«Lo decidí porque el Estado me acompañó siempre»
En octubre de 1981, mientras permanecía secuestrado por la última dictadura militar, el empresario Eduardo Saiegh fue forzado a liquidar el Banco Latinoamericano, del cual era propietario. Los autores de la maniobra, según consta en las causas penales y comerciales, fueron el por entonces Ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, y su brazo ejecutor para estas cuestiones: el vicepresidente del Banco Central, Alejandro Reynal. El caso del despojo a Saiegh es relevante porque formará parte del debate sobre la desclasificación de las actas del proceso que presentará el actual titular del BCRA, Alejandro Vanoli, y que darán cuenta de la colaboración empresaria y del sector financiero con el plan económico de las Fuerzas Armadas.
El empresario en cuestión anunció que donará al Estado casi la totalidad de la indemnización que obtenga en el juicio. «Lo decidí porque el Estado me acompañó siempre, incluso como co-querellante, y en apoyo a la gestión de este gobierno», detalló Saiegh.
El monto que donará es de U$S 100 millones, sobre un total de U$S 120 millones. «Hay que pagar abogados con el resto», cuenta sobre el cálculo indemnizatorio que hicieron los peritos. «Mi caso es un caso testigo, porque muestra cómo operaban en aquel entonces el Ministerio de Economía y sus brazos operativos, como el Banco Central», detalló el ex propietario del BL, y recordó que «en mi historia estaba en juego además la adquisición de la empresa Austral».
Más de 100 casos denunciados
Muchos son los casos de empresarios que padecieron en carne propia el azote de los militares. De acuerdo a los últimos datos disponibles de la Oficina de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores (CNV), los escuadrones represivos que comandaba Martínez de Hoz secuestraron a 143 empresarios entre los años 1976 y 1983, once de los cuales aún permanecen desaparecidos.
Como el caso Saiegh, hay muchos ejemplos: entre los más conocidos resaltan el de la familia Graiver, recordado por la sustracción a sangre y fuego de Papel Prensa, luego entregado a Clarín y La Nación; o el de los hermanos Iaccarino, de la Industria Láctea Santiagueña. Otros de los perseguidos fueron Equinoquímica SA, Cambio América, Banco de Hurlingham, Casa de Cambio Brasilia, Finsur SA, e Industrias Siderúrgicas Grassi.
El mecanismo de pase de información respecto a empresarios nacionales incluía a casi todos los organismos y brazos económicos del ministerio que conducía Martínez de Hoz. El objetivo, con posterioridad a los secuestros, era quebrar y forzar la liquidación de las compañías, para entregar esos bienes a otros empresarios cercanos al poder. Desde organismos oficiales aseguran que ese esquema de policía económica, con el tiempo, se reinsertó en empresas privadas.