Apuran cambios para que sea más difícil destituir intendentes .
El kirchnerismo buscará convertir en ley esas modificaciones en las próximas semanas
LA CÁMARA DE DIPUTADOS SANCIONARÍA ANTES DE FIN DE MES LA LEY QUE ENDURECE LAS EXIGENCIAS PARA QUE UN INTENDENTE SEA REMOVIDO DEL CARGO
Mientras la Suprema Corte bonaerense se apresta a definir la situación del intendente de Necochea, Horacio Tellechea, quien busca que la Justicia deje sin efecto su destitución, dispuesta por el Concejo Deliberante de esa ciudad, en la Legislatura el kirchnerismo buscará avanzar en las próximas semanas con la sanción de un proyecto de ley que modifica y endurece el mecanismo vigente para la separación del cargo de los jefes comunales.
Voceros del oficialismo que admitieron esa avanzada destacaron que ya hay acuerdo para que la iniciativa, que fue aprobada por el Senado a fines del año pasado, sea sancionada en la Cámara de Diputados en un plazo que no se extenderá más allá de abril.
«La idea es votarlo en la próxima sesión. Si no se puede, será la otra, pero no pasará de allí», detallaron cerca de los bloques del Frente para la Victoria.
Desde su origen, la iniciativa estuvo directamente vinculada al caso Tellechea, el intendente kirchnerista de Necochea que el pasado 8 de febrero fue destituido por el voto de la mayoría del Concejo Deliberante. Es que el proyecto fue anunciado por sus impulsores, la titular del bloque de senadores del FpV Cristina Fioramonti y los legisladores oficialistas Fabio Sorchilli y Luciano Martini el año pasado, en el marco de una visita a ese distrito como muestra de apoyo al jefe comunal, que en ese entonces comenzaba a ser investigado en el Concejo por su responsabilidad en la presunta compra irregular de equipamiento para el hospital local por dos millones de pesos.
OBJETIVOS
En líneas generales, la norma en proceso apunta a redefinir las causales por las cuales se puede disponer la destitución de los intendentes y otorgar herramientas para propiciar condiciones de «resguardo institucional».
Al impulsarla, Fioramonti dijo que «el régimen vigente ha permitido la destitución de muchos funcionarios que a la larga fueron nuevamente elegidos para ocupar cargos representativos mediante el voto de la comunidad, lo que muestra a las claras que la medida de destitución se ha tornado un instrumento que muchas veces resguarda el interés de unos pocos y que atenta contra la voluntad del pueblo».
«Ante la inconsistencia de las causales vigentes, este proyecto se propone delinear con mayor exactitud las cuestiones que pueden llevar al intendente a ser juzgado por el Concejo Deliberante» justificó la legisladora peronista.
LAS NUEVAS CONDICIONES
En ese sentido, Fioramonti explicó que se proponen como causales el incumplimiento reiterado de obligaciones legales del jefe comunal; negligencias graves y reiteradas que, en el ejercicio de sus funciones, importen gravedad institucional y resulten lesivas al interés patrimonial del municipio; y la negación injustificada a que le sean practicados controles médicos que determinen su capacidad laboral, cuando existan indicios de incapacidad física o mental sobreviniente.
Asimismo, la senadora varelense adelantó que «el proyecto propone para la suspensión preventiva que el voto de los concejales sea nominal, refuerza la idea de que debe existir gravedad institucional, la conducta lesiva debe ser directa del intendente y fundamentalmente que la medida debe ser de interpretación restrictiva y fundada».
La iniciativa explicita, además, que la suspensión preventiva que el Concejo imponga al intendente no podrá mantenerse más allá de los «noventa días corridos»; y que dentro de ese plazo, el Concejo deberá dictar resolución definitiva, o de lo contrario «el Intendente recuperará de hecho el pleno ejercicio de sus facultades»
En tanto la instancia de revisión judicial, Fioramonti explicó que «está prevista en el artículo 196 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires»; y que la modificación realizada extiende el plazo de los 5 días que prevé el texto actual a 10 días, «lo que parece apropiado para que el Intendente sancionado pueda ejercer su derecho de defensa».
EL DIA