Verónica Magario sobre el amparo antitarifazo: «recurrimos a la Justicia porque hay un Estado ausente”
La intendenta se refirió a la medida judicial que impulsa junto a sus pares peronistas y un grupo de instituciones, como la Defensoría del Pueblo bonaerense. “Necesitamos detener estos tarifazos y que la Gobernadora Vidal se haga cargo de los aumentos que se vienen produciendo”, expresó la Intendenta.
Tras la presentación pública que encabezaron los intendentes del PJ bonaerense y un grupo de instituciones para anunciar el impulso a un amparo colectivo contra los tarifazos, este lunes, la iniciativa fue presentada formalmente ante la Justicia.
Así lo confirmó el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), la ONG que aportó los argumentos técnicos a la presentación judicial y que ya cuenta con un antecedente positivo.
En ese marco, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, planteó que los alcaldes peronistas resolvieron recurrir a la Justicia “porque hay un Estado ausente”.
“Este es un pedido a la Justicia, nuevamente, de amparo. Nos hemos juntado las instituciones defensoras de los consumidores y los intendentes de la Provincia, además de legisladores, preocupados porque las tarifas son impagables. En 2015, representaban el cinco o seis por ciento de los ingresos de las familias pero, hoy, ya se destina un 26 por ciento de los salarios para pagar las boletas”, alegó.
“Necesitamos detener estos tarifazos y que la Gobernadora Vidal se haga cargo de los aumentos que se vienen produciendo. Lo que buscamos los intendentes es proteger a los bonaerenses de este ajuste permanente que ahoga los salarios y no los deja vivir tranquilos”, agregó.
Además, la jefa comunal matancera recordó que, este año, el Gobierno nacional trasladó el costo de la tarifa social de los servicios públicos a la Provincia y que, a su vez, el Ejecutivo bonaerense fijó topes a esas partidas. En ese sentido, lo que estipula el Presupuesto aprobado en territorio bonaerense es que habrá fondos fijos para costear la tarifa social: serán 2.250 millones de pesos para el transporte, 8.000 millones de pesos para electricidad y 742 millones de pesos para AySA. Si la demanda de tarifa social sube, o los aumentos tarifarios hacen que esos costos sean insuficientes, los gobiernos municipales deberán afrontar el resto.
“El Gobierno nacional no va a hacerse cargo y en su presupuesto, la Provincia se lo ha traspasado a los municipios, con lo cual, las familias se van a quedar sin tarifa social o nos vamos a tener que hacer cargo los municipios y eso va a implicar un aumento de impuestos a la gente”, advirtió Magario.
INFO GEI
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