3-12-2003 21:50:1

por LUIS GASULLA

 

 

Una de las batallas simbólicas ganadas por el oficialismo ha sido la instalación del relato de que los Kirchner llegaron al poder para pedir perdón a una generación por los pecados cometidos por la democracia argentina desde 1983 a la fecha. En la historia oficial, el hijo mayor de Estela Carlotto es el héroe de la batalla por la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Sin embargo, otra es la versión que cuentan los protagonistas de esas jornadas maratónicas en el Congreso Nacional que concluyeron con el triunfo simbólico de la bandera de los derechos humanos.

 

Años más tarde, en su despacho lindante al Congreso Nacional, le recuerdo a Remo Carlotto que ese proyecto pertenecía a la diputada de izquierda Patricia Walsh. Carlotto no lo niega, pero afirma que lo importante fue la voluntad política del Gobienro y defiende la política del "entrismo" diciendo que "los mejores cuadros de ls organismos de derechos humanos debíamos pertenecer a un gobierno que venía a cambiar la historia".

 

La historia oculta comenzó en 1994 cuando, tras el Pacto de Olivos entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín, se reformó la Constitución Nacional. Una de las modificaciones sustanciales, para la lucha por la verdad y la justicia, fue establecer jerarquía constitucional a los pactos y tratados intrnacionales en materia de Derechos Humanos. Una parte del gobierno menemista no quería que se sancionara esa norma y hasta el propio Presidente había ordenado que se levantara la votación. Fue el ex diputado Miguel ángel Pierri quien la posibilitó.

 

En 1997, con la aparición de lo que sería la Alianza, el diputado Juan Pablo Cafiero intentó impulsar la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final pero no encontró eco entre los congresales.

 

Gracias a la norma que garantizaba la imprescriptibilidad de los delitos de desaparición forzada de las personas, el juez español Baltasar Garzón investigó y pidió la extradición de militares argentinos y se reabrieron causas emblemáticas. Madres Línea Fundadora, desde Nora Cortiñas a Taty Almeida, estuvieron atentas y acompañaron los distintos proyectos desde mediados de los noventa. Otros organismos, como las Madres de Hebe de Bonafini, estaban en otra cosa y no creían que algo bueno pudiese nacer por la vía parlamentaria.

 

Durante los noventa, algunos organismos de derechos humanos mantenían contactos cada vez más asiduos con grupos armados de América Latina, como las FARC, y también con agrupaciones extremistas locales como Quebracho. De hecho, Schocklender fue el abogado que defendió a Fernando Esteche, uno de los fundadores de Quebracho, por una causa de tenencia de armas de guerra. El autoritaritarismo de Hebe, en aquellos tiempos, acompañada y guiada por Sergio, era extremo. Un hombre muy cercano a Abuelas de Plaza de Mayo asegura que muchas madres que querían conocer el destino de sus hijos desaparecidos, y también averiguar si durante el cautiverio sus hijas habían sido madres, se acercaron a Abuelas a dejar una muestra de sangre en el Banco de Datos Genético. Lo hacían con miedo, suplicando silencio, rogando que Hebe no se enterara.

 

En las elecciones de 2003, los únicos partidos que en sus plataformas electorales mencionaban la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final eran el ARI y la Izquierda Unida de Patricia Walsh. En la génesis de lo que sería la discusión por los derechos humanos en el Congreso Nacional, el Partido Justicialista, exceptuando al diputado Gerardo Conte Grand, no le interesaba el debate sobre los tratados internacionales en esa materia, ni el análisis de modificaciones en la legislación sobre cuestiones como la eutanasia o el aborto.

 

Durante el menemismo, Néstor Kirchner era el gobernador más cercano a Domingo Cavallo. Por otra parte, a su esposa Cristina, quien para la misma época ocupaba una banca en el Congreso de la Nación, no le interesaba el debate sobre tratados internacionales de derechos humanos ni sobre ninguna de las cuestiones relacionadas con esos asuntos.

 

 

 

Daniel Gatti, periodista santacruceño, año 2010

 

El amo del feudo, del periodista Daniel Gatti, debería ser un libro de lectura obligatoria para revisr el pasado del matrimonio presidencial. Rafael Flores, ex diputado nacional y abogado defensor de causas relacionadas con los derechos humanos, lo leyó y conoce a sus ex compañeros Néstor y Cristina Kirchner como pocos. En marzo de 1977, Flores estuvo detenido con Kirchner en Santa Cruz de una forma tan cómoda que hasta le avergüenza usar la palabra "detenido": dice que estuvieron demorados. Y que ni siquiera los fueron a buscar a sus casas sino que los citaron mediante una nota. Tal es así, que los militares esperaron a que naciera su hija para detenerlo. El fin de la detención era interrogarlos sobre las actividades de compañeros militantes de Montoneros.

 

Flores nació justo un año después que Néstor, el 25 de febrero de 1951. Se conocieron durante los '70 en La Plata. "De Cristina no guardo recuerdos de aquella época pues no militó jamás. Pero Néstor sí militaba con nosotros en la FURN", comenta Flores en agosto de 2011. Kirchner se acercó junto con el actual embajador argentino en España, Carlos Bettini, al grupo de Flores y participaron en el primer regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, el 17 de noviembre de 1972. "Militar significaba pegar carteles, repartir panfletos en la facultad, reivindicar a Perón y simpatizar con Montoneros. Eso hacíamos". Flores y Kirchner tenían sus familias en Río Gallegos y la última vez que se encontraron en La Plata fue durante la larga caminata a Ezeiza del 20 de junio de 1973. Ese mismo día, Kirchner se abrió de la militancia activa tal vez por temor, como otros tantos compañeros, luego de los intensos tiroteos cruzados entre los grupos de la derecha peronista y los Montoneros. Néstor Kirchner continuó sus estudios, mantuvo relaciones de amistad con compañeros de la FURN, muchos de ellos asesinados antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976.

 

En octubre de 1976, Rafael Flores sentía que le seguían los pasos. La Triple A lo había señalado como un blanco seguro junto a Federico Storani, Domingo Altonada y Daniel Vineda. Los últimos dos fueron secuestrados y asesinados. Federico Storani se convirtió en un importante dirigente radical. Flores buscó refugio en su ciudad natal.

 

Durante la dictadura, en Río Gallegos, Rafael Flores retomó el contacto con Kirchner, que se desempeñaba en el estudio jurídico de Ortiz de Zárate, quien no sentía conflictos éticos por defender a un represor como el 2° jefe de la policía local, de apellido González Ruoco, acusado de múltiples violaciones a mujeres.

 

A Kirchner esos casos no le interesaban, lo suyo era acumular pagarés y dedicarse a las cobranzas. En esa época en que los créditos para comprar electrodomésticos eran habituales, dedicarse a esa rama del derecho resultaba muy redituable porque los militares eran muy drásticos con los deudores. Néstor llevaba una libretita donde anotaba los nombres de los insolventes y guardaba los pagarés que no devolvía, según Flores, cuando la deuda estaba saldada. De esta forma, luego de un tiempo prudencial, ejecutaba el pagaré quedándose con las propiedades de los que no habían pagado sus deudas. En sus comienzos como político, Néstor Kirchner sufrió un atentado. Una bomba explotó en su estudio jurídico. Según la historia oficial expresada en las obras de los periodistas Sandra Russo y Gabriel Pandolfo, el ejecutor del atentado había sido un jefe de la policía local.

 

Sin embargo, en Santa Cruz, se cuenta otra historia. Rafael Flores abona la hipótesis de que la bomba la habría puesto un cliente que no soportó pagar sus deudas dos veces, un hombre que estaba harto de las múltiples estafas efectuadas por el abogado Kirchner.

 

En una oportunidad, Flores, al salir de un juzgado, le preguntó a Cristina cómo se animaban a actuar de esa forma: "Para hacer política se necesita platita" fue la respuesta de quien veinticinco años después llegaría al sillón de Rivadavia.

 

Flores concluye indignado que decir, como lo hizo Kirchner, que estuvo preso durante la dictadura, refiriéndose por ello a las tres noches en que leyeron algunos libros y respondieron un par de preguntas, "Es una falta de respeto a los que realmente sufrieron esos años".

 

 

 

 

"Si te ponés a pensar, tomaron como propio el proyecto de Adolfo Rodríguez Saá", confiesa un funcionario del gobierno de Néstor Kirchner. Durante la semana en que el puntano fue presidente, recibió a las Madres de Plaza de Mayo. A su vez, el periodista Horacio Verbitsky estaba embelesado con el hombre que había dicho en un Congreso Nacional eufórico que no pagaría la deuda externa. "Voy a entrar a la Casa Rosada con las Madres de Plaza de Mayo", decía Rodríguez Saá, que había tomado el gobierno en uno de los peores momentos del país. Hizo estas declaraciones creyendo que era dueño de más poder del que realmente tenía. Pero, muy pronto, su propio partido lo aisló y se lo sacó de encima, ofuscado por los planes del gobernador de San Luis que quería eternizarse en el poder.

 

Cuando le llegó el turno, Néstor Kirchner recogió la enseñanza del caudillo, aprovechando también los vientos de cambio que habían significado el "que se vayan todos", el corralito a la clase media y los cánticos de "piquete y cacerola, la lucha es una sola".

 

La sociedad necesitaba encontrar una salida y confiar en alguien. Kirchnere representaba la única opción renovadora ante el temor de regresar al menemismo o a la ortodoxia económica representada por Ricardo López Murphy, quien amenazaba con ingresar al ballotage. Finalmente, Carlos Menem se bajó de la segunda vuelta y Kirchner asumió la presidencia con un memorable discurso en el acto de asunción. Su gobierno era débil. Era necesaria una rápida cooptación de dirigentes opositores, periodistas, organizaciones sociales y de derechos humanos. Había que juntar poder. Los argumentos de su jefe de Gabinete, Alberto Fernández, eran seductores. Muchos creyeron en las convicciones esbozadas por el nuevo gobierno que venía a patear el tablero, a poner "traje a rayas a los evasores" y a encarcelar a los corruptos. El partido que encarnaba la lucha contra la corrupción, el ARI, comenzó entonces una declinación que aún no ha concluido. Algunos de sus principales dirigentes, como Graciela Ocaña, pasaron a formar parte del oficialismo. Elisa Carrió recuerda que recibió un llamado de parte de Sergio Acevedo, quien la invitaba a dialogar con Néstor Kirchner, pues "o te mudás al gobierno o te aniquilan". Según Carrió su respuesta fue: "Linyera sí, pero nunca aniquilada". Pero la llamada transversalidad, la fuerza del discurso que impulsaba medidas emblemáticas para reparar tantos años de injusticias, captaron la atención de la sociedad y disolvieron el espíritu crítico del llamado "progresismo", de los que necesitaban creer en alguien luego de los largos años de frustraciones y engaños del menemismo y la trunca experiencia del Frepaso.

 

Las sesiones del Congreso de agosto de 2003 resultaron inolvidables. Casi por casualidad, el oficialismo entendió la conveniencia de embanderarse con los derechos humanos. Los diputados del Frente para la Victoria no querían declarar la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. No daban quórum y preferían hablar de la "inaplicabilidad" de las leyes de Alfonsín. Ese martes 12 de agosto, Patricia Walsh pidió una sesión especial. Eran los tiempos en que el juez Baltasar Garzón venía a la Argentina a enjuiciar a los genocidas argentinos. Diputados como Marcela Rodríguez, Walsh y algunos más corrían a Kirchner por izquierda. Por razones tácticas, el Gobierno se vio obligado a aceptar la propuesta opositora. Sin embargo, evitó tocar y mencionar los decretos firmados en la última semana de 1989 por Carlos Menem. En ese momento, con una amplia mayoría ciudadana que respaldaba la decisión del Congreso de revisar los crímenes del pasado, el Gobierno se dio cuenta de que un cambio radical en la política de derechos humanos podría servirle para tapar muchas cosas. Los derechos humanos serían su escudo protector. Las fuentes consultadas mencionan a Alberto Fernández como el gestor principal en la tarea de convencer o cooptar voluntades. Sin embargo, en relación con los organismos de derechos humanos, la verdadera gestora fue la diputada Vilma Ibarra, quien tenía una excelente relación con Hebe y Estela.

 

Año a año, en el Congreso comenzaron a aprobarse subsidios por suculentas sumas de dinero destinados a los organismos de derechos humanos. Casi ningún opositor cuestionaba este accionar. Se consideraba que la luna de miel entre la ciudadanía y Kirchner debía respetarse.