Voracidad sin límites
Un escándalo se ha desatado en nuestro distrito luego de que el Gerente General de la empresa de Transportes Necochea S.A. anunciara públicamente la elaboración de una demanda judicial al Municipio en base a un desacuerdo con el cuadro tarifario votado por el Honorable Concejo Deliberante.
Cabe recordar que en el mes de Diciembre del año pasado el órgano legislativo local aprobó una ordenanza en la que se elevaba el boleto plano de $4 a $5 y se sancionaba la gratuidad del boleto primario como primer paso en el camino de hacer tangible la reivindicación por un boleto educativo gratuito en Necochea y Quequén.
Dicha gratuidad había sido propuesta por el propio Sarratea en reuniones previas. Sin embargo, según dictaron fuentes de la Municipalidad, en ese momento el empresario firmó en disconformidad el proyecto de ordenanza que luego encontró su cauce en el HCD.
No obstante, Sarratea prefirió esperar 3 meses para soltar la bomba y afirmar públicamente que, en medio del inicio de las clases, las empresas de transporte de nuestras localidades no sólo no respetarán lo sancionado (cobrando actualmente el boleto primario a $0.50) sino que además llevarán adelante una demanda judicial contra el Municipio.
Habiendo tenido el tiempo suficiente para expresar su disconformidad por los canales institucionales correspondientes ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué el empresario no buscó el diálogo y el consenso y optó por provocar semejante problema a días del comienzo del ciclo lectivo?
Subsidios millonarios y ahora…el Fondo Educativo
Las empresas Transportes Necochea S.A. y Nueva Pompeya S.R.L. reciben mensual y anualmente millonarios subsidios por parte del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, datos que son incluso completamente públicos a través de la página web del mencionado órgano de gobierno.
Sin embargo, estos millonarios montos de dinero parecen no bastarle a los empresarios locales, quienes ahora juegan con la posibilidad de destinar una parte del Fondo de Finaciamiento Educativo (proveniente del Ministerio de Educación) a la implementación del boleto educativo en nuestro distrito.
Dicha posibilidad fue abierta por los concejales a la hora del debate sobre cómo atender este reclamo del movimiento estudiantil y de la comunidad educativa en general. No obstante, el Fondo Educativo debe atender al mismo tiempo otra múltiples necesidades que poseen las escuelas de nuestro distrito, que abarcan desde problemas edilicios y de infraestructura, pasando por el pago de sueldos a docentes municipales y la compra de insumos.
En este enfrentamiento abierto que Sarratea eligió llevar adelante, evidentemente no se olvidó de aquellas palabras de los representantes legislativos. De lo que sí se olvidó, a todas luces, es de la responsabilidad social que a él y a su empresa también le caben por recibir subsidios por parte del Estado Nacional, que no son ni más ni menos que el dinero aportado por los propios ciudadanos contribuyentes a través del pago de sus impuestos.
De nuevo al principio
Reuniones, encuentros, movilizaciones, bancas abiertas…ningún argumento esgrimido durante todos estos meses parece haberle sido suficiente a Sarratea para entrar en razón.
Para implementar el boleto estudiantil gratuito en nuestro distrito hacen falta tan sólo $360.000 anuales, un monto sumamente ínfimo en comparación con los millones de pesos que manejan las empresas de transporte (y los millones que reciben, de nuevo, por parte del Estado).
Sin embargo, el empresario continúa hablando del aumento del boleto plano, presentando informes de costos extremadamente dudosos que sostienen, además, el funcionamiento de un servicio sin dudas deficiente y carente de muchos de los aspectos en los que en otros distritos se ha avanzado: implementación de tarjeta SUBE y mecanismos de mayor y mejor accesibilidad en las unidades, entre otros.
La discusión se ha encontrado de nuevo con una pared, y el grado mínimo de consenso alcanzado a fines del año pasado parece haber fracasado.
Será cuestión, de ahora en adelante, de volver a poner, desde los ámbitos de la sociedad civil y desde nuestros representantes políticos, los argumentos sobre la mesa y exigir que el sector privado clarifique de una vez por todas sus números.
Sarratea deberá explicar por qué decidió no sólo no respetar lo votado legalmente por el HCD, sino además no respetar a la población necochense, al ofrecerle y luego quitarle de lleno la posibilidad de dar un paso más en la construcción de una sociedad más inclusiva, donde nuestros chicos accedan libremente a uno de sus derechos fundamentales.
Johanna Radusky / LANUEVACOMUNA.COM