“El Poder Judicial es un poder político”
En una entrevista exclusiva brindada a LANUEVACOMUNA.COM, el juez necochense Mario Juliano habló sobre el problema de la superpoblación carcelaria y la polémica desatada al reflotar la idea de la conmutación de penas, algo previsto constitucionalmente. Juliano, además, realizó además una crítica estructural al sistema penal vigente y a las políticas de seguridad que nuestro país llevó a cabo en las últimas décadas.
Juliano forma parte y es Director Ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal, una entidad “integrada por operadores del sistema penal: fiscales, jueces, defensores y estudiantes y docentes de Derecho” que se identifican con “una visión crítica del fenómeno penal”.
“La conmutación de penas no es una propuesta exótica, es un mecanismo constitucional”
La provincia de Buenos Aires experimenta actualmente un récord histórico de encarcelamiento que llega a la suma de 33.166 detenidos sobre una capacidad de 18.000 plazas reconocidas por el Servicio Penitenciario. Esta situación de hacinamiento redunda en cada vez peores condiciones de vida para los carcelarios.
“Estamos dándole a las personas el trato que seguramente ni a los animales le daríamos. No existe delito, por más grave que sea, que justifique que tratemos a un individuo de un modo cruel, inhumano y degradante”, afirmó el juez.
Asimismo, aclaró que “la conmutación de penas no es un capricho que se nos ocurrió a nosotros sino que es un mecanismo que está previsto en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y que consiste en dar por terminadas ciertas pagas en ciertos delitos”.
Dicha conmutación sería aplicable a determinadas categorías, dentro de las cuales se encuentran “los condenados que se encuentran en paz de confianza haciendo salidas diarias del establecimiento y que regresan solamente para dormir; los condenados de más de 60 años; las mujeres condenadas que viven en las cárceles con sus hijos menores de edad; los extranjeros que hayan cumplido más de la mitad de la condena y se comprometan a abandonar el país; los imputados con penas de corta duración (menos de 3 años)”.
Ante la aparente sorpresa que la propuesta de Juliano causó en diferentes sectores políticos, el magistrado explicó: “no es una propuesta exótica. Es un mecanismo que utilizan habitualmente muchos países. En Estados Unidos en el año 2011 la Corte Federal le ordenó al estado de California que liberara 45.000 presos por razones de superpoblación. En 2012 Chile liberó 6.000 presos por la misma causa. El año pasado Ecuador y Bolivia hicieron lo mismo”.
“La vía del endurecimiento de las penas y el encarcelamiento indiscriminado no funciona”
Cuando de políticas de seguridad se trata, en nuestro país las soluciones propuestas por los sectores políticos dominantes se centran mayoritariamente en la construcción de más cárceles, el incremento de la estructura policial y el endurecimiento de las condenas dictadas por el Poder Judicial.
Para Mario Juliano, estas soluciones son “fórmulas repetidas que están absolutamente fracasadas y que no han arrojado resultados positivos”.
“La vía del endurecimiento de las penas, del encarcelamiento indiscriminado no funciona”, afirmó el juez, y argumentó que “hoy seguimos discutiendo la inseguridad en las grandes ciudades y nadie puede aducir que no hay penas graves y gente encarcelada”.
Preguntado sobre el peso que la opinión pública puede tener en las decisiones que los representantes políticos toman respecto de este tema, Juliano replicó: “es una categoría imaginaria que representamos de acuerdo a nuestros intereses”.
“Yo tengo mis dudas acerca de que la sociedad como conjunto esté pidiendo este tipo de soluciones. No niego que hay muchos ciudadanos que aún creen que la prisión es una solución, pero no es homogéneo. Hay muchas otras personas que estamos esperando del Estado otro tipo de respuestas que estas que venimos viendo desde hace años, que son enormemente costosas y que no tienen resultados”, explicó.
Asimismo, destacó que “tras el argumento del delito hay montada en la provincia de Buenos Aires una enorme industria y una enorme burocracia. Poder Judicial, Policía, Servicio Penitenciario, vendedores de alarmas y seguros, abogados. Es una enorme industria que mueve millones y millones de pesos”.
Para el juez, es necesario “desmontar esta estructura y destinar esta fortuna que nos cuesta a los bonaerenses mantener esta ficción a otro tipo de resultados”.
A la provincia de Buenos Aires le cuesta alrededor 11.000 pesos diarios mantener un preso encarcelado. “Si al 70% de las personas que están presas le damos la mitad de ese dinero probablemente no volvería a delinquir”, manifestó.
Juliano afirmó que el dinero que se destina a la industria del delito, a la construcción de cárceles, al incremento de efectivos policiales, a la proliferación de servicios de seguridad, podría ser redistribuido para generar las instancias de contención necesarias para evitar la reincidencia en la delincuencia. “El liberado tiene que ser acompañado pero hay que dotarlo además de otro tipo de recursos para que tenga oportunidades cuando regresa. La tiene muy difícil cuando vuelve a la sociedad porque es discriminado y a veces no le queda otro camino que regresar sobre sus propios pasos. Como sociedad tenemos que generar las posibilidades de reinserción”, expresó el magistrado.
“Esto forma parte si en algún momento estamos dispuestos a sincerar nuestros conflictos o si pretendemos seguir viviendo en una burbuja. Es una decisión que cada partido político, cada gobernante tendrá que hacer”, finalizó.
“El Poder Judicial es un poder político”
Juliano habló también sobre la necesidad de repensar estructuralmente la transformación a largo plazo de nuestras políticas de seguridad y de las instituciones que las sostienen, entre ellas, el Poder Judicial.
“El Poder Judicial es un poder político. Cada vez que nosotros damos un fallo estamos hablando del modelo de sociedad al cual adherimos”, afirmó el juez.
Explicó, además, que “el sistema penal está entrenado para llegar al delito más burdo, a los delincuentes fracasados, a los delitos sencillos que tienen soluciones mucho más dignificantes que la propia prisión”. Esto provoca que se encarcele sólo a determinado tipo de individuos que representan generalmente a los sectores más pobres y vulnerables de nuestra sociedad. Según palabras del magistrado, “esto es una clara demostración de una selección social. El sistema penal es por naturaleza selectivo, difícilmente llega a la delincuencia económica o a la delincuencia de cuello blanco”.
“El Poder Judicial es un reducto aristocrático captado por un gremio que más que gremio ha actuado como una logia y que ha impedido el acceso de los ciudadanos a la administración de la Justicia a través del juicio por jurados”.
La antidemocrática forma en la que está organizado el Poder Judicial expresaría entonces, para Juliano, un modelo antidemocrático de sociedad, cuya contraparte sería el modelo escandinavo, donde “lo que se propone naturalmente es que exista la menor cantidad de presos posibles y que la cárcel sea para aquellos casos donde la sociedad no encuentra otra respuesta que no sea la prisión”.