El jardinero que se convirtió en empresario
El entramado empresarial y financiero de la cadena de panaderías CEPAN sorprende cada día más. Ahora se conocieron informaciones e imágenes de testaferros utilizados por los verdaderos dueños para evadir olímpicamente sus responsabilidades legales. Los pobres utilizados nuevamente para maniobras fraudulentas por parte de ciudadanos de apellidos ilustres.
A casi dos meses de iniciado el conflicto en la empresa ex CEPAN que dejó en vilo a 18 familias, existen casi nulos avances en la clarificación pública de los balances financieros que guiaron a los empresarios en su intención de declarar la quiebra.
Sin embargo, dicha intención se vio parcialmente truncada, debido probablemente al temor de la patronal a que se avance demasiado en la dilucidación de quiénes, cómo, cuánto y por qué.
Hace algunos días, la documentación obtenida a partir de la investigación realizada por organismos del Estado dejó entrever el confuso entramado empresarial que compone el emprendimiento. Según la documentación signada en junio de 2014, varios apellidos ilustres aparecen ligados a la empresa Bread Shop: Hugo Francisco Eguren, su esposa Nilda Ethel Arnalot, Aníbal Carlos Prado, Pablo Guillermo Márquez, Luis Marcelo Despósito, Paula Elisabeth Barredo, Francisco Javier Eguren, el ex automovilista Juan Antonio De Benedictis, María Susana Eguren, y el contador Rubén Abel Arrate.
Como ya había informado este medio, CEPAN consiste en un nombre de fantasía que esconde tres razones sociales diferentes: Bread Shop S.A., Eguren, María Virgina y Lapolla, Héctor.
Este último, al no presentarse a las audiencias correspondientes ante la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, fue llevado por medio de la fuerza pública a prestar su declaración.
La sorpresa ocurrió cuando el propio Lapolla confesó ser el «jardinero» de Luis Eguren, uno de los socios mayoritarios de la empresa.
Al parecer, cada paso que se da en la investigación arroja nuevas sombras sobre esta red de empresarios, sospechados de tener vínculos con el negocio de los préstamos y el lavado de dinero, y completamente responsables de mantener a sus trabajadores en pésimas condiciones de contratación y de seguridad e higiene laboral.
Mientras tanto, los ex empleados de la panificadora persisten en su objetivo de conformarse como empresa recuperada. Recientemente, lograron la inscripción de la «Cooperativa La Uníón», el nuevo nombre que deja atrás años de irresponsabilidad y negligencia y abre paso a una nueva etapa de creación y esperanza colectiva.
En definitiva: la actitud de los «empresarios ilustres», detestable. La decisión de los trabajadores organizados, admirable.
Johanna Radusky – Alfredo Barros / LANUEVACOMUNA.COM
