funcionarios del Poder Ejecutivo, juristas y magistradospara abordar la cuestión, señaló La Nación.
"No persigo un interés político con este proyecto. Al contrario, creo que sería importante que la Corte Suprema se aboque exclusivamente a sus competencias originales: el control de constitucionalidad como máximo intérprete de la Constitución Nacional y la resolución de conflictos entre la Nación y las provincias" enfatizó el legislador.
"En la actualidad, el máximo tribunal debe atender más de 20.000 causas al año de derecho común que provienen de las instancias inferiores, y la Corte no tiene el tiempo material para abocarse debidamente a ellas", indicó Yoma. En síntesis, el proyecto se propone crear un Tribunal Nacional de Casación por Arbitrariedad para entender en los recursos por arbitrariedad que se interpongan contra las sentencias definitivas.
Dicho tribunal estará integrado por siete miembros, quienes deberán reunir las condiciones exigidas para ser miembro de la Corte Suprema. Los plazos el recurso por arbitrariedad de sentencia debe presentarse ante el nuevo tribunal dentro de los diez días hábiles judiciales de notificada la sentencia recurrida.
El tribunal deberá resolver los fallos en su estudio dentro del término máximo de cien días hábiles del almanaque de los judiciales.