Los gases lacrimógenos son comúnmente utilizados por las fuerzas de seguridad para dispersar manifestaciones, pero su uso indebido puede tener consecuencias graves e incluso mortales. Un cartucho de gas lacrimógeno, fabricado con acero o aluminio, posee un gran calibre y una estructura similar a la de una bala convencional: un casquillo que explota, generando una combustión que impulsa el proyectil a gran velocidad y a una distancia considerable. Si bien su diseño está pensado para ser disparado en un ángulo elevado, permitiendo que el cartucho caiga y disperse el gas sin impacto directo, su uso en línea recta o a corta distancia convierte el dispositivo en un proyectil letal.
Amnistía Internacional ha reiterado que disparar estas armas de forma horizontal contraviene los protocolos internacionales y multiplica el riesgo de lesiones graves. En un video didáctico, la organización explica que los lanzamientos deben realizarse con una parábola, asegurando que el gas se propague sin golpear directamente a las personas. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, fuerzas de seguridad de distintos países han incumplido estas normas, causando heridas irreversibles en manifestantes.
Ayer, en Buenos Aires, frente al Congreso Nacional, Pablo Grillo, un fotógrafo de 35 años, recibió el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno en la cabeza mientras cubría una protesta de jubilados. El proyectil lo golpeó de lleno, provocándole una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. El momento quedó registrado en video: se lo ve agachado tomando fotografías cuando el cartucho disparado a corta distancia lo derriba brutalmente. Ahora lucha por su vida en el Hospital Ramos Mejía, donde fue sometido a una cirugía de urgencia.
Este no es un caso aislado. En Ecuador, durante las protestas de 2022, un manifestante indígena perdió la vida tras recibir un impacto similar en la cabeza. En Colombia, en 2021, se documentó el uso de lanzagranadas Venom para dispersar multitudes, aumentando el riesgo de consecuencias fatales.
Los organismos de derechos humanos sostienen que todas las fuerzas de seguridad reciben formación sobre el uso correcto de estos dispositivos, lo que refuerza la responsabilidad directa de los agentes que los emplean de manera indebida. Cuando un cartucho de gas lacrimógeno se dispara de forma horizontal, no se trata de un error o un mal cálculo, sino de un acto represivo con potencial homicida. La necesidad de revisar y limitar estas prácticas es urgente para evitar que la represión se transforme en una sentencia de muerte.
La Nueva Comuna
