«DECIDIMOS NO SER CÓMPLICES DE NADIE»
by La Posta del Noroeste on diciembre 16, 2010 with 1 Comments in Destacadas , Interés General
«Ante la presunción de irregularidades en la compra de la planta generadora de oxígeno para el hospital», los ediles del radicalismo Diego Ramos y Salvador Serenal realizaron una denuncia penal escrita en la Fiscalía de Junín.
La presentación se realizó el jueves luego del mediodía ante el Departamento Judicial de Junín, denuncia que recayó en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 3, a cargo del fiscal Carlos Ángel Colimedaglia.
«Se presentó ante la Fiscalía una denuncia penal, ya que estimamos que hay un delito. El fiscal es ahora quien se hará cargo de las investigaciones para determinar si eleva, o no, a juicio esa Investigación Penal Preparatoria (IPP) que se realizó», confirmó a La Posta el concejal Serenal.
Cuando fue consultado sobre el grado de denuncia realizada, informó: «Para ser caratulada la causa, debemos esperar que giren el expediente a Lincoln para ser ratificada. La denuncia que realizamos es en base a la poca claridad y al hermetismo del Ejecutivo con respecto a la compra, a través de un leasing, de la planta generadora de oxígeno».
Y remarcó: «Pese a haber agotado las instancias formales ante el Municipio para el requerimiento de información, más allá de que mandamos una carta al Intendente, nunca nos informaron sobre cómo se realizó la compra, cuál fue el mecanismo y si se realizó una consulta de precios previa. Nunca nos dijeron nada. Siempre se hizo todo bajo un hermetismo total».
E insistió: «Ante las investigaciones que realizamos, donde los precios de mercado no coincidían con la compra realizada, sumado a que otros municipios habían adquirido una planta y equipamiento a menor precio, decidimos no ser cómplices de nadie y como concejales que estamos para representar a la sociedad, presentamos la denuncia. Ahora la justicia va a ser la encargada de resolver, de encontrar y de castigar, si es que hay un delito, a los culpables».
Serenal indicó que se encuentran «a la espera de la confirmación de la carátula que podría llegar a ser Asociación Ilícita, Malversación de fondos públicos, Incumplimiento de los deberes de funcionario público o Estafa». Y continuó: «Pueden salir muchas formas. Pero por ahora debemos esperar a ver qué resuelve el fiscal. La denuncia se presenta con todo lo que nosotros creemos que hay falencias, y el fiscal luego definirá en la tipificación de un delito. Y es en base a esa primera resolución que se empiezan a hacer las averiguaciones para determinar si hubo delito».
Cuando fue consultado hacia quién fue dirigida la denuncia, respondió: «Ya que es un delito a la administración pública, la destinamos hacia el intendente Jorge Fernández y a Marcos Rubén Linares (quien le vendió la planta al Municipio). Por eso decimos que podría existir una asociación ilícita. Después puede irse desmembrando y en el proceso puede caber que haya otros responsables».
Desencadenantes
Diego Ramos, al ser consultado sobre los desencadenantes de la denuncia penal, contó: «Arrancamos desde la presentación en el Concejo Deliberante a través del informe que hace el Tribunal de Cuentas. A raíz de esto empezamos la investigación y vemos que el proveedor, Marcos Rubén Linares, no reunía las condiciones en la AFIP para poder comercializar ese tipo de aparatología. Precisamente por los montos y por la forma en los que se hizo la operación».
Y continuó: «Luego empezamos a cotejar los diferentes precios de mercado y, evidentemente, encontramos una gran diferencia entre plantas de producción de oxígeno al 99 por ciento con sistema PSA, como la que está en Lincoln, y todo nos indicaba que existía un sobreprecio que rondaba alrededor del 200 por ciento de los valores en el expediente que había bajado al Concejo».
A su tiempo dijo: «Otro de los elementos que nosotros tenemos es la compra que se hizo en el Municipio de Trenque Lauquen, meses antes de que surgiera esto en Lincoln, donde ese distrito, a través de un leasing del Banco Provincia, compra una planta generadora de oxígeno y otros elementos necesarios para esa instalación en aproximadamente 800.000 pesos».
Por último, el concejal radical sostuvo: «Tenemos la presunción de que el Ejecutivo ha incurrido en un mal desenvolvimiento y entendemos que hemos dado los pasos que debíamos dar. La presentación en la justicia es porque entendemos que ella es la que se debe encargar de investigar si lo que nosotros estamos planteando es cierto o no».